Por Miguel Ángel Godinez Muñoz
En un mundo donde el cambio es seguro, la incertidumbre es parte de nuestra vida diaria así como en el entorno natural del comportamiento humano, por eso la experiencia es la mejor protección, considero que debe existir un liderazgo y orientación estratégica para abordar las necesidades críticas de las personas en México y el mundo, dirigido por conocedores y no por políticos.
La falta de investigadores eficientes a generado incertidumbre legal en nuestra sociedad, toda vez que lo esfuerzos son eficientes mas no suficientes, debemos trabajar con mecanismos que permitan abordar el fenómeno de violencia y la criminalidad bajo una objetiva, eficiente y eficaz respuesta que permita a los ciudadanos sentirse seguros en su integridad, en la protección de sus bienes jurídicos fundamentales y confiados en las instituciones estatales y federales encargadas de gestionarlos, promoviendo la prevención del delito, esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, lo anterior fomentara la cultura de la denuncia, generado así también, una percepción de seguridad personal y empresarial dentro de un punto geográfico especifico.
Es frágil la estructura y compromiso de las instancias de control social, lo que agrava la situación; hace unos años realizamos con la UNODC Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, una investigación inédita en México, la cual es referencia para marcar la importancia de una eficiente investigación dentro de políticas criminales en un país, mostrando ademas, la desintegración y la violencia que entre otros factores, amenazan a la familia desde su interior. Asimismo, la debilidad de las instituciones del Estado, en especial del sistema de justicia penal, que genera altos niveles de impunidad. Aunado a ello, factores externos presionan por la creación de leyes contrarias a los derechos humanos, alentados por una economía mundial neoliberal en el país, así mismo predomina un modelo económico extractivo de los recursos naturales que posiblemente acentuaría la enorme brecha de exclusión y marginación social ya existentes.
Las políticas públicas, requieren de diseño y planeación basado en investigación y elaboración de diagnósticos reales, con objetivos, indicadores, líneas estratégicas y de acciones concretas, entre otras variables claramente definidas, es parte del proceso de atención institucional para lograr satisfacer las necesidades de justicia y seguridad de la población, por lo que recomiendo que se deben de tomar en cuenta no solo las estadísticas oficiales, también las de organizaciones no gubernamentales, víctimas o de fundaciones sin fines de lucro, ademas de las empresas de investigación privada.
La situación desbordada de violencia y criminalidad que vive nuestro país México, constituye una prioridad nacional, tanto en la agenda del sector público como del sector privado y de la población en general, siendo de relevancia internacional al momento de la toma de decisiones en la inversión extranjera.
Si bien es cierto que ha habido intentos esporádicos de estructurar una política criminal los mismos no fueron, ni integradores, ni socialmente sostenidos en el transcurso del tiempo. La realidad nos indicó que fue difícil lograr esa articulación, pues cada institución que debió implementar esfuerzos, accionó de forma autónoma y los mismos no se pudieron armonizar. Por tal razón, la ausencia de una verdadera política criminal, integradora, orientadora e impulsada en la defensa de los derechos humanos, así como de la garantía física y financiera de las empresas, ha sido factor que impidió el control en tiempo del aumento de la violencia y criminalidad.
Una función esencial de una política criminal es la creación de las estrategias interinstitucionales para el abordaje articulado de los hechos y fenómenos criminales priorizados, de los cuales recomendamos cuatro ejes para sentar una política criminal en México; la prevención, la investigación institucional y privada, la sanción y la reinserción, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores del país.
La investigación privada es desde hace ya algunos años la herramienta cada vez mas buscada por empresas o ciudadanos mexicanos y extranjeros, que tienen la necesidad de hacer valer sus derechos o garantías dentro de nuestro actual estado de derecho; de lo anterior tenemos un claro ejemplo en la expansión del derecho penal mediante la creación de leyes que amplían o modifican y agregan nuevas figuras delictivas al tenor de la teoría del derecho penal del enemigo, que para algunos estudiosos es restrictiva de las garantías y derechos humanos de las personas, sin embargo nuestra realidad nos demuestra que en la actualidad e historia reciente del país no hay antecedentes de una política criminal de Estado que haya sido suficiente y eficiente frente a los retos que tenemos como sociedad.
Una eficiente política criminal nos obligaría a interactuar entre diferentes disciplinas como la investigación científica, la academia, la medicina, y el derecho para entrar al análisis de la neurociencia y el comportamiento humano; lo repito nuevamente, ir un paso adelante, no solo ser una generación reactiva, ya lo he señalado con anterioridad en uno de mis libros cuando hablo de la conducta reactiva de cada individuo sobre la cual no se tiene control mental pero si emocional al reaccionar ante ciertas circunstancias del mundo externo que nos rodea a diario; es importante voltear a ver que las universidades como Harvard tienen tres generaciones de profesores estudiando y trabajando en una explicación del estrés como causa de enfermedad pero ademas de la posible comisión de delitos.
El avance tecnológico y de la ciencia es muy rápido e impredecible, generando con esto nuevos escenarios de conductas innovadoras nunca antes vistas pero que pueden causar un daño a los bienes jurídicos tuteados por la ciencia del derecho así como a la las garantías individuales como seres humanos, hablamos de nuevas conductas y nuevos delitos.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a materializar el sueño de vivir en un país más seguro, libre de violencia, orientado a asegurar a la niñez y a la juventud, y la población en general, los espacios vitales que los alejen del crimen y les brinde la oportunidad de construir un mejor futuro. En esa misma dirección, se promueve la cultura de legalidad que obliga al respeto irrestricto del marco normativo nacional e internacional vigente.
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