TRASFONDO
Por JULIO ZENÓN FLORES
Por JULIO ZENÓN FLORES
En realidad no debiera de sorprender que un ciudadano común cuestione el trabajo en materia de seguridad, mientras éste no sienta la confianza de salir a la calle, sin temor a ya no regresar, pero sí cuando se trata del director o propietario de una empresa privada que vive
precisamente de ofrecer seguridad y que tiene su mejor escenario de desarrollo
en la inseguridad. Tal es el caso del dirigente de la Coparmex, Jaime Badillo Escamilla.
Para él, a más inseguridad, más contratos para los guardias privados,
más escoltas, más vigilantes en negocios privados y en residencias de
empresarios.
Por obvias razones, ese negocio tiene más oportunidades de prosperar a partir de la percepción que
se tenga de la inseguridad, es decir, que mientras más insegura se siente la
población y mientras más desconfía de la protección oficial, más se piensa en
contratar los servicios de una "eficaz" empresa que vende seguridad.
De ahí que Jaime Badillo Escamilla, presidente de Coparmex Acapulco, tenga que salir a decir
que el puerto es inseguro y que no sólo eso, sino que la actuación en esa
materia por parte del gobierno es ineficaz. La conclusión lógica en su plan de
negocios, es que se voltee a ver a Jobamex.
Y hay que admitir que Acapulco le brinda las mejores
condiciones para esa estrategia.
Alto grado de violencia, tanto la que se desprende de los
enfrentamientos de las pandillas en su lucha por el control de las plazas, como
la que se deriva de la propia presión de éstas hacia los empresarios y
profesionistas a quienes extorsionan, cobran cuotas o piso, secuestran y
asaltan o roban, como modo de financiamiento.
Desconfianza hacia una policía preventiva que no termina de
certificarse, a la cual se le “perdieron” más de 300 armas en la anterior
administración, que era dirigida por delincuentes que fueron a ser detenidos
por la armada de México en los albores de la actual administración y que se
encuentra bajo el mando de un marine bueno para la inteligencia y para la
defensa nacional, pero burdo para el manejo de la cercanía social que requiere
el ciudadano.
En la grieta temporal que se abre entre la caída del viejo
régimen y la entrada en operación de la mecánica de lo nuevo en la cuarta
transformación, se da un reacomodo de fuerzas en el cual la propia población y
los uniformados no alcanzan a entender del todo el cambio, que en lo
fundamental se define en el fin de la guerra a la delincuencia organizada y el
tránsito a combatir las causas.
Este planteamiento general requiere de nuevas estrategias:
abandonar la confrontación armada, sin abandonar el terreno al crimen, y
enfocarse a otras áreas: los factores sociales que prohíjan el crimen, la
pobreza de los jóvenes cooptados, la falta de servicios que da espacios para
ocultarse y huir de la justicia, la corrupción y la impunidad que les alimenta,
y señaladamente, el modo de financiamiento.
En esa nueva tónica
es que en el gobierno municipal se han realizado algunas acciones sobre las
cuales hay que llamar la atención: porque aunque no se registre aún en la
percepción ciudadana, serán pilares de los buenos resultados que se esperan: el
desmantelamiento y su posterior recuperación para la sociedad, de espacios
usados por el crimen para planear, reunirse, acordar, repartirse el botín, etcétera,
como Playa Manzanillo, el Mercado central, el parque de la Progreso, que es un
paso gigantesco cuya importancia no ha sido tasada aún por la opinión pública; otro
muy importante, el control de los espacios o negocios que pudieran servir para
lavar dinero localmente, como aquellos donde toda la transacción, o casi toda, se
hace en efectivo, quizás en ese tenor entren algunas de las gaseras cerradas y
desmontadas, que habían sido abiertas al margen de la Ley o solapadas por
autoridades complacientes a cambio de uno cuantos pesos.
La otra parte de esa nueva estrategia, es la reconstrucción
urbana en zonas de alta marginación, donde la falta de servicios incluye la
nula vialidad y la falta de iluminación, que permite que se conviertan en
madrigueras, donde no puede entrar ninguna autoridad, donde se vive la ley de
la selva y que será ahora el target de la inversión especial asignada por la
presidencia de la República, en especial para Acapulco.
En esta nueva óptica de afrontar el tema de la prevención,
como parte del combate integral contra la violencia y el crimen, el papel de
los empresarios es fundamental, pues de su regularización dependerá que el
crimen no tenga por donde escapar, actuar o lavar su dinero obtenido de sus
actividades ilícitas.
Coparmex, debiera identificar de inmediato su oportunidad de
regularizar todas las empresas afiliadas y crecer en esa lógica, atraer cada
vez más empresas para su regularización hasta dejar fuera y desorganizadas sólo
unas cuantas o a ninguna, que más fácilmente entrarían al radar del gobierno.
Por eso llama la atención que en vez de aportar, y más
cuando su dirigente es un empresario del ramo de la seguridad, la Coparmex se
tire al piso, como víctima, quedándose en la crítica de la falta de acciones, pero
mostrando, en realidad, su falta de capacidad de comprensión de la nueva estrategia,
y preguntando con cierta inocencia: “díganme cómo y dónde para sumarme”.
Cuando en vez de preguntar, ese organismo debiera estar
proponiendo.
Y es que, en resumen, la prevención ya depende, como en
épocas pasadas, de poner un policía uniformado en cada esquina o módulos de
seguridad por barrio. Ahora es multidimensional, va a las causas, a su caldo de
cultivo, a sus fuentes de financiamiento, a sus espacios de reclutas, a sus
centros de reunión. La estrategia, más que de armas, es social y en eso todos
tenemos un papel que jugar, hasta los periodistas y medios de comunicación.
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