Negros nubarrones oscurecen el proceso electoral en Guerrero, luego del crimen del exalcalde Atlixtac y su esposa, Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano, quienes en base al trabajo lograron tener una amplia presencia política en la región y se alistaban para participar en las elecciones.
Es difícil creer que se dará con los culpables de este doble crimen, con una Fiscalía General del Estado con nulos resultados, de cuya titular se rumora desde hace meses su salida, ante los múltiples conflictos de su gestión.
Por eso esta agresión a dos militantes del PRD en Guerrero, prende las alertas de cara al proceso electoral.
Será vital que la autoridad electoral trace una ruta de riesgo y el gobierno federal y estatal, garantizen la seguridad de las y los candidatos y de los ciudadanos en el proceso electoral, lo que menos necesitamos es un clima de miedo e inestabilidad.
Lo grave es que el gabinete de seguridad en Guerrero no ha presentado una estrategia ni las acciones que garanticen la integridad de quienes van a contender por los cargos de elección popular.
Incluso los dirigentes de los partidos políticos ponen en duda su participación en amplias regiones del estado, por el riesgo que se corre.
Otro factor de incertidumbre, es la crisis que vive el IEPC-Guerrero ante la asfixia financiera en que lo ha sumido el gobierno estatal desde hace meses.
Se ha afectado a los trabajadores de los institutos políticos con el impago de sus salarios y aguinaldos, lo que los ha llevado a movilizarse y realizar bloqueos. Algo nunca visto.
Fueron muy poco empáticas las declaraciones del secretario de Gobierno, quien instó al IEPC a apretarse aún más el cinturón, cuando su titular dijo que por la falta de recursos dejarían de operar en febrero.
Esta estrategia de ahogamiento a los Oples, se repite en otras entidades. Veremos si la Corte, luego de recibir la querella del IEPC-Guerrero, pone las cosas en su lugar y le da certeza a la elección.
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