Por Julio Zenón Flores Salgado
Tras la tempestad sigue la calma y lo importante, después del
enfrentamiento de soldados, en su faceta de Guardia Nacional o de policía
militar, contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa, tranquiliza saber que
hay una mesa de diálogo, donde tendrán que ponerse de acuerdo, los primeros en
cumplir sus órdenes de garantizar el libre tránsito en las casetas de peaje
evitando su secuestro, los segundos en la búsqueda de sus desaparecidos, de
justicia para sus muertos y fondos para su movimiento social y su escuela.
Lo central es no solo saber que la mesa de diálogo se
mantiene, sino que no pasaron los desaforados gritos de la derecha de ahora y
de siempre, que promueve la represión como salida a toda manifestación social y
que aprovecha diversas circunstancias, en ocasiones hasta de provocadores
externos o posturas radicalizadas internas, para clamar por el cierre de esa
normal a la que señalan, que horror, de ser un foco de formación de mentes
inconformes, lo cual es el peor delito en una sociedad mediocre y conformista,
donde lo correcto es ponerse de tapete y arrastrarse por migajas.
Es de reconocerse la voluntad de la gobernadora Evelyn Salgado
Pineda, de mantener el diálogo con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y
más aún saber que esa mesa de conversaciones ya existía antes de la
confrontación en la caseta de Palo Blanco, sin que eso signifique que se tenga
que ceder en todo, ante posturas tanto tácticas, como estratégicas, de
movilización y de orientación, que por su radicalidad rallan en la delincuencia
y que, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, son aprovechadas
por infiltrados que los llevan a acciones provocadoras para ganarse el repudio
popular.
Es posible que en esa Mesa de diálogo no solo se pida
justicia, apoyos para el movimiento o equipamiento y víveres para la escuela,
no se pueden cerrar los ojos ante una tradición de algunos líderes sociales de
lucrar económicamente con los movimientos sociales y estudiantiles, y no se
debe descartar que también presionen para obtener recursos económicos que van a
parar a los bolsillos de alguien o a actividades no precisamente académicas o
justicieras, pero es ahí precisamente donde la autoridad debe endurecer la
pierna, sin que eso derive en represión o en abandono de la escuela.
Por otra parte, resonancia de lo ocurrido el pasado viernes
en la caseta de Palo Blanco puso de relieve la falta de avances, la
inoperatividad de la Fiscalía que encabeza Eduardo Encinas para buscar a los
desaparecidos, pues habiendo ocurrido un cambio de régimen, a más de tres años,
ya debería de haber una verdad sólida y justicia para los desaparecidos y sus
familias y compañeros normalistas, a menos que los que investigan sean igual
que los que investigaban antes y que le temen a hacer públicos a los verdaderos
responsables de lo ocurrido en Iguala en 2014.
Como lo dijo Alberto Catalán Bastida, líder estatal del PRD,
en una entrevista colectiva con periodistas de Acapulco, en la casa de Carlos
Yáñez: esa carpeta debe cerrarse lo antes posible, debe hablarse claro, para resolver
la parte más profunda de las motivaciones de la movilización radical de los
normalistas, que ya ha provocado muchos daños colaterales, como destrucción de
muebles e inmuebles, y puede ocasionar muchos más, por la lentitud con que se
mueve la justicia en este país.
Las voces autorizadas, tanto del senador con licencia Félix
Salgado Macedonio, verdadero líder no formal del movimiento de la 4T en
Guerrero, y como del presidente Andrés Manuel López Obrador, deben servir para
frenar las voces de los perros de la guerra que piden el cierre de la normal y
el encarcelamiento de los líderes de la movilización y al mismo tiempo ser
punta de lanza, para ir al fondo de las cosas, aún de las que los normalistas
ocultan o desconocen que se mueven a escondidas, o que ocultan
intencionalmente.
Es difícil pensar que los actuales gobernantes, tanto de
nivel federal como de nivel estatal, provenientes de la protesta, de la lucha
social, y alimentados por sectores progresistas y de izquierda, tuvieran la
intención de reprimir a un grupo de jóvenes alumnos de la escuela normal de
Ayotzinapa, cuya lucha histórica se ha visto radicalizada desde la pérdida de
dos de sus compañeros asesinados en Chilpancingo por policías y la desaparición
de 43 de ellos.
Todos sabemos que aunque desde la mayoría de las posiciones
democráticas y progresistas se justifica su lucha y movilización, sobre todo
ante la impunidad de los crímenes cometidos contra esa comunidad normalista,
casi nadie, o muy pocos son aquellos que pudieran aprobar o apoyar las
derivaciones violentas de ese movimiento, por más legitimas que puedan ser sus
demandas.
Se podría aducir que el uso de bombas Molotov y otros
explosivos de fabricación casera, así como los ataques con vehículos como el
trailer usado como arma en contra los uniformados, son una especie de
instrumentos de autodefensa, pero si bien su utilización se podría justificar
en ciertos contextos autoritarios, no es el caso ni en Guerrero ni en la
República, pues no existe ni siquiera un asomo de gobiernos dictatoriales,
autoritarios o represores, como los hubo en el pasado.
En ese sentido, bien analizado lo que ocurrió el pasado
viernes en la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, bien merece una
investigación profunda, tanto desde el punto de vista legal, como desde el
punto de vista político, aunque tampoco debiera justificarse ningún tipo de
linchamiento mediático contra los normalistas.
Y es que, como lo adelantamos en un comentario a priori, o
mejor dicho a boca de jarro, la represión de los movimientos sociales ni es una
salida adecuada que pueda conducir a paz alguna y menos ante un movimiento tan
organizado e histórico como el de Ayotzinapa, ni resguardaría el pilar de la
economía de Acapulco, basado en el turismo nacional, pues si bien puede
atemorizarse al ver encapuchados en las casetas dejándolos pasar a cambio de un
pago “voluntario”, más se aleja si ve el riesgo de encontrarse en medio de un
enfrentamiento con piedras, balas de goma, gases lacrimógenos o toletes y
escudos.
Tanto para el turismo
como para la paz en Guerrero lo mejor es el diálogo, no hay duda de eso, pero
eso no impide, como decía atrás un análisis profundo, una investigación legal
ni la aplicación de medidas jurídicas, en caso de confirmarse, como lo dijo
este lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, infiltraciones
de criminales o de intereses distintos a la lucha por justicia y por hacerse de
recursos necesarios para el sostenimiento tanto del movimiento como de la parte
académica de la vida normalista.
Lo importante es ahora destacar que la sangre no llegó al río
y que todo quedó en dos docenas de lesionados y muchos nerviosos y asustados y
que debe servir para aguzar los sentidos de las autoridades y afilar las
medidas que garanticen la paz que requiere el estado, pero también la justicia
que se reclama por los estudiantes.
Sin justicia no hay paz y sin paz no puede haber justicia.
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