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Campaña de descalificación, orquestado por el gobierno del estado: CRAC-PC

Baldemar Gómez Roque

Chilpancingo, Gro., a 17 de febrero de 2020.-Integrantes de las cinco Casas de Justicia de la CRAC-PC denunciaron una campaña de difamación y descalificación a la institución comunitaria por parte del gobierno del estado, colocando en un ambiente de vulnerabilidad a sus representantes, el cual pone en peligros sus vidas.

En conferencia de prensa en la capital del estado, denunciaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir que no proceda la propuesta de reforma a la Ley 701 que promueve la CRAC-PC en el Congreso local y que quede firme la que aprobó la anterior legislatura, en la que se desconocen las actividades de la agrupación.

Los representantes de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Las Juntas Caxitepec, encabezados por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, demandaron a los diputados locales que se aprueben las reformas a la citada ley que presentaron y que cuentan con el respaldo de organizaciones sociales y de las cinco casas de la CRAC-PC.

En su intervención del director del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, dijo que desconocen el motivo por el que el gobernador acudió a la SCJN cuando este es un asunto que tiene que resolver el Congreso local.

Por su parte, el señor Taurino Reyes, de la casa de justicia de Espino Blanco, dijo que a raíz de la campaña de difamación que hay contra la CRAC-PC se han presentado algunas denuncias contra miembros de la organización, mismo que pone en riesgo sus vidas propias y de su familia.

Señalaron que a lo largo de estos años varias autoridades y policías comunitarias perdieron las vidas, han sido encarceladas por cumplir con el mandato de la asamblea regional. Los mismos jueces se han empeñado en criminalizar al sistema normativo y han girado orden de aprehensión contra varios coordinadores, consejeros, comandantes y policías comunitarios que pertenecen a esta organización. Los Ministerio Público han asumido una postura persecutoria contra quienes se encargan de investigar los delitos y garantizar la seguridad de los pueblos indígenas.


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