Por Julio Zenón Flores/Trasfondo
Sobre la realidad de que en México el 32 por ciento de los
11 mil 592 kilómetros de litorales están concesionados a particulares y que a
eso se debe sumar infinidad de espacios ocupados ilegalmente por personas o
empresas que buscan obtener un fin lucrativo, han coincidido los esfuerzos de
dos acapulqueños que tratan de establecer distancia entre sí: Adela Román
Ocampo, alcaldesa de Acapulco y Manuel Añorve Baños, senador guerrerense.
Parece extraña la coincidencia entre los políticos
mencionados, que en la práctica han vivido varios desencuentros, pues se ubican
en los extremos de participación política: ella en Morena, que habla de una cuarta
transformación y avanza en el desmantelamiento de lo hecho por el PRI, mientras
que él milita en el tricolor en la entidad y trata de volver a ocupar el poder
perdido ante Morena en la elección del pasado 2018.
En la práctica, a pesar de las diferencias entre ellos, las
acciones de Añorve Baños y de Adela Román, tendrán una repercusión directa en
la política que se aplica y que se podrá aplicar en Acapulco, en donde los
prestadores de servicios turísticos libran actualmente una batalla para echar
abajo acciones legales de recuperación de espacios llevados a cabo por la
comuna porteña y que les llevó incluso a tomar parte de la explanada del zócalo
en la Ciudad de México, para protestar por dichas acciones.
Por un lado la presidenta municipal asumió, desde el
principio de su gobierno, como propia la línea del presidente Andrés Manuel
López Obrador, de recuperar los espacios públicos para regresarlos a los ciudadanos,
entre ellos la playas, que como es
público, en Acapulco habían estado -y en parte siguen estando- en poder
personas y empresas para colocar embarcaciones, vallados, negocios de consumo
de alimentos, bebidas alcohólicas y hasta de placer, según ha dado a conocer en
alguna entrevista Adela Román, sin olvidar la construcción anárquica de hoteles
y otro tipo de empresas en las zonas federales.
El rescate de dichos espacios públicos de playa fue visto
por la alcaldesa no solo como la oportunidad de devolver a los acapulqueños su
uso, para que en vez de tener que pagar una renta forzada a quienes te
obligaban a usar una palapa o un toldo y unas sillas viejas de plástico, para
poder estar en la arena, los ciudadanos pudieran llevar su propia sombrilla o tender
su toalla sin tener que pagarle a nadie por disfrutar su zona federal, sino que
también lo asumió como un tema de seguridad, pues asegura haber descubierto que
en algunos espacios ya sea concesionados o con permiso o bien ocupados de
manera ilegal, se comerciaba con drogas y hasta con sexo con menores de edad, o
servía de refugio de delincuentes que asolaban a la ciudadanía porteña.
Román Ocampo incluso realizó un recorrido por la zona
Diamante, en donde pudo constatar que decenas de accesos a las playas han sido
ocupados ilegalmente por hoteles, condominios y casas particulares de los adinerados
que han construido sobre ellos desapareciendo andadores y brechas que daban
acceso a pobladores, ante el disimulo de autoridades corruptas que dieron
permisos a cambio de fuertes cantidades de dinero a sus cuentas personales.
La energía de la primera edila acapulqueña no fue bien
recibida por aquellos que fueron desalojados de esos espacios ocupados ilegalmente,
además de que hay evidencias de que los empleados y funcionarios de bajo rango
enviados cumplir las órdenes municipales incurrieron en excesos, como en el
caso del líder de cooperativistas prestadores de servicios turísticos, Salvador
Soto Sánchez, lo que generó un fuerte movimiento de resistencia que han
colocado lonas con mensajes insultantes hacia el gobierno municipal y han
terminado por ir a la CDMX a hacer públicas sus inconformidades.
Por otro lado, el trabajo de la primera edil, obtuvo un inesperado
apoyo de su adversario político, el legislador guerrerense Manuel Añorve, quien
fue pieza fundamental en el dictamen de la comisión que preside y finalmente
para que el pleno del Senado resolviera el pasado 29 de septiembre de este año
diversas adecuaciones a la constitución que hacen más clara la obligación de
las autoridades y les da mayores elementos para defender el uso y disfrute de
las playas para los ciudadanos.
Al respecto Añorve Baños escribió en un artículo publicado
en El Universal, el pasado 9 de octubre, que el Senado en pleno avaló una
minuta proveniente de la cámara de diputados, con un proyecto de decreto que
contiene la adición de un tercer párrafo al artículo 8º, un párrafo segundo al
artículo 127 y un artículo 154 a la Ley General de Bienes Nacionales que garantiza
el libre acceso y tránsito a las playas del país y que en el caso de que no
existan vías públicas, los propietarios de los terrenos colindantes estarán
obligados a dar libre acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las
playas que ahí existan, so pena de ser multados con hasta 12 mil unidades de
actualización y en caso de reincidencia hasta de perder la concesión, si condicionan
o impiden el libre acceso.
La verdad es que si lo aprobado en el Senado, una vez que se
decrete por el presidente López Obrador y se aterrice a las leyes reglamentarias
en los estados y municipios, permitirá a ediles que como Adela, se han
propuesto devolver al pueblo el uso libre de sus playas.
La coincidencia de objetivos, entre adversarios de la
política, ha dado un buen resultado y da ejemplo de lo que se puede hacer al
margen de los gritos y sombrerazos que menudean en las campañas políticas.
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