Por Julio Zenón Flores Salgado
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) haya puesto contra la pared a los 46 diputados locales que integran la
LXIII legislatura del congreso de Guerrero, por primera vez en la historia,
resulta, diría Perogrullo, algo inédito, como inédito resulta el intento de
consultar a casi un millón de habitantes pertenecientes a algunos de los cuatro
grupos indígenas o afromexicanos radicados en territorio guerrerense.
Consultan o se van, es la consigna aparente de la SCJN.
Lo inédito del proceso está poniendo a prueba al presidente
de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Alfredo Sánchez Esquivel, pues
aunque todos los diputados de todas las fracciones y grupos partidistas son
responsables de lo que pase o deje de pasar, la historia va a juzgar sólo a
uno: al presidente del congreso y ese es el morenista Alfredo Sánchez.
Quizás por eso éste ha desplegado todo lo tiene, desde el
cambio en la dirección de comunicación social (aunque no se ha hecho oficial)
colocando al frente a un experto abogado laboralista con una fuerte experiencia
en relaciones públicas, Florencio César Felipe Leyva, delegado en Guerrero de
la asociación nacional de locutores y amigo de al menos dos personajes
centrales en la dirigencia nacional de Morena, quien está a cargo de conseguir
que se cumpla uno de los preceptos de la sentencia de la Corte: que sea
ampliamente informada, hasta el diseño de una estrategia en la que consiguió
que todos los legisladores se metieran a cumplir tareas, por primera vez al
unísono, en sus distritos.
Conseguir que los 46 diputados locales fueran a territorio
no es tarea menor, sobre todo considerando que algunos llegaron a ese cargo
premiados, sin ningún compromiso ni con grupos sociales ni con el partido que
los postuló y que, 16 de ellos llegaron no por los votos de la gente sino por
los porcentajes recibidos por los partidos políticos.
Aún así la tarea, cuantitativamente, resultaría colosal,
pues se trataría de que cada uno de ellos llegara a 21 mil 739 personas, cuando
a algunas o algunos apenas los conoce su familia y llegaron a la curul por el
respaldo de un amigo, novio, novia, con poder en la toma de decisiones de las
candidaturas. Si en el mes que se han dedicado a ese tema cada uno hubiera
visto a 700 personas al día, tal vez de podría abarcar, pero ¿cuántos de ellos
tiene esa capacidad logística, real, de llegar a 700 personas diferentes cada
día durante un mes?
Por el lado cualitativo, se sabe que el tema de cultura,
educación, formas de gobierno y seguridad pública, que se incluyen en la
reforma que se consulta, nunca ha tenido consenso, de modo que consensuar una
propuesta parecería una cena de negros.
Sin embargo se tiene que hacer y, si algo debemos reconocer
en este proceso, es la audacia de los líderes de fracción coordinados por el
presidente de la Jucopo, que decidieron ir a cada representante legal de las
comunidades contabilizadas por el INEGI como indígenas y eso, sea el resultado
que sea, ya es histórico, pues será la más grande consulta realizada alguna vez
a esos pueblos normalmente marginados y se está ante la posibilidad de sentar
precedente.
Quizás las cosas hubieran sido más sencillas si lo hubieran
abordado con más tiempo, unos seis meses atrás al menos, pero en ese lapso
apenas estaban rindiendo protesta, o si hubieran convocado primero a las
organizaciones de vanguardia afro e indígena y estuvieran trabajando unidos
CRAC-PC, UPOEG, TLACHINOLLAN, LARSEZ, entre otros grupos y hubieran ido juntos
a consultar a las comunidades en vez de tenerlos de opositores, pero el hubiera
no existe.
Lo único que existe es el más grande esfuerzo de una
legislatura, guiada por sus líderes de fracción y grupos partidistas
coordinados por el presidente de la Jucopo, haciendo la más grande consulta a
los pueblos indígenas y afros, que podrá o no ser aprobada por la Corte.
Veremos lo que pasa.
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