Por Julio Zenón Flores Salgado
La ambición desmedida, y la desfachatez en el uso de términos
políticos para su beneficio personal, de un grupo de regidores priistas, una más
del PRD y otro de Morena, del cabildo de Chilpancingo quedaron al descubierto y
por fortuna frenadas y exhibidas este viernes durante la sesión del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero (TEEG).
Resulta que ediles de la capital guerrerense, encabezados
por la perredista y extrabajadora de Antonio Gaspar Beltrán, María de los
Ángeles Vázquez Pastor, además de los priístas Antonio Guzmán Ruiz, Inés
Camarillo Balcázar y Guadalupe Aguilar Alcocer, así como el morenista Iván
Galindez Díaz, iniciaron un juicio en contra del Ayuntamiento que encabeza la
morenista Norma Otilia Hernández, mediante el cual solicitaban que se les otorgaran
bonos, compensaciones y estímulos de fin de año.
Los regidores pretendieron hacerse pasar por humildes
trabajadores, a pesar de que ganan en total alrededor de 110 mil pesos cada
mes, ya que reciben 30 mil 572 pesos con 76 centavos de salario, pero además,
perciben 49 mil 606. 60 pesos por concepto de compensación, más 20 mil pesos de
compensación extraordinaria y todavía 10 mil pesos de apoyo para pago de su
personal de lista de ralla, todo eso de manera mensual y aún así demandaron bonos,
compensaciones y estímulos de fin de año, sólo les faltó demandar el registro
de su sindicato y sus vacaciones pagadas.
Aunado a eso, los angelitos, plantearon que todo lo exigido se les pagara con retroactivo desde el año 2021 en que entraron en funciones.
Ni más ni menos.
Por fortuna, los magistrados del TEEG, al recibir la
petición consideraron que no hay obligación del Ayuntamiento de pagar
compensaciones extraordinarias ni bonos como ellos lo demandaban.
Pero como estos ediles no iban a renunciar fácilmente al
bocado que se querían comer del presupuesto municipal, recurrieron a un nuevo
intento leguleyo: que la regidora (cercana a Antonio Gaspar) María de los
Ángeles Vázquez Pastor, junto con Guadalupe Aguilar e Inés Camarillo, volvieran
a la carga ante los tribunales esta vez tirándose al piso como víctimas de
violencia política en razón de género, ya que son mujeres y recibieron duras
críticas en redes sociales y medios de comunicación, por lo cual creyeron que
podían aprovechar el viaje y sacar raja a lo que está en boga.
Ante eso, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero declaró inexistentes los presuntos actos de violencia política en
razón de género que denunciaron las mencionadas regidoras María de los Ángeles
Vázquez Pastor, Guadalupe Aguilar Alcocer e Inés Camarillo Balcázar, quienes
promovieron un procedimiento especial sancionador en contra de cuatro
servidores públicos del ayuntamiento, argumentando que les redujeron el salario.
Fue así que en la Vigésima Quinta Sesión Pública, la
magistrada Evelyn Rodríguez Xinol presentó el proyecto de resolución sobre el
procedimiento especial sancionador interpuesto por las regidoras del
Ayuntamiento de Chilpancingo, por lo que el pleno concluyó que son inexistentes
los actos de violencia política de género denunciados, dando este asunto como
concluido.
En su querella, la regidora perredista y cercana al
exalcalde Antonio Gaspar Beltran, María de los Ángeles Vázquez Pastor, las
priistas Guadalupe Aguilar Alcocer e Inés Camarillo Balcazar, expusieron que
sufrieron violencia de género por la supuesta reducción de salarios, ataques en
redes sociales y sesiones de cabildo.
Sin embargo, luego del análisis de las pruebas y del estudio
de las conductas denunciadas no se acreditaron los elementos de violencia
política de género, "pues se constató que no hubo reducción de salarios a
las regidoras ni se usó en su contra un lenguaje sexista o denigrante",
resolvieron los magistrados.
De tal manera pues, que este es el segundo revés para las
regidoras que, ya que primero, el TEEG les declaró infundado el juicio
electoral promovido por los regidores encabezados por la perredista y
extrabajadora de Antonio Gaspar Beltrán, María de los Ángeles, junto con los tres
priístas y el morenista Galindez Díaz, ya mencionados mediante el cual
solicitaban que el ayuntamiento de Chilpancingo les otorgara bonos,
compensaciones y estímulos de fin de año y ahora, en este segundo round, tampoco
pasó la acusación de violencia política en razón de género, de parte de las
ediles de marras.
Por el contrario, los magistrados del TEEG señalaron que en
su calidad de regidores les han pagado de manera puntual sus salarios por lo
que se declara infundado el juicio ciudadano.
Valdría la pena analizar si, aprovechando el viaje, se
hiciera una consulta popular para ver si el pueblo y los diputados locales,
avalan que además de su sueldo, los ediles deban de recibir los apoyos
económicos extras, que representan una importante sangría para el erario y que
bien pudieran ser usados para atender los muchos problemas que existen por los
deficientes servicios públicos locales.
¿No cree usted?
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