Por Julio Zenón Flores Salgado/Trasfondoinformativo
Contra todas las expectativas, las cifras de los últimos
diez años de Coneval presentan a un estado de Guerrero con avance en el combate
a la pobreza y la pobreza extrema, en que la entidad ha tenido a tres
gobernadores: Héctor Astudillo Flores, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega
Jiménez. Los avances son mínimos en realidad en ese lapso.
Las cifras que se presentan en los anexos técnicos, sin
embargo, deben tomarse como una fotografía de los resultados de lo que se ha
hecho y de lo que se ha dejado de hacer, para construir un nuevo planteamiento,
acorde a los nuevos tiempos, para avanzar en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
La política en general no se puede entender, como no se puede
entender ningún ejercicio de gobierno que no busque atender a los más pobres
del estado, partiendo de un rezago histórico y de una injusta distribución de
los ingresos nacionales, que es una variable que también debiera analizarse a
la hora de hablar de resultados en el combate a la pobreza. No se puede juzgar
de exitoso o no a un gobierno si no se valora también la cantidad de recursos
destinados por la federación a esa entidad.
A reserva de analizar año con año, del 2008 al 2018 el
porcentaje de población en pobreza en Guerrero disminuyó de 68.4 a 66.5 por
ciento, mientras que en pobreza extrema el porcentaje pasó del 32.4 al 26.8 por
ciento, lo que reflejaría que en este último rubro se ha tenido un mayor éxito
relativo.
En el otro extremo, la población no pobre y no vulnerable
creció en la entidad guerrerense del 6.8 al 7.3 por ciento.
En cuanto a ingresos inferiores a la línea de pobreza
extrema la cantidad de personas disminuyó ligeramente al pasar de 38.9 a 38.6
por ciento, al igual que la población con ingresos inferiores a la línea de
pobreza por ingresos, que se redujo del 70.4 por ciento al 69.5.
Concretamente, los datos de Coneval presentados este
miércoles para Guerrero, señalan que el rezago educativo se disminuyó del 28.5
por ciento al 23.7 por ciento, la carencia de acceso a la salud pasó del 55.9
por ciento a sólo el 13 por ciento, en cuyo renglón se puede apreciar una línea
exitosa, en cambio en el acceso a la seguridad social se tuvo un retroceso del
81.2 al 75.6 por ciento, en acceso a la alimentación se creció apenas del 34.0
al 35.6, en tanto que en la calidad y espacios de la vivienda se tuvo una
fuerte caída del 44.7 por ciento al 28.8, mientras el acceso a los servicios
creció del 54.6 por ciento de la población al 58.6,
La situación presentada a nivel nacional del agravamiento de
la pobreza en las entidades federativas y en país como tal, llama la atención pues
pone el acento en el hecho de que carece de políticas públicas eficaces para
superarla.
Y no son simplemente números, cuando se habla de pobreza se
habla de personas, de hombres y mujeres que no tienen acceso a al menos un
servicio social básico, en el caso de la pobreza y al menos a tres de ellos en
el caso de la pobreza extrema, además de que carece del ingreso suficiente para
acceder a estos.
Por supuesto que el cambio de régimen federal en sus
primeras expresiones afecta negativamente a las políticas públicas contra la
pobreza, ya que la primera medida para relanzar la conducción del país, es la
retención y el reencauzamiento de los recursos federales destinados en el
pasado régimen a los programas sociales de mitigación.
De ahí que los sectores de salud, de producción en el campo,
las madres solteras, los sectores que recibían asistencia social, en un primer
momento se vean afectados en lo que el nuevo gobierno decide las nuevas reglas
de operación, sin romper con las viejas leyes que los enmarcan, con la claridad
de que llegará el momento en que se decidan a romper esas viejas leyes, es
decir, modificarlas para amparar la nueva política social y económica que rige
en el nuevo gobierno.
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