¡NI UN PERIODISTA MÁS!
El gobierno mexicano no puede seguir cayendo en la falta de sensibilidad con este sector de la población. Urge poner en marcha una Estrategia Nacional de Protección a los Periodistas que coordinen a los sectores públicos, privados y sociales para que ni un periodista más pierda la vida.
Manuel Añorve Baños
Es una realidad inobjetable el adverso panorama que viven las y los periodistas de nuestro país, en medio de una crisis sin precedentes en la que no solo la libertad de expresión por sí mismo es un factor de riesgo , sino también la propia vida de las personas que ejerce esta profesión.
La semana pasada fue el caso del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, quien lamentablemente fue encontrado muerto luego de haber sido secuestrado unos días atrás al salir de su domicilio. Es inconcebible este hecho, sumando a que el periodista anunció previamente amenazas e insultos en su contra, sin que hubiera respuesta alguna de las autoridades.
Se trata del noveno periodista que pierde la vida derivada de su labor en lo que va del año 2022 , superando en pocos meses los siete crímenes en el mismo sentido que se cometieron el año pasado. De hecho, si revisamos la cantidad de periodistas asesinados en lo que va del actual sexenio presidencial, se observa que son un total de 33, cifra nunca antes vista.
Evidentemente no es una condición que haya surgido de la noche a la mañana ; sin embargo, con una incomprensible capacidad de omisión e inexperiencia de las autoridades, se ha acrecentado exponencialmente durante los años recientes la violencia periodística. Así, hoy más que nunca es indudable que México es una de las peores naciones en el mundo para ejercer la profesión periodística, ubicándonos a la par de países que atraviesan conflictos bélicos como Siria o Afganistán.
Dicha situación bajo ninguna circunstancia debe permitirse ni seguir la tendencia marcada durante el último trienio, pues es más urgente que nunca atender de forma inmediata y contundente la situación de violencia que viven las y los periodistas.
Aunado a lo anterior, es importante no omitir que nos encontramos ante el tratamiento de un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, que no solo se instituye como una garantía de ejercicio para las personas, sino también como una serie de obligaciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a respetar, observar y garantizar.
Por ello, es imprescindible desde nuestras respectivas trincheras, levantar la voz en favor de erradicar la violencia periodística; Incluso, no solo la que se ha realizado de forma física, pues en una democracia que abona en la construcción de un Estado Constitucional de Derecho, la libertad de prensa debe ser un estandarte fundamental que toda autoridad debe respetar, no caer en ataques o amedrentamientos desde la propia esfera gubernamental.
El caso de Luis Enrique, como muchos otros que lamentablemente han sucedido en meses recientes exige la eficaz aplicación de la justicia, pues no debe quedar en la impunidad. Además, deja una gran lección que debe ser escuchada y atendida con apremio, las y los periodistas demandan mecanismos de protección más sólidos y efectivos.
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