José Antonio Rivera Rosales
La semana pasada, un grupo de hombres armados asesinó a tiros a 6 personas y dejaron a otras tres heridas durante un ataque contra un local de la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo. El atentado estuvo dirigido contra una ranja de pollos que abastecía de ese producto a una treintena de expendios en el mercado Baltazar Leyva Mancilla.
De acuerdo con la información disponible, el ataque fue sorpresivo contra una granja de pollos en esa localidad identificada como base social del grupo delictivo Los Ardillos. Entre los muertos había una niña de 12 años que trabajaba en ese momento en dicha granja.
Este ataque contra la población de Petaquillas parece confirmar lo advertido días antes mediante un comunicado anónimo atribuido al grupo criminal Los Tlacos, que amenazó a los Ardillos con exterminarlos.
El atentado provocó desabasto de pollo en el mercado ya citado, donde por miedo los comerciantes dejaron de venderlo ante la posibilidad real de ser asesinados, como había ocurrido días antes con un vendedor que fue asesinado en los pasillos de ese centro de abasto.
En dicho comunicado, Los Tlacos denuncian que los últimos hechos de violencia en Chilpancingo -en que se han producido asesinatos y quemado vehículos- son en realidad cometidos por Los Ardillos para inculpar a la banda oriunda de Tlacotepec, en lo alto de la sierra de Guerrero.
“El grupo de Los Ardillos lleva más de 25 años operando bajo el cobijo de gobiernos perredistas; matando indígenas, mujeres, niños y ancianos; secuestrando, desapareciendo y cobrando extorsiones; así como el manejo y saqueo de los recursos económicos de varios ayuntamientos en su zona de influencia”, denuncia el comunicado.
Más adelante dice que ese grupo criminal aglutina bajo su poder “más de 500 taxis y urvans obtenidos de manera irregular en el gobierno de Héctor Astudillo y altos funcionarios de transporte”.
Igualmente los acusa de haber asesinado a una treintena de transportistas que no estaban de acuerdo con el grupo de Los Ardillos, que han logrado operar estos permisos
para su beneficio, además de que los han utilizado para hacer bloqueos con la finalidad de evitar que las autoridades actúen contra ellos.
“Por estas razones hoy la gente de Tlacotepec hace la invitación a toda la gente de la Montaña Alta, Montaña Baja, Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán, Petaquillas y el corredor del Valle del Ocotito a Tierra Colorada, a que colaboren (…) para poder eliminar a estos delincuentes corrientes y sin escúpulos”, amenaza el comunicado.
Más adelante anuncian nombres de personajes supuestamemnte vinculados con la banda de Los Ardillos, como el exdiputado local Servando de Jesús, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, su hermano Celso Ortega Jiménez, supuestos jefes de los Ardillos, quienes según el talante del comunicado serían blanco de sus enemigos.
El comunicado pide mantener la calma a la ciudadanía ante los hechos que se avecinan porque “vamos a trabajar incansablemente para limpiar a Guerrero de todo ardillo que exista”.
La noche del 6 al 7 de junio se desató una oleada de violencia en la capital guerrerense que dejó como saldo al menos cuatro personas ejecutadas y varios vehículos carbonizados, situación que se imputó al grupo delictivo Los Tlacos.
El caso es que tanto el comunicado como el atentado ocurrido comntra los productores de pollo parecen preludiar un enfrentamiento entre dos grupos delictivos numerosos, con presencia en un amplio territorio de la zona centro de Guerrero y, además, bien pertrechados y armados.
Según las informaciones que han trascendido, el grupo de Los Tlacos –que también se hace llamar Cartel de la Sierra- está encabezado por Onésimo Necho Marquina, quien ha logrado mantener la hegemonía de su estructura criminal en lo alto de la sierra, precisamente una de las zonas de mayor producción de amapola.
Una característica de ambos grupos criminales es que cuentan con una amplia base social que les ha permitido integrar supuestas policías comunitarias para proteger los caminos de acceso.
Pero ambas policías comunitarias, en las que participan cientos de civiles, en realidad son fachada de actividades ilícitas.
La autodefensa más numerosa, según los hechos de violencia en que han participado, es la de Tlacotepec, integrada por unos 6 mil hombres que han combatido, hasta hacerlos retroceder, a los sicarios de otro grupo delictivo, el Cartel del Sur, que al parecer huyó de su principal asiento en el municipio de Chichihualco.
Uno de los dirigentes visibles de esta comunitaria, Servando Alaniz, encabezó el pasado 7 de mayo una marcha de más de dos mil elementos por la cabecera municipal de Tlacotepec, con el fin de conmemorar su quinto aniversario. En realidad fue una marcha que pretendió demostrar la vigencia del movimiento.
Una característica de esta formación de autodefensa es que cuentan con un grupo de élite, entrenado por exmilitares, de unos 250 efectivos, dotados del mejor armamento que incluye lanzagranadas y fusiles Barrett. Este grupo de elite fue el que expulsó a la comunitaria de la UPOEG de su base en Xaltianguis, localidad donde detonaron un carro-bomba.
Esta formación tiene dominio en la carretera de acceso a la Sierra Madre, desde Casa Verde hasta la cabecera municipal de Tlacotepec.
Por su parte, Los Ardillos, protegidos por líderes del PRD, han tomado control de un amplio territorio de la Montaña Alta y Baja, de Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, donde tienen bajo su dominio el transporte público.
También ellos han mantenido una confrontación armada con los comunitarios de la UPOEG, a quienes les han asesinado a varios de sus cuadros de dirigencia, como fue el caso del ultimo ataque contra la base de Buena Vista, donde dieron muerte al maestro Mario Maldonado, uno de los dirigentes más aguerridos de la UPOEG.
Asesinatos a mansalva, tiroteos, extorsiones, ese el escenario al que se deberá enfrentar el gobierno de Evelyn Salgado en lo sucesivo. Y en medio, la poblaci
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