Por Julio Zenón Flores Salgado
Para la mayoría de la gente la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Guerrero (CEDHGRO) es una institución confiable, amistosa, sin
embargo, la falta de actualización en algunos aspectos legales, le pueden llevar
a cometer errores que devienen en analogías del delito o en su participación
directa o indirecta en cobijar delitos o al menos en negar, en la práctica los
derechos humanos que deben defender.
La actuación de sus titulares en el caso de las mujeres
indígenas de Cochoapa El grande, en la Montaña de Guerrero, que fueron
terriblemente maltratadas, una de ellas golpeada al grado de hacerle abortar de
su embarazo de trillizos que tenía, otra perseguida por la propia policía
comunitaria para obligarla a cumplir un contrato de matrimonio obligado (en
realidad de compra-venta) y otras de sus familiares encarceladas, por su
sistema de usos y costumbres, demostró falta de profesionalismo, falta de conocimiento
o falta de empatía hacia las víctimas o en todo caso un tremendo alejamiento de
conciencia de género y eso puede ser la punta del Iceberg, que esconda otras violaciones
a los derechos humanos y bloqueo al desarrollo de las propias trabajadoras de
la CEDHGRO.
Lo anterior salta a la vista cuando la titular de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán y el
entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Javier
Rojas Benito, tardaron once días en acudir a la comunidad de Dos Río, para
intervenir en el conflicto, junto con el Presidente Municipal de Cochoapa el
Grande, Bernardo Ponce García y en lugar de buscar la justicia para las víctimas,
fueron a mediar, es decir, negociar con sus victimarios.
¿Desde cuando la trata de personas, sobre todo cuando
involucra a niñas de grupos vulnerables, como la población indígena de
Guerrero, es sujeta de negociación y no de castigo? Pues eso es lo que fueron a
hacer en el caso de Angélica, una niña indígena na’saavi de 15 años, originaria
de la comunidad de Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.
La historia hecha pública a principios de octubre de este
año, señala que Angélica, tras escapar de la casa de sus tratantes, a quienes
en su comunidad los reconocen como “sus suegros” (sic) – con quienes vivía
desde hace tres años porque fue obligada a casarse a los 11 años con un niño de
12 a cambio de un pago a su padre de 120 mil pesos, cajas de cerveza y metates,
entre otros obsequios– fue encarcelada por la Policía Comunitaria en la
localidad de Dos Ríos, pues había escapado y vuelto con su familia hacía días,
luego de haberse resistido en cuatro ocasiones a ser violada por su tratante,
quien se presume como “su suegro”, el cual consideraba tener derecho a
perpetrar estos actos en virtud de que su hijo Rafael, ahora de 16 años y con
quien supuestamente casaron a Angélica, emigró a los Estados Unidos y no ha
regresado, según relata en un ensayo la activista Muriel Salinas, publicado el
pasado 17 de octubre en Trasfondo informativo.
De acuerdo con ese ensayo, la Convención Interamericana para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem
Do Pará), ha recomendado a los Estados eliminar la mediación, conciliación y en
general todas las formas de solución de asuntos de violencia de género fuera
del espacio judicial.
Añade en su escrito Muriel Salinas que la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de igual forma establece
en su artículo 8 la disposición de “evitar procedimientos de mediación o
conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el
Agresor y la Víctima”, esto porque “no existen condiciones de igualdad para
participar en una negociación equitativa entre las partes involucradas”.
La mediación incrementa el peligro y obstaculiza el acceso a
la justicia de las víctimas, además de que envía un mensaje de impunidad,
permisividad y tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas,
escribió Salinas Díaz y agregó que “Pese a lo anterior, todas estas autoridades
llevaron a cabo un proceso de mediación y conciliación con la Policía
Comunitaria de Dos Ríos y con los tratantes (el padre de la menor y el
comprador), para lograr la liberación de las niñas (Derechos Humanos Guerrero,
2021), en vez de apoyarse en la Guardia Nacional y en la Fiscalía de Guerrero,
para hacer valer la ley en favor de las víctimas.
La activista denunció que “además, incluyeran en dicho
acuerdo el de “dejar abiertas las posibilidades de que Angélica regrese con
Rafael (el niño con el que la casaron y que actualmente no aparece), ya que se
deja a salvo los derechos de la menor para juntarse con su pareja una vez que
cumpla la mayoría de edad.” (González Benicio, 2021)
Muriel Salinas aclara que “Rafael no es la “pareja” de
Angélica”, sino que es un niño víctima de trata que además su familia dice que
emigró a Estados Unidos, sin que de ello haya constancia, pues en realidad se
desconoce su paradero y las autoridades deberían estar buscándolo para ponerle
a salvo.
Para ella, estas actuaciones configuran una suma inaudita de
delitos y violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas,
pues estas autoridades violaron lo dispuesto en la Convención Belem Do Pará, en
el artículo 1º de la Constitución Política de nuestro país, la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Códigos Penales y
el Protocolo de la SCJN para Juzgar con Perspectiva de Género, por lo cual
éstas mismas autoridades debería ahora de ser sometidas a la justicia.
Uno, Rojas Benito, ya dejó el cargo por el cambio de
gobierno estatal, pero la otra, la titular de la CEDHGRO, también debiera
considerar su permanencia en el cargo, ante su incorrecta actuación en este
sonado caso internacional o, al menos, el congreso debiera iniciar una
investigación al interior de esa comisión, sobre si está o no capacitada para
desempeñar ese cargo, sobre todo porque, aunado a lo anterior, se ha sabido de
denuncias de que Muchas abogadas son víctimas de discriminación y techo de
cristal al interior de CDHEG.
Esto no significa otra cosa más que las mujeres se dan
cuenta que existen posibilidades de ascenso.....pero colocan a hombres con
menor trayectoria y menor capacidad para desarrollar el trabajo profesional o
bien colocan a novias, siendo que existen mujeres con amplia trayectoria
profesional y son discriminadas al no contemplarlas a ocupar puestos de toma de
decisiones y de mejor remuneración.
Pero volviendo la tema, en el caso de las indígenas victimizadas
en Cochoapa el Grande, la titular de la CEDH Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, y
Bernardo Ponce García, Presidente Municipal de Cochoapa el Grande, “son
responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos de las niñas y
mujeres víctimas de estos atroces hechos y deberían ser sancionados con base a
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, por haber violado lo
dispuesto en el artículo 1º de la CPEUM, la Convención Belem Do Pará, las leyes
antes referidas y por supuesto por no haber garantizado el debido proceso, la
perspectiva de género e intercultural en todas sus actuaciones”, como escribió
la activista Muriel Salinas.
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