Celestino Cesareo Guzmán
No son cambios menores. Se modifican 6 leyes: la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se reformaron 457 artículos en total. De la leyGeneral de instituciones y Procesos Electorales (que tiene 493 artículos) se modifican 315.
Desaparecen direcciones del Instituto Nacional Electoral (INE), suprimen la Junta Ejecutiva de dicho órgano constitucional autónomo, así como dar temporalidad a órganos electorales en las juntas distritales, para que funcionen sólo 260 en lugar de 300.
¿En qué afectará la modificación en la operación de las juntas distritales?, las que tienen funcionando 30 años, emiten las credenciales INE, actualizan el padrón de forma permanente, revisan la cartografía para que ante la movilidad ciudadana, nunca falte una casilla electoral. Lo veremos en la práctica, pero se puede anticipar que los procesos electorales y la atención a los ciudadanos serán afectados.
Otro retroceso es que sin ningún diagnóstico ni análisis previo, se elimina el Servicio Civil de Carrera que nació con el IFE en 1990..
Todas las reformas para corregir fallas en los procesos electorales, que han llevado al INE que tenemos, siempre han sido a través del diálogo, consensos. Nunca por mandato del poder.
Asimismo, la reforma modifica el inicio de la jornada electoral de septiembre a noviembre del año previo a una elección constitucional, para ahorrar en la insaculación de ciudadanos.
El INE y el Tribunal Electoral ya no tendrán la facultad imponer criterios para anular candidaturas. ¿Y las campañas anticipadas?, ¿y los topes de campaña?, ¿y los excesos en la elección?
La iniciativa presidencial abre paso a la ilegalidad, al mandatar eliminar la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resolutora de la Sala Superior del TEPJF.
Cabe resaltar que en el 2019, ese órgano judicial, integrado por tres magistrados, ordenó al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República (en varias ocasiones) abrir una investigación por la presunción del uso de recursos financieros y humanos para vulnerar la equidad y neutralidad de las elecciones desde la conferencia mañanera.
Además, la Sala Especializada, que ahora desaparece por orden de López Obrador, ha ordenado al titular del Poder Ejecutivo, publicar en sus redes sociales los extractos de las sentencias en las que se acredita las violaciones a la Constitución y el principio de neutralidad.
También se fusionaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mismo que realiza un conteo de actas de casilla con un escrutinio de votos, en tiempo real, para que los datos se conozcan la misma noche de la elección, y que daba estabilidad social y política. Ahora no sabemos si los resultados del conteo mantendrán a los partidos políticos y a sus seguidores relativamente tranquilos, como hasta ahora sucedía.
Igual se consideran cambios positivos al flexibilizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, al permitir que voten por internet no sólo con su credencial de elector, sino que se validará su pasaporte y matrícula consular
Así las cosas, la iniciativa castiga severamente la independencia e imparcialidad del Tribunal Electoral.
Hay que recordar que en 2021, las y los mexicanos le quitaron la mayoría Morena.
Ese es el fondo de estas reformas, debilitar al árbitro electoral para tomar por asalto al Poder Legislativo en 2024.
Es importante que con los votos en el Congreso de la Unión se refleje la pluralidad de la nación. No debe volver la sobre representación, y eso pretende Morena al debilitar al árbitro.
Al final la bancada oficialista en la Cámara de Diputados cumplió vía 'fast track', sin pasar el dictamen por comisiones, la orden del Presidente.
Hay una alta expectativa sobre cómo actuará el senado. Que esto sirva de lección para vislumbrar las motivaciónes de un gobierno que se mueve por ímpetu y no por interés de la ciudadanía.
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