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¿Hora de revisar la actuación en la CEDHG?



BASTA DE IMPUNIDAD EN EL CASO DE LAS INDÍGENAS VICTIMIZADAS EN COCHOAPA EL GRANDE

Por Julio Zenón Flores Salgado

Para la mayoría de la gente la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHGRO) es una institución confiable, amistosa, sin embargo, la falta de actualización en algunos aspectos legales, le pueden llevar a cometer errores que devienen en analogías del delito o en su participación directa o indirecta en cobijar delitos o al menos en negar, en la práctica los derechos humanos que deben defender.

La actuación de sus titulares en el caso de las mujeres indígenas de Cochoapa El grande, en la Montaña de Guerrero, que fueron terriblemente maltratadas, una de ellas golpeada al grado de hacerle abortar de su embarazo de trillizos que tenía, otra perseguida por la propia policía comunitaria para obligarla a cumplir un contrato de matrimonio obligado (en realidad de compra-venta) y otras de sus familiares encarceladas, por su sistema de usos y costumbres, demostró falta de profesionalismo, falta de conocimiento o falta de empatía hacia las víctimas o en todo caso un tremendo alejamiento de conciencia de género y eso puede ser la punta del Iceberg, que esconda otras violaciones a los derechos humanos y bloqueo al desarrollo de las propias trabajadoras de la CEDHGRO.

Lo anterior salta a la vista cuando la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán y el entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Javier Rojas Benito, tardaron once días en acudir a la comunidad de Dos Río, para intervenir en el conflicto, junto con el Presidente Municipal de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García y en lugar de buscar la justicia para las víctimas, fueron a mediar, es decir, negociar con sus victimarios.

¿Desde cuando la trata de personas, sobre todo cuando involucra a niñas de grupos vulnerables, como la población indígena de Guerrero, es sujeta de negociación y no de castigo? Pues eso es lo que fueron a hacer en el caso de Angélica, una niña indígena na’saavi de 15 años, originaria de la comunidad de Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.

La historia hecha pública a principios de octubre de este año, señala que Angélica, tras escapar de la casa de sus tratantes, a quienes en su comunidad los reconocen como “sus suegros” (sic) – con quienes vivía desde hace tres años porque fue obligada a casarse a los 11 años con un niño de 12 a cambio de un pago a su padre de 120 mil pesos, cajas de cerveza y metates, entre otros obsequios– fue encarcelada por la Policía Comunitaria en la localidad de Dos Ríos, pues había escapado y vuelto con su familia hacía días, luego de haberse resistido en cuatro ocasiones a ser violada por su tratante, quien se presume como “su suegro”, el cual consideraba tener derecho a perpetrar estos actos en virtud de que su hijo Rafael, ahora de 16 años y con quien supuestamente casaron a Angélica, emigró a los Estados Unidos y no ha regresado, según relata en un ensayo la activista Muriel Salinas, publicado el pasado 17 de octubre en Trasfondo informativo.

De acuerdo con ese ensayo, la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), ha recomendado a los Estados eliminar la mediación, conciliación y en general todas las formas de solución de asuntos de violencia de género fuera del espacio judicial.

Añade en su escrito Muriel Salinas que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de igual forma establece en su artículo 8 la disposición de “evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima”, esto porque “no existen condiciones de igualdad para participar en una negociación equitativa entre las partes involucradas”.

La mediación incrementa el peligro y obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas, además de que envía un mensaje de impunidad, permisividad y tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas, escribió Salinas Díaz y agregó que “Pese a lo anterior, todas estas autoridades llevaron a cabo un proceso de mediación y conciliación con la Policía Comunitaria de Dos Ríos y con los tratantes (el padre de la menor y el comprador), para lograr la liberación de las niñas (Derechos Humanos Guerrero, 2021), en vez de apoyarse en la Guardia Nacional y en la Fiscalía de Guerrero, para hacer valer la ley en favor de las víctimas.

La activista denunció que “además, incluyeran en dicho acuerdo el de “dejar abiertas las posibilidades de que Angélica regrese con Rafael (el niño con el que la casaron y que actualmente no aparece), ya que se deja a salvo los derechos de la menor para juntarse con su pareja una vez que cumpla la mayoría de edad.” (González Benicio, 2021)

Muriel Salinas aclara que “Rafael no es la “pareja” de Angélica”, sino que es un niño víctima de trata que además su familia dice que emigró a Estados Unidos, sin que de ello haya constancia, pues en realidad se desconoce su paradero y las autoridades deberían estar buscándolo para ponerle a salvo.

Para ella, estas actuaciones configuran una suma inaudita de delitos y violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas, pues estas autoridades violaron lo dispuesto en la Convención Belem Do Pará, en el artículo 1º de la Constitución Política de nuestro país, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Códigos Penales y el Protocolo de la SCJN para Juzgar con Perspectiva de Género, por lo cual éstas mismas autoridades debería ahora de ser sometidas a la justicia.

Uno, Rojas Benito, ya dejó el cargo por el cambio de gobierno estatal, pero la otra, la titular de la CEDHGRO, también debiera considerar su permanencia en el cargo, ante su incorrecta actuación en este sonado caso internacional o, al menos, el congreso debiera iniciar una investigación al interior de esa comisión, sobre si está o no capacitada para desempeñar ese cargo, sobre todo porque, aunado a lo anterior, se ha sabido de denuncias de que Muchas abogadas son víctimas de discriminación y techo de cristal al interior de CDHEG.

Esto no significa otra cosa más que las mujeres se dan cuenta que existen posibilidades de ascenso.....pero colocan a hombres con menor trayectoria y menor capacidad para desarrollar el trabajo profesional o bien colocan a novias, siendo que existen mujeres con amplia trayectoria profesional y son discriminadas al no contemplarlas a ocupar puestos de toma de decisiones y de mejor remuneración.

Pero volviendo la tema, en el caso de las indígenas victimizadas en Cochoapa el Grande, la titular de la CEDH Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, y Bernardo Ponce García, Presidente Municipal de Cochoapa el Grande, “son responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos de las niñas y mujeres víctimas de estos atroces hechos y deberían ser sancionados con base a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, por haber violado lo dispuesto en el artículo 1º de la CPEUM, la Convención Belem Do Pará, las leyes antes referidas y por supuesto por no haber garantizado el debido proceso, la perspectiva de género e intercultural en todas sus actuaciones”, como escribió la activista Muriel Salinas.

Es de esperarse que en el recién instalado gobierno de la 4T en Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, no se permita que continúen en la impunidad ese tipo de conductas y que a través de la fracción de diputados de Morena, se impulse, desde el Congreso, alguna postura de condena y sanción que sean determinantes.

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Portal editado por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Periodista y escritor. Licenciado en ciencias de la comunicación, maestrante en Ciencia Política y diplomado en MKT digital; Columnista en La Jornada Guerrero, Enfoque informativo y en Redes del Sur. www.facebook.com/trasfondoinformativo, Escríbenos a zenon71@hotmail y suscríbete en el canal de youtube trasfondo informativo

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