Por Miguel Ángel Godínez Muñoz
La historia de nuestros países, México y Colombia, está marcada por realidades tristes que devastan moralmente a nuestras sociedades, las que en su inmensa grandeza están integradas por hombres libres y de buenas costumbres, personas humildes y trabajadoras, y mentes brillantes que rutilan a lo largo y ancho de la Tierra.
En las últimas décadas en Colombia, los llamados “falsos positivos” han constituido, sin duda alguna y como lo escribí en mi libro “La inocencia en el sepulcro: una historia de falsos positivos”, el capítulo criminal más escalofriante, absurdo y vergonzoso de nuestra historia, que ni siquiera es comparable con la maquinaria asesina de Pablo Escobar y las mafias del narcotráfico que asolaron al país en los 80 y los 90.
Qué tristeza que sean el narcotráfico y los falsos positivos los flagelos que unan a dos naciones que merecen desarrollarse en el contexto de la prosperidad y del bienestar común.
La experiencia traumática de los fasos positivos en México la pinta con exquisitez literaria el autor mexicano José Reveles en su libro “Levantones, Narcofosas y falsos positivos”, en el que se refiere a lo sucedido en Colombia y cuenta cómo este episodio “llevó a generales, coroneles y mandos medios militares a ser procesados, y a centenares de familias a luchar para que fueran castigados los perpetradores”, advirtiendo en la época en que lo escribió que este tema era “ignorado generalmente en México, donde tal vez podríamos rebautizarlos como ‘falsos narcos’, ‘falsos delincuentes’ o ‘inocentes en el sepulcro’”, parodiando el título del libro del colombiano Germán Calderón España “La inocencia en el sepulcro: una historia de falsos positivos”.
Así escribimos y reescribimos los autores la historia de los falsos positivos en Colombia, y ahora en México, donde el flagelo adquirió dimensiones catastróficas.
En Colombia, el escándalo se desató a partir del descubrimiento de fosas comunes con cadáveres de jóvenes de Soacha, una población cercana a la capital Bogotá, con cordones de miseria y pobreza absoluta que en un inicio se mostraron como bajas en combates entre el ejército nacional y la guerrilla de las FARC.
En esa época se reportaron cifras escalofriantes, incluidas en informes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacen parte el Programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa Nacional, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas: 7,763 desapariciones, de las cuales 3,090 ocurrieron en 2008, 1,686 forzadas y del resto nunca se supo nada.
Las víctimas hacían parte de grupos políticos de oposición, líderes sindicales, sociales y comunitarios, indígenas o exintegrantes de grupos armados, comerciantes, y lo más doloroso, jóvenes desempleados.
Estos crímenes se catalogaron en su momento dentro del título de crímenes de lesa humanidad atentatorios de los derechos humanos, como lo contempla el Código Penal Colombiano en uno de sus capítulos, a más de tipificarse también en los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Desaparición Forzada, debidamente ratificados por el Congreso y el gobierno colombiano.
La perversa práctica provenía del mercado negro de seres humanos que engordaban el “body count” de ciertas brigadas del ejército vietnamita del sur, pues en su época ejecutaban pobladores y los hacían pasar como enemigos muertos en combate.
Tanto en Vietnam del Sur como en Colombia, entre mayor número de bajas dadas en combate reportadas por los soldados bajo esta práctica, estos obtenían honores, recompensas pecuniarias y permisos. Todo permitido por una Circular expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.
El procedimiento aplicado consistió en el reclutamiento de jóvenes inermes seleccionados del vasto ejército de desempleados, marginados e indigentes, de aquellos que pululan por las calles de nuestros pueblos y ciudades, en el que jugaba un papel importante una prostituta o un informante y quienes, bajo engaños y una falsa promesa de una plaza laboral, los conducían a parajes rurales apartados y los acribillaban en masa por soldados que en últimas, los presentaban como guerrilleros dados de baja en combate, en un acto de barbarie y perversión sin límites, sin antecedente alguno en la turbulenta historia de nuestro país.
La llamada “auténtica purga” que sobrevino en las filas del ejército colombiano, al parecer no ha dado los resultados esperados porque hace algunos días se descubrió, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia del post conflicto, una fosa común en Dabeiba, Antioquia, con cadáveres que al decir de las autoridades, constituye un segundo episodio de los falsos positivos en Colombia.
Pareciera que no fuesen suficientes las condenas penales de más de 30 años de prisión a los perpetradores de estos actos crueles y sangrientos, el dolor de las madres que lloran a diario a sus hijos y la tragedia que causó el fenómeno a toda una comunidad ávida de paz y tranquilidad.
Vale aquí decir que nuestra augusta institución militar en Colombia tiene en su mayoría soldados de bien, que nos enorgullecen con su entrega y mística, pero no sobran las manzanas podridas que la oscurecen con acciones macabras como éstas.
En México, las desapariciones de jóvenes en masa, particularmente estudiantes, cobra fuerza, en la esperanza que las experiencias vividas en Colombia sirvan de ejemplo para proscribir estas prácticas malsanas que destruyen cualquier expectativa de una sociedad en paz.
Por ahora, van mis deseos dirigidos hacia la consolidación de buenas prácticas para la erradicación de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, en nuestros queridos países que cuentan con nuestros testimonios y narraciones pertinentes sobre hechos que quisiera uno jamás se materializaran con el dolor de víctimas hermanas, causando episodios que las nuevas generaciones nunca podrán borrar de sus memorias.
Solo basta llamar a nuestras autoridades y a los protagonistas de los conflictos que nos aquejan a una reflexión inquietante y perturbadora, sobre las abismales diferencias sociales que sirven de caldo de cultivo a estas prácticas.
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