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En transporte: Quitar concesiones o dar seguridad: ¿cuál es la prioridad?

TRASFONDO

Por JULIO ZENON*

Viernes y sábado la incertidumbre respecto del servicio de transporte público, recorrió Acapulco.
De hecho, toda la semana.
El lunes, un grupo de transportistas se atrevió a salir a las calles.
Llegaron al Centro de Convenciones y de ahí marcharon por la Costera, pidiendo paz y seguridad. Es más, pusieron los nombres de los principales responsables que los asuelan cada día exigiéndoles cuotas para dejarlos trabajar, en sendas lonas impresas.
En respuesta, los transportistas sufrieron una serie de agresiones: el martes asesinaron al chofer de un urbano y quemaron una camioneta de transporte de pasajeros, en lugares céntricos y visibles.
El miércoles los ataques escalaron y fueron cuatro camiones de transporte de pasajeros los que resultaron incendiados.
Ya el viernes, la zona poniente de Acapulco estaba sin servicio, en tanto que ese mismo día, por la tarde, circuló la versión de que el sábado siguiente más transportistas se sumarían al paro, para conseguir la atención de la autoridad.
Para entonces la Fiscalía General del Estado (FGE) que dirige Jorge Zuriel de los Santos Barrila, agilizó unas investigaciones que traía en sus carpetas y en el seguimiento fue atacada la policía ministerial en dos puntos, que se sabe, son controlados por las pandillas del Virus y el Capuchino: La Sabana y la calle de Vallarta, en la colonia Progreso, donde cuatro cobracuotas fueron abatidos por los policías, que respondieron a la agresión.
El sábado, tres funcionarios estatales: El Fiscal General, De los Santos Barrila, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar y el secretario de seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, garantizaron seguridad por tierra y aire y lograron que el servicio se restableciera.
Llama la atención que los ataques al transporte de pasajeros ocurrieran en sitios muy céntricos y públicos y que no existiera ahí ningún dispositivo de PREVENCIÓN, a pesar de que era obvio lo que se desencadenaría después de la manifestación del lunes: hasta los reporteros compartíamos el temor de que en la misma marcha se generaran represalias.
La primera pregunta que surge es ¿En dónde se metió el secretario de seguridad pública municipal Gerardo Rosas Azamar, siendo él directamente responsable de la PREVENCIÓN? ¿Estaría en su bunker de la SSP de la Progreso amenazando policías que no lo ven con buenos ojos? El asunto es que cumpliendo su trabajo no estuvo. No aplicó ningún protocolo de PREVENCIÓN y eso derivó en la desesperada medida del paro planteado por los transportistas.
El por qué Rosas Azamar no actuó, cuando cualquier policía con dos dedos de frente lo hubiera hecho, para prevenir los daños a las unidades de transporte, se explicó hasta el domingo en que la alcaldesa Adela Román Ocampo, en entrevista, dio a conocer que ella considera que el problema era del gobierno del estado, por haber dado tantas concesiones de transporte y haber inundado con ellas el puerto de Acapulco.
Para la alcaldesa, no es un problema de PREVENCIÓN, sino de exceso de unidades e incluso, mostró un rostro de exagerada rudeza, al exclamar que si dependiera de ella ya hubiera cancelado las concesiones a los transportistas que se negaban a dar el servicio el viernes y el sábado.
En otro contexto se le habría aplaudido a la presidenta municipal.
Es cierto que el transporte público debiera ser regulado en Acapulco y sometido a la autoridad para que no hagan lo que les venga en gana; pero en el contexto de lo ocurrido esta semana que recién terminó, es un error que apunta en el sentido de justificar la ineficacia de su secretario de seguridad de pública, que no actúa como policía, que no sabe, al menos esa apariencia da, ejecutar protocolos policíacos de PREVENCIÓN.
Y lo que es peor: la justificación de la falta de medidas preventivas, apunta a culpar a las víctimas, es decir a los transportistas que pedían seguridad, de lo que les pasa, y eso es un error grave.
La alcaldesa debiera tener claro que la regularización del transporte es una cosa, y la SEGURIDAD es otra, y que si bien, es cierto que a la Fiscalía le toca investigar y perseguir a las bandas delincuenciales, al municipio le toca PREVENIR y a las autoridades federales actuar con eficacia, siendo como es un problema de CRIMEN ORGANIZADO, que debería estar movilizando a la Guardia Nacional.
La visión de que el policía municipal es sólo sacaborrachos, o para perseguir a los que violan el bando de policía y buen gobierno, es anquilosado; es necesario poner a la policía preventiva en el nuevo contexto nacional y para eso se requiere al frente de la policía –aunque parezca perogrullada- a un policía, no a un marino experto en inteligencia.
Dice la alcaldesa que si ella fuera gobernadora le hubiera quitado las concesiones a los transportistas que se negaban a dar el servicio. ¿Y eso resolvería la seguridad del resto? ¿Eso acabaría con la quema de unidades? ¿terminaría con la extorsión y el cobro de cuotas?
Al parecer no. Para que eso ocurra hace falta que cada orden de gobierno cumpla su parte en la seguridad.
¿Usted qué opina?

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*JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Periodista y escritor. Licenciado en ciencias de la comunicación por la UAGRO y maestrante en Ciencia Política por el IIEPA-IMA; Editor de Trasfondo informativo desde 2011. Columnista en La Jornada Guerrero, Enfoque informativo y en Redes del Sur; ex corresponsal de Notimex, ex jefe de periodismo de investigación de Novedades Acapulco y ex jefe de información de Enfoque informativo. Visítanos en www.facebook.com/trasfondoinformativo, escríbenos a zenon71@hotmail y recibe toda la información en tu correo totalmente gratis.

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