EL CONGRESO EN SU ENCRUCIJADA
Por Julio Zenón Flores Salgado
Al analizar el tema de la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas sobre la reforma a las leyes 701 y 777 relacionadas a temas de cultura, educación, formas de gobierno y seguridad pública, en el estado de Guerrero, ordenada por la SCJN en sentencia del 14 de abril del año pasado, con un plazo obligado de un año para acatarla so pena de ser declarados en desacato y destituidos tanto los diputados propietarios como la gobernadora de la entidad, dijimos que eran preocupantes al menos dos ejes: el primero de ellos sobre los plazos y la forma en que los suplentes serían llamadas y la elección nueva a que se llegaría si no se cumpliera el mandato de realizar una consulta informada, adecuada culturalmente y amplia, en las tres semanas que siguen.
No menos problemático es el segundo punto: el fondo de la consulta, pues se trata de poner sobre la discusión las reformas logradas en el 2018 a las leyes 701 y 777, que tratan de asuntos de educación, cultura y…seguridad pública, en específico de la legalidad o no de la famosa POLICÍA COMUNITARIA, que según la reforma impulsada por el ex gobernador Héctor Astudillo, ya había quedado fuera de la Constitución de Guerrero, lo cual implicaba la regulación y control de esos miles de hombres armados que sin pertenecer a ninguna corporación pululan por donde menos se espera, hasta en la zona turística más exclusiva de Acapulco y que se auto expide métodos de reeducación, tienen sus propias penas, sus propias cárceles y aplica su criterio de justicia.
Contrario a lo propuesto por el ex gobernador Astudillo, la actual gobernadora Evelyn Salgado ha enviado ya una iniciativa que da todas esas facultades a las policías comunitarias, a pesar de que es grande la sombra de la duda sobre éstas, desde hace algunos años en que ha sido más que evidente su contaminación y su mezcla con la delincuencia organizada.
La propuesta del gobernador Astudillo, que excluía a la policía comunitaria de la legalización constitucional, se preparó con mucho mayor tiempo y rigor metodológico que la actual propuesta, hecha casi al vapor para cumplir con la sentencia de la corte, y contó con verdadera información de inteligencia, proveniente del gobierno federal, que aún tiene en su poder, la cual sustenta la verdadera cercanía entre los cárteles que operan en Guerrero en algunas zonas y las llamadas autodefensas comunitarias, cuyos jefes deberían de ser investigados y rolados de inmediato antes de asumir cualquier postura favorable a su legalización.
Se entiende que la gobernadora Salgado Pineda proponga que la fuerza comunitaria se legalice, pues ella tiene una formación de izquierda y su concepto político es el del gobierno del pueblo y para el pueblo, lo cual hace lógico, admitir que el pueblo se puede organizar de acuerdo a sus costumbres para su propia seguridad.
El soporte ideológico y político de la iniciativa de la mandataria estatal es impecable, el problema es que, ante la situación real de la contaminación de esas policías comunitarias, como se ha podido comprobar en acusaciones que se cruzan entre ellos mismos, en los decomisos y detenciones y persecuciones que se han hecho, así como en evidencias con que cuenta la Segob, la propuesta de la titular del Ejecutivo estatal aparece al menos como ingenua.
Ingenua, al menos que esa propuesta incluyera suficientes candados para evitar que se piense que se está dando carta de legalidad a fuerzas armadas irregulares bajo las órdenes del crimen, candados como una estricta regulación de sus formas de operación, e ingreso de sus miembros, una estricta vigilancia sobre el tipo de armas que se usan, su forma de obtenerlas, y sobre quienes las usan y las suministran, así como la rotación estricta de sus mandos, para que no se puedan crear intereses y se responda realmente a un servicio comunitario, es decir, no más de 20 o 30 días al frente de esas policías y luego regresar a su labor, para evitar que gentes y mentes criminales los puedan utilizar como escudo para sus actividades delincuenciales.
El problema es que sobre el tema el congreso no ha arrojado suficiente claridad, pues ni siquiera los nombres de las comunidades visitadas ha dado a conocer y mucho menos ha divulgado los términos de la iniciativa enviada por la gobernadora para modificar la 701 y la 777.
Al parecer vamos a ciegas, a la incertidumbre de esperar una fecha fatal para saber si nos quedamos sin diputados propietarios y se llama a los suplentes y sobre una iniciativa de ley que no conocemos y que podría estar avalando a policías útiles al crimen y no a la ciudadanía.
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Portal editado por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Periodista, escritor y profesor universitario. Diplomado en MKT digital
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