La jueza del poder judicial del estado de Guerrero, María
Guadalupe Urrutia Martínez, fue señalada por la viuda de su hermano de estar
usando sus influencias dentro del poder judicial para despojarla y dejarla en
el desamparo junto con sus hijas aprovechándose de la posición que ocupa en el
Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
Velinda Rodríguez Arizmendi, viuda de Roberto Urrutia Martínez,
señaló en una rueda de prensa virtual realizada este lunes en Acapulco que la
magistrada pretende quedarse con “la masa hereditaria en favor de su esposa y
de sus hijas, y con ello dejar en el desamparo a los herederos de su hermano.
La denunciante hizo un angustioso llamada al magistrado
presidente del tribunal superior de justicia del estado, Alberto López Celis,
para que intervenga y evite la juez cometa ese tipo de actos de corrupción y
atropello del derecho y que no permita que se desvíe el curso de la justicia, pues
de concretarse esa familia quedaría en el desamparo.
Cabe señalar que de acuerdo a investigaciones periodísticas,
la juez Urrutia Martínez ya fue acusada
en el año 2014 de que estuvo actuando de manera parcial en el caso de guarda y
custodia del menor Jordy Daniel Rea Ponce.
Un periodista que se vio afectado por esa actuación señaló
que la juez llevó todo el juicio en favor de la madre Marisol Ponce Leyva sólo
porque trabajan en coordinación en la Unidad de Violencia familiar donde es la
psicóloga. El afectado relató que "me accidente en esos días y me
requirieron en el juzgado y pese a que mande una incapacidad le dieron la
guarda y custodia a ella aprovechando que yo estaba en cama sin poder
levantarme ".
Lo anterior fue denunciado por el Comunicólogo Cuauhtémoc Rea Salgado quien dijo que desde que inició el proceso legal de guarda y Custodia el juicio tuvo una serie de irregularidades "desde el comienzo se vio claramente el favoritismo hacia la madre del menor ya que la juez ni siquiera leyó la contestación de la demanda posteriormente me mandaron a Acapulco con psicólogos que no habían terminado su carrera y que estaban haciendo su servicio; el estudio socio económico se hizo cuando no estuve y eso es alevosía y ventaja”.
Explicó el corresponsal de un medio impreso que el menor la
madre se lo dejo cuando ella abandono el hogar "desde el mes de Noviembre
del 2013 ella decidió salirse de la casa
luego de involucrarse
sentimentalmente con el abogado de la unidad de violencia municipal donde labora y dejar al menor conmigo levanté un acta de abandono y pese a todas
las pruebas aportadas siempre se inclinó a favor de ella”.
Por otra parte, ya en 2015, profesores de Atoyac llamaron a
movilizaciones en voz del profesor y jefe de enseñanza , Mariano Laurel Godoy
así como abogados inconformes para pedir la salida inmediata de la Juez de lo
familiar María Guadalupe Urrutia Martínez acusándola de mala impartición de
justicia.
Declaró entonces el maestro que la ley no es igualitaria en
los géneros, y que acudiría ante el tribunal del Estado, para poner una queja
por malos tratos y por mala impartición de la justicia y explicó que a ello se
integraron las organizaciones de consejo ciudadano del estado de Guerrero, la
Organización de Lucio vive, abogados y ciudadanos a los cuales han sufrido de
malos tratos así como de injusticias y burlas por parte de la juez y de la
actuaria.
De igual manera, la señalada tiene en su historial que en el
año 2016, fue removida de su cargo quedando en su lugar Martha Loyo Simón que
comenzó a fungir como juez de lo familiar el martes siguiente a la remoción de
Urrutia.
En esa ocasión, después de que fue removida, la Juez acudió
al Juzgado de lo familiar para recoger algunas cosas que tenía en su despacho y
ahí una mujer la encaró para reclamarle algunas cosas y le dijo que la iba a denunciar
por fraude y abuso de confianza; luego del percance que fue delante de todos,
la juez se retiró del lugar, sin decir nada.
Ya en el 2018, se presentó otra queja contra ella cuando fue
denunciada por presuntos actos de corrupción, porque aseguran que estafó a varias
personas a las que pidió dinero a cambio de sentencias definitivas a su favor.
En noviembre del 2018, según los registros periodísticos, Amparo
Solís Benítez y Mónica Pérez Acevedo, se dijeron afectadas por Guadalupe
Urrutia y presentaron la denuncia ante el presidente de la Sala Civil del Poder
Judicial, Vicente Rodríguez Martínez, a quien expusieron cómo la juez pedía que
le llevaran asuntos y ella los cobraba.
Ahora, cuando desempeña su trabajo en la ciudad de Iguala,
fue acusada por la viuda de su hermano de que está moviendo sus influencias
para dejarlas en el desamparo, alegando que el marido de Velinda Rodríguez y
hermano de la juez, murió intestado y tratando de desconocer el matrimonio que
tuvo la quejosa con el difunto por más de 20 años, tiempo en el cual procrearon
tres hijas.
Señaló que la juez acusada de corrupta está aprovechando su
posición y el hecho de que las víctimas carecen de recursos económicos para
librar una batalla legal.
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