Por Julio Zenón Flores
La SCJN admitió la solicitud de amparo promovida por el INE y concedió la suspensión indefinida de la reforma aprobada por Morena y sus aliados que se excedía en las funciones del Legislativo.
Un comunicado expedido este viernes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da a conocer que esta instancia máxima de justicia mexicana, admitió la solicitud de controversia constitucional solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y a la vez otorgó la suspensión para mientras dure el juicio las normas aprobadas por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, queden sin efecto, pues "se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía".
En ese contexto, el ministro ponente Javier Laynes Potisek, explicó en el comunicado que se concede suspensión indefinida de todos los artículos impugnados, por lo que las cosas se mantengan en el estado en que hoy se encuentran "y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma", con el argumento de que lo aprobado por los legisladores no solo modifica la norma abstracta, sino que incluye actos concretos de aplicación "sobre los cuales la suspensión generalmente se concede".
Cabe recordar que la reforma electoral aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados incluye el despido inmediato del coordinador de asesores del INE, con un artículo transitorio que obliga a dejarlo fuera del órgano electoral, el cual fue impugnado directamente por el afectado; además de ello, se ha señalado que las medidas aprobadas implican el despido de 6 mil empleados del Servicio Profesional (aunque el titular de SEGOB, Adán Augusto López aclaró que los despedidos serán solo mil 264 y el resto será reubicado) Electoral, que son los encargados de organizar en territorio la elección, entre otras cosas, de insacular y capacitar a los funcionarios de casillas, se dejarían de pagar todas las rentas de oficinas del INE donde se tramitan las credenciales de elector, y desaparecerán más de 200 juntas distritales electorales en el país, lo que en opinión de consejeros electorales, significa afectar la organización de las elecciones del próximo 2024 y las mismas del 2023, que son las de los estados de México y Coahuila.
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