TRASFONDO
Por Julio Zenón Flores Salgado
La información sobre el fuego que se venía contra la
presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso de
Guerrero, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, se tuvo una semana antes de la
toma de palacio legislativo por un sindicato de reciente creación que apenas
cuenta con el 10 % del total de los trabajadores, pese a que existe otro, el
del SUSPEG, que mantiene al restante 90 por ciento afiliado a sus filas.
En una pequeña reunión realizada en el fraccionamiento Costa
Azul, de Acapulco, los participantes hablaron de mensajes interceptados de las
aplicaciones de mensajería instantánea, de diputados morenistas y otros personajes
del mismo partido, que tramaban crearle algún tipo de conflicto, no se habló en
esa reunión privada de el paro que estaba por venir.
-Es fuego amigo- dijo uno de los participantes.
-El gobierno federal ya está informado, pero lo ve como un
conflicto de baja intensidad-, dijo otro de los participantes, dando a entender
que no intervendrían. Finalmente, la no intervención fue real solo en parte,
pues aunque ningún funcionario de las áreas políticas ha asomado para frenar el
ahondamiento del conflicto que mantiene al palacio legislativo cerrado, con sus
actividades paralizadas, como parte de una división de los propios morenistas,
más profunda de los que parece, pero, si dio la cara el presidente del partido
guinda, para mandar el mensaje de que la diputada Yoloczin no está sola.
Y no puede estarlo. Es secreto a voces que Domínguez
Serna mantiene una comunicación bastante fluida con la gobernadora Evelyn
Salgado Pineda, quien, por su parte, tiene a su vez una evidente cercanía con
el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual, los ataques a la presidenta
de la Jucopo, pueden interpretarse como un ataque a la jefa del ejecutivo
estatal. Y no es descabellada la suposición si nos atenemos a los hechos.
La conformación de un sindicato paralelo dentro del congreso
de Guerrero, que cuenta con 600 trabajadores, en números redondos, de los
cuales unos 60 se afiliaron al nuevo organismo gremial, se da en el periodo en
que al frente de la Jucopo estaba el diputado, también Morenista, Alfredo
Sánchez Esquivel, y ocurre en el contexto de un jaloneo interno, porque algunos
legisladores de la fracción (3 de 22) se negaban a que el representante de los
grupos indígenas de Guerrero (su diputación es plurinominal y la adquirió como
acción afirmativa para darle espacios a los indígenas, aunque estaba siendo
impugnado por un piel blanca y sus ojos azules) dejara la presidencia del
partido y rechazaban el arribo a esa posición de Yoloczin Domínguez, quien
tenía la solidaridad de la mayoría: 18 de los 22 de la fracción de Morena): en
ese escenario nace el nuevo Sindicato Sentimientos de la Nación de Trabajadores
del Poder Legislativo, en oposición al SUSPEG, que tenía la mayoría, pero que
en vez de confrontarse con sus pares gremiales, sus primeros pronunciamientos
son en contra de la diputada que recién ocupaba la Jucopo.
Visto en perspectiva, da la impresión de que el nuevo
sindicato tuvo un origen político y no gremial.
Otro hecho llama la atención: El nuevo sindicado no recurre
a las vías legales para plantear sus demandas que le llevan a tomar las
instalaciones y a paralizar el trabajo no solo legislativo, sino también
administrativo, que como se ve le va a costar caro en términos económicos a la
actual administración del palacio legislativo, pues por estar secuestradas las
computadoras y escritorios, se dejará de pagar a proveedores, que a su vez,
pueden exigir el pago de interés morosos, seguramente estipulados en los
contratos de prestación de servicios, lo cual finalmente va a desequilibrar las
finanzas del Congreso. Pese a ello, el nuevo sindicato no emplaza a huelga,
sólo se declara en paro, pero secuestran todo el inmueble y sus demandas sólo
se plantean ante los medios de comunicación, tratándose, además, de demandas
tan generales, que los funcionarios del palacio legislativo no podrían atender.
¿Qué demandan?: Freno al hostigamiento de parte de la
presidenta de a Jucopo, sin hablar de nada en concreto; libertad sindical, que
escapa a las atribuciones del Congreso y que no hay manera concreta de
resolverla, pues no exhiben ningún ataque a esa libertad demandada.
Pero lo que más llama la atención es que no han solicitado ninguna
mesa de trabajo o de acuerdos, para resolver sus “demandas”.
La impresión que queda es que se trata solo de golpear a la
diputada Yoloczin, de acorralarla, de impedir que se sigan tratando los
problemas legislativos pendientes y que se caigan las cifras de productividad,
que al final cae a lo mismo: desprestigiar a la legisladora, quizás con el fin
de frenar su carrera política.
Las razones de ese golpeteo político, más allá de un
conflicto gremial que se mira muy ficticio, puede ser la lucha por las
posiciones dentro del partido rumbo a las elecciones del 2024, pues se ha visto
apoyando con despensas y vituallas a dos legisladores de Morena que apoyan a
Marcelo Ebrard y se coordinan abiertamente con el empresario Luis Walton
Aburto, quien ha sido señalado de ser el responsable de la guerra sucia que se
desató contra el senador Félix Salgado Macedonio, durante su campaña por la
gubernatura, que se vio obligado a interrumpir, y quien a su vez mantiene una
gran cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, líder real del PRD, es
decir, de la oposición, mientras que Yoloczin se ha visto cercana tanto a la
gobernadora como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Mario Delgado, presidente nacional del Partido, parece
observar este fondo político, pues en sus declaraciones a medios de Guerrero,
al hablar del tema, se ha referido a la necesidad de anteponer la unidad, para
que las preferencias por uno u otro aspirante de los considerados como “corcholatas”,
Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto, no dividan al partido, a tal grado, que
obliguen a la dirigencia nacional a intervenir, como ya lo advirtió, según la
nota de Rosalba Ramírez, de El Sur, hasta con la expulsión del ex presidente de
la Jucopo, acusado por 383 mujeres de supuesta violencia de género contra la presidenta
del Congreso.
Por otro lado, está claro que, al no emplazar a huelga, el
paro del nuevo sindicato es ilegal y que por lo tanto la administración está en
libertad de imponer sanciones, que pueden ir desde descuentos de días no
laborados, hasta el despido justificado, llevándose así entre las patas a
trabajadores ingenuos, que creen aún en sus jefes políticos disfrazados de
sindicalistas.
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