Por Julio Zenón Flores Salgado
La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado
de Guerrero ha manejado con mucho hermetismo la respuesta que hayan dado al
oficio en el cual la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó, el
pasado 30 de junio de este año, al gobierno estatal que informara “de manera
urgente” de la legalidad de representación formal de los 8 detenidos de la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y si esta agrupación
cuenta con registro como policía comunitaria.
La FGR preguntó en ese oficio, marcado con el número
538/2022, como de manera inocente al gobierno estatal que “informe a esta
Representación Social de la Federación, si la UPOEG cuenta con registro como
Policía Comunitaria”, dándole un término de seis horas, contadas a partir de la
recepción del oficio, firmado por un agente del Ministerio Público federal.
Decimos que de manera “inocente” porque, como dice la sabiduría
popular: “lo que se ve no se pregunta”, pero en esa ocasión el texto oficial detalló
que de ser omiso (el secretario de seguridad estatal) “se le impondrá una
medida de apremio consistente en 100 unidades de Medida y Actualización,
fundamentado en el artículo 104 fracción I, inciso B, del Código Nacional de
Procedimientos Penales”, indicando que la información era urgente “toda vez que
resulta determinante para continuación de la investigación”, refiriéndose a los
ocho detenidos dos días antes en el municipio de Marquelia, que señaló como
presuntos responsables del enfrentamiento ocurrido en la zona urbana de esa
cabecera municipal.
A la fecha de escribir este artículo el gobierno estatal no
había dado ninguna respuesta pública a la pregunta ¿Es la UPOEG una policía
comunitaria registrada? y nuestras fuentes consultadas no pudieron confirmar si
existió alguna respuesta oficial o si simplemente los ocho detenidos fueron
liberados discretamente y si el comandante de la SSP, Evelio Méndez, recibió su
multa de 100 UMAS (unos 18 mil pesos).
Dicho silencio es comprensible, porque del gobierno del
estado sólo depende la parte administrativa, es decir, el registro o no de la
UPOEG como policía comunitaria, si es que existe un registro de las diferentes organizaciones
que se han constituido en policías comunitarias o ciudadanas, como la CRAC-PC o
el FUSDEG o los propios “Dumbos”, entre muchos otros pequeños ejércitos que
pululan por la Costa Chica, en el corredor Chilpancingo a Xaltianguis, en al
menos 50 poblados de la sierra de Chilpancingo, en la Montaña alta y en algunas
zonas rurales de Acapulco.
Si existiera ese registro, sería bueno saber de cuantos
individuos armados, sin control por parte del estado del tipo de armas que portan,
andan recorriendo el estado, ya que se conocen sólo cifras extraoficiales: de
la UPOEG, por ejemplo se dice que son unos 8 mil integrantes y suponiendo que el
FUSFEG y la CRAC, cuenten con una estructura similar, estaríamos hablando de 24
mil personas armadas. Todo un ejército y un gran riesgo si se toma con seriedad
las acusaciones que se hacen entre ellos mismos de sus alianzas con grupos del
crimen organizado y a eso hay que agregar, además, su amplia base social, que
ya hemos visto como son capaces de paralizar la circulación vial en decenas de
puntos del estado a la vez.
El fondo de la pregunta “inocente” de la FGR, para seguir o
no con el proceso de investigación de los detenidos que enfrentaron al ejército
y a la marina en la Costa Chica, es si esos grupos tienen o no un soporte legal.
Bruno Plácido Valerio dice que si, que la Constitución
General de la República establece que la soberanía radica en el pueblo y que
éste puede darse en todo tiempo el tipo de gobierno que desee, pero la verdad
es que el tema está en el limbo legal.
Y es que hay que recordar que el Congreso de Guerrero no ha
terminado de legislar al respecto, como se los informó el secretario de
gobierno, Ludwig Marcial Reinoso Núñez, a los miembros de la UPOEG con quienes
dialogó este domingo en Ayutla.
El congreso realizó una reforma que fue impugnada y la SCJN le
obligó a reponer el procedimiento, para dar espacio a una consulta amplia e
informada del tema a las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero luego
de un gran esfuerzo de los diputados la nueva reforma obtenida fue “observada”
en su totalidad por el gobierno estatal, que había tenido la delicadeza de
retirar una iniciativa que había enviado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda,
para dar pie a escuchar a las comunidades.
El último detalle al respecto es que el Congreso rechazó por
mayoría (en una votación en que la fracción de Morena se dividió) las
observaciones de la gobernadora, por lo cual la reforma que daría legalidad o
no a esos grupos no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado y por lo
tanto carece de vigencia.
En términos legales, pues, ni la UPOEG, ni el FUSDEG ni la
CRAC-pc, pueden tener un registro mientras no se termine el proceso legislativo
y eso en términos prácticos es un grave problema los policías comunitarios que,
infiltrados o no por el narco, han mantenido cierta dosis de tranquilidad en
los pueblos que controlan, por lo que estaría desprotegidos en todo litigio con
las corporaciones armadas legales del Estado Mexicano.
En ese contexto resultó muy prudente la instrucción de la
gobernadora Evelyn Salgado a su equipo de gobierno para tender lazos de
entendimiento con la UPOEG, que se encontraba muy enfadada por la detención de
sus miembros en Marquelia.
Y es que en ese sentido, mientras no haya un claro marco
legal, el trato del tema debe ser político, de conciliación y acuerdo, pues de
lo contrario un enfrentamiento de las policías estatales, el Ejército, La
Marina y La Guardia Nacional con esos grupos podría deriva a una verdadera guerra
civil y con los antecedentes de Guerrero, con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas,
más vale irse con pies de plomo.
Lo que es cierto es que lo disputados se tienen que tomar
muy en serio el tema de las policías comunitarias y coordinarse con el gobierno
del estado, porque ha habido señalamientos de que algunos diputados, del mismo
partido Morena, de la gobernadora, le están poniendo piedras en el camino a la
postura estatal y eso es como rascarle los tompiates al tigre.
El diálogo, más allá del gobierno estatal con la UPOEG por la
crisis inmediata que se vive, debiera empezar por mesas de trabajo conjuntas de
los diputados con los encargados y especialistas en temas de seguridad, del
gobierno estatal y federal; no es un tema para dispararse con ocurrencias y
tratarlo como parte de acuerdos o desacuerdos entre los “equipos” al interior de
Morena, sino que debe tratarse como un interés superior que tiene que ver con
la paz del estado de Guerrero.
Mucha sangre ha corrido ya por la falta de claridad en el
tema de las policías comunitarias ¿No sería sano aprovechar la pregunta de la FGR
sobre el estatus de la UPOEG, para desatorarlo?
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