Joel Solís Vargas
La orden de mantener despejadas las vías de comunicación de Guerrero, primero por las buenas y luego, de ser necesario, por las malas (es decir primero con diálogo y convencimiento, y luego con la policía), tuvo que pasar, de manera ineludible, por el despacho de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, si no es que salió precisamente de ahí.
Cualquier otra posibilidad, incluida la de la imposición desde el Ejecutivo federal o desde alguno de sus institutos armados, se antoja menos probable. Si bien el discurso de la mandataria estatal es de tono conciliador y unificador, no se ve atisbo de que ella sea del tipo del funcionario público apocado y dispuesto a someterse, así como así, ante caprichos u ocurrencias de poderes más elevados, como muchos otros políticos mexicanos, sobre todo en estos tiempos de la 4T.
Tampoco se ve que ella esté dispuesta a permitir que otros tomen las decisiones que le corresponde tomar a ella. Dicen periodistas que se ufanan de conocer las entrañas del poder en Guerrero que la prueba de ello es que los vaticinios de que el verdadero poder tras el trono estatal sería Félix Salgado Macedonio no resultaron tal cual porque pronto, luego de que ella tomó posesión del cargo y él obtuvo licencia en el Senado, cada uno tomó su propia agenda, su propio ritmo y su propio camino, si bien mantienen una cercanía que corresponde a la que puede haber entre un padre y su hija adulta, profesional y empoderada. Pero nada más.
Así que es legítimo deducir que la orden de despejar de bloqueos las vías de comunicación del estado tuvo que pasar por el despacho de la gobernadora por su visto bueno, o tuvo que salir de él.
Tal disposición no la convierte, per se, en una gobernante represiva o autoritaria; de hecho, mantener las vías de comunicación libres de bloqueos es un clamor de sectores de mucho peso en las comunidades que habitan las principales ciudades del estado, de manera particular Chilpancingo y Acapulco.
La mandataria deberá tener, sin embargo, mucho cuidado con el desempeño de sus policías porque, como todo el mundo sabe —y los mexicanos lo saben mejor que otros—, los uniformados suelen excederse en el uso de la fuerza, sobre todo si los domina la furia. A quién no le dio un vuelco el corazón con las escenas del desalojo del bulevar López Portillo de Acapulco del pasado 5 de junio: los agentes estaba furiosos porque fueron atacados por algunos de los bloqueadores que exigían que el gobierno buscara al joven Andrés Ayala Silva, desaparecido un día antes, y cargaron parejo con todo aquel que se les atravesó. Entre los manifestantes había mujeres, y los policías no se contuvieron ni siquiera porque varias de ellas son de complexión frágil, y su peso es como de unos 30 kilos menos que cualquiera de los efectivos que participaron en la operación.
¿Cómo se habría visto el gobierno de Guerrero a los ojos del país si una de esas mujeres hubiera sido enviada al hospital o al cementerio, en el peor de los casos, por un par de furiosos policías, sobre todo en estos tiempos de escandalosos feminicidios crecientes? Para suerte de Evelyn Salgado, las manifestantes, por su misma complexión, resultaron ser más ágiles que ellos y se les escabulleron por piernas.
Entre paréntesis, el primer aprendizaje de esa experiencia es que no cualquier policía es apto para participar en desalojos de vías públicas bloqueadas por manifestantes exasperados. El agente debe estar bien entrenado en el protocolo correspondiente y ejercer un extraordinario control de su ira.
Pero, por otro lado, la disposición de mantener despejadas las vías de comunicación de la entidad muestra algo de una cierta esquizofrenia entre los gobiernos de la 4T. Cuando, en febrero del 2019, recién instalado el gobierno de Morena en la Presidencia de la República, integrantes de la CNTE instalaron un bloqueo a las vías del tren en Michoacán, que duró 22 días y causó pérdidas por 2 mil millones de pesos a las industrias que movilizan sus productos por ese medio de transporte, el presidente López Obrador fue reiterativo en asegurar que en su gobierno "no vamos a reprimir al pueblo". Con esa promesa presidencial, los integrantes de esa organización magisterial, envalentonados, volvieron a bloquear muchas veces las vías del tren en esa entidad hasta que se aburrieron de ese juego. Las pérdidas ocasionadas a la economía nacional fueron enormes.
Igual sucedía, por ejemplo, con las casetas de cobro de las carreteras de cuota: todo aquel que tenía necesidad de dinero podía organizar la toma de una de esas plazas e imponer una cuota a los usuarios. Y mientras el presidente seguía en esa misma tesitura de "no reprimir al pueblo", en otras instancias de gobierno hacían como que no lo escuchaban, y tomaban medidas; en el caso de las casetas, el Congreso federal reformó la ley para castigar con cárcel todas las interferencias en ese sentido. Una activista guerrerense cumple hoy condena a consecuencia de esa reforma: Kenia Inés, del colectivo Zapata Vive, está en libertad condicional con un brazalete electrónico, tras pagar 30 mil pesos de fianza, luego de ser detenida el 25 de octubre del 2020 por tomar una caseta.
Y aunque el Presidente no ha variado su postura de "no reprimir al pueblo", en Guerrero los policías estatales arremeten contra los bloqueadores de vialidades cuando algunos funcionarios consideran que ya negociaron lo suficiente con ellos.
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