Por Julio Zenón Flores Salgado
El mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) de realizar una consulta a los pueblos indígenas y afrodescendientes que
se verían afectados con las reformas aprobadas en el 2018 por la 62 legislatura
del estado de Guerrero, derivado de una demanda de inconstitucionalidad por no
haber sido tomados en cuenta como afectados de dicha reforma, es muy claro en
sus mecanismos y contenido, pero tiene muchos puntos ciegos que pueden derivar
en situaciones para nada deseadas por la clase política de la entidad.
De hecho la lectura política que tiene ese mandato tiene
solo dos pistas: 1.- Marchan todos los diputados como niños de escuela
formaditos y al son del himno nacional, para afinar los detalles gruesos y
finos que satisfagan a los ministros de la suprema corte (desde luego pasando
por la satisfacción total de los pueblos afectados) o 2.- Sufren las
consecuencias TODOS los de la clase política actual, con lo que podría
considerarse muy cercano a la desaparición de poderes; la destitución de los 46
legisladores y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La responsabilidad de sacar bien la consulta recae
principalmente en dos personajes del Congreso: Alfredo Sánchez Esquivel,
presidente de la Jucopo y Héctor Apreza Patrón, coordinador de la fracción
priista e influyente en las demás fracciones; aunado a esos dos, el tercer
personaje que tiene sobre su espalda la tarea histórica de salvar al congreso y
a la gobernadora, es nada menos que el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.
Los tres personajes deberían estar ya trabajando a
contrareloj en los dos escenarios: 1.- El que está o puede estar bajo su
control (el de los 46 diputados) y 2.- El que contiene una parte de
incertidumbre (el de las comunidades a consultar).
Decimos que hay un escenario que está o puede estar bajo
control, porque los 46 diputados están hasta reunidos en un solo recinto,
aunque sus intereses pueden ser disímbolos, los une el miedo a perder la dieta
mensual, que es la brújula más segura de un diputado, aparte, claro está, de
sus principios, ética y formación política, sobre todo de aquellos que sí
tienen vínculos populares y que no llegaron a la curul gracias a la lotería de
AMLO.
En ese terreno el único riesgo es que la oposición optara
por al camino de sabotear el cumplimiento de la sentencia de la suprema corte
de justicia de la nación, bajo la creencia de que como en el ajedrez, se puede
sacrificar algunas piezas a cambio de quitar al adversario una pieza mayor: la suspensión
de su cargo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Claro que es improbable que los diputados del PRI, PT, PVEM
y PAN consideraran el sacrificio de perder ellos mismos sus posiciones
personales, a cambio de que Morena también pierda los suyos y a la propia
gobernadora, pues en todo caso, si se convocara nuevamente a elecciones Morena
volvería a ganar la contienda aunque ninguno de los 46 legisladores podría
participar como candidato.
Una vez superada esa tentación, sobre todo porque al PRI no
le convendría nada que se llamara a los suplentes, pues algunos ni siquiera
serían de ese partido ya que en la campaña dieron las suplencias a perredistas
para amarrar la alianza por la gubernatura, una vez superado ese obstáculo,
sólo quedaría que todos caminen bajo el mismo guion y den la máxima difusión a
las actividades en torno a la consulta e incluyan al máximo número de
comunidades.
Y aquí es donde existe el riesgo mayor, o al menos la incertidumbre,
pues si no se aplican a detalle en la selección de las comunidades y en cerrar
filas con los pueblos, personajes y organizaciones que influyen en éstas, se
corre el peligro de que algún comisario se les pase desapercibido y al sentirse
excluido termine por impugnar el proceso y echar abajo todos los acuerdos que
tengan los miembros de la clase política guerrerense.
Este es el terreno resbaladizo donde los diputados y
operadores políticos deben de poner toda la atención y donde al parecer no la
están poniendo del todo: el inocente asomo de la senadora Nestora Salgado de
que no ha sido considerada en el proceso, según declaró en entrevista con
Trasfondo informativo, muestra algo que de la inocencia puede llevar a la
debacle del proceso.
El problema no es que no haya sido incluida como senadora
que es, puesto que la sentencia de la Corte refiere sólo al congreso local y al
poder ejecutivo, el problema es que ella es o ha sido comandante de un sector
de la policía comunitaria y tiene presencia en una zona de la montaña indígena
alta. ¿Qué pasaría si un comisario o comisariado ejidal de su zona de
influencia fuera “olvidado” en la consulta y lo impugnara ante la corte? ES
PREGUNTA
Lo cierto es que a nadie conviene abrir siquiera la
posibilidad, por remota que sea, de perder a ESTA GOBERNADORA, que se ha
mostrado abierta al diálogo franco, que no ha perdido su perfil ciudadano ni su
capacidad de asombro y que no ha dejado de tender puentes con la oposición y, ni
a Guerrero le conviene un cambio en esos niveles, siendo que Salgado Pineda
está en el ánimo del presidente AMLO y eso ha permitido bajar recursos
extraordinarios que en medio de la austeridad republicana, aplicada por el
gobierno federal a las entidades federativas, son oxígeno puro para los
guerrerenses.
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