Por Julio Zenón Flores Salgado
La toma de las instalaciones del congreso de Guerrero por un
grupo de 60 trabajadores, el pasado 14 de julio, carece de legalidad y tiene
trasfondo político, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), Alfredo Sánchez Esquivel, quien lamentó que esa situación haya
impedido que el gobernador Héctor Astudillo Flores acudiera a rendir su informe
ante la 62 legislatura.
En una conferencia de prensa ante periodistas de la fuente
legislativa, el diputado explicó que las razones esgrimidas por el líder del
SUSPEG, David Martínez Mastache, son ficticias, ya que la primera de ellas es
la solicitud de un incremento salarial, mismo que ya se firmó desde el pasado
mes de junio con el sindicato, y la segunda es la entrega de un bono de fin de periodo,
cuya fecha de entrega -el 17 de julio- aún no vencía.
Descartó, por otra parte que se trate de un movimiento
legítimo de huelga, ya que no se cumplen los requisitos legales para ello, por
ejemplo, las banderas de huelga deberían de colocarse fuera de las instalaciones
y los trabajadores deberían estar dentro del lugar, además de que debió
notificarse con demandas creíbles, explicó.
En cambio, relató, el pasado miércoles 14 de julio un grupo
no mayor a 60 trabajadores tomaron las instalaciones del congreso, cuando
acababa de terminar una reunión de la Jucopo, en la cual se acordó lo relativo
al informe de gobierno del gobernador Héctor Astudillo; en ese sentido, el
Congreso de Guerrero estaba listo y en condiciones de recibir al titular del
poder ejecutivo del estado, aseveró.
Dijo que había condiciones ni siquiera para establecer una
mesa de diálogo ni se podía responder de inmediato a las demandas de los que “tomaron
por asalto” las instalaciones del congreso porque de por medio violaciones al
orden jurídico, como el que estaban cerrados todos los accesos y salidas del
congreso, por lo cual se le informó al representante del SUSPEG, David
Martinez, quien a su vez pidió que se abrieran las puertas, sin que se llevara
a cabo.
Lo del aumento, precisó, el acuerdo fue del 3. 15 por ciento,
retroactivo al 1 de febrero del año presente y ya estaba acordado, mientras que
el bono que se exigía se tenía ya como fecha de entrega hasta el 17 de julio,
pero además, el representante sindical pedía que se entregara a todos los
trabajadores, siendo que la reglamentación establece que sólo es para las
categorías más bajas, hasta las secretarias.
“Llama la atención que exijan un aumento salarial que ya
estaba acordado y un bono que aún no pasaba el tiempo para entregarlo”, dijo y
por ello concluyó que ese movimiento “tiene un trasfondo político”, en tanto
que reiteró que el congreso no puede ceder a presiones y chantajes de ese tipo.
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