por Julio Zenón Flores Salgado
La posible construcción de un nuevo hospital de
especialidades del ISSSTE con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, en
Acapulco ha despertado la ambición de personas que han sabido hacer negocios al
amparo del poder público.
Todo indica que se pretende aprovechar la aparente novatez y buena fe de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y de la secretaria de
salud, Aidé Ibarez, para obtener grandes beneficios disfrazándose de buenos samaritanos.
Y es que al conocerse la gestión de tal edificación que hace
mucha falta para los sufridos derechohabientes y el apetecible monto de la
inversión, un personaje muy conocido en la entidad y muy inteligente para los
negocios, se movió para ofrecer en donación ocho hectáreas para el hospital del
ISSSTE en el poblado del Pedregoso, en el poniente del puerto de Acapulco.
Lo que pareciera un gesto noble se desvanece al saber que
las ocho hectáreas ofrecidas se localizan al fondo de un terreno de 196
hectáreas administradas por un fideicomiso formado en el 2018, con patrimonio
traspasado, ilegalmente según especialistas, del Fideicomiso Acapulco.
Especialistas consultados aseguran que no se puede hacer un
fideicomiso con recursos de otro fideicomiso y eso fue lo que se hizo con esa
reserva del FIDACA, la cual sería supuestamente para impulsar un desarrollo
inmobiliario denominado Ciudad Pedregoso, cuya escrituración correría a cargo
del municipio de Coyuca de Benítez.
El proyecto del ISSSTE requiere de seis hectáreas y el
apoderado legal de la empresa denominada Operadora Plan Vivienda SA de CV
generosamente ofreció ampliar la donación a ocho hectáreas, por supuesto que al
quedar ubicadas al fondo del predio, la construcción de la clínica obligaría a
las autoridades a construir toda la infraestructura necesaria para los
servicios como agua potable, luz eléctrica, telefonía, carreteras, alumbrado público,
seguridad, de dónde la tomarían los desarrolladores de vivienda para sus construcciones
de venta particular. Vivillos ¿no?
Pero además de ello, se advierte que al no estar permitido
legalmente traspasar propiedad de un fideicomiso a otro, quienes tienen la
posesión o integran el nuevo fideicomiso tendrían esa propiedad de manera
irregular.
Y aún hay otro detalle: estando la mayor parte del terreno
del FIDEICOMISO ACAPULCO en este municipio ¿Cómo es que se asegura que se podrá
escriturar en el municipio vecino de Coyuca de Benítez? La acción genera al
menos incertidumbre respecto a la seguridad jurídica de la tierra. ¿Se puede
hacer una construcción federal de 2 mil millones de pesos en terreno con
incertidumbre jurídica?
Claro que lo primero que tendrían que averiguar las
autoridades antes de hacer esa fuerte inversión es la manera en que la empresa
Operadora Plan Vivienda SA de CV en donde aparece como apoderado legal Julián Urióstegui
Carbajal, se hizo de esa propiedad, ¿quiénes participaron en esa acción?, ¿hasta
dónde, quienes dirigen el FIDACA están involucrados? o si hay ex funcionarios
que estuvieran atrás de Julián Urióstegui “administrando” la generosa reserva
del Fidaca cedida al nuevo fideicomiso de la Operadora de Vivienda..
Lo único cierto es que se advierte la intención de un jugoso
negocio aprovechando una justa demanda enarbolada hace años por jubilados y derechohabientes
del ISSSTE y la nobleza de una gobernadora que sería una excelente gestora dada
su cercanía ya constatada por todos, con el presidente de la república Andrés
Manuel López Obrador.
En ese sentido, salta la duda de porqué no se consideró hacer esa construcción en terrenos del gobierno estatal ofrecidos en su momento (diciembre de 2018) por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, ubicados en la zona Diamante, pese a que el tema fue tratado en la cámara de diputados federal, ante la comisión de presupuesto y cuenta pública encabezada entonces por el morenista Alfonso Ramírez Cuellar y como secretaria técnica la acapulqueña Rosario Merlín García.
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