Algunas buenas conciencias se indignaron al conocerse públicamente de los inminentes acuerdos partidistas para dar vida a una coalición que pudiera competir con éxito en las elecciones por la gubernatura de 2021 contra el candidato que impulse el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El promotor de esos arreglos es el carismático exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien sin embargo lo planteó sólo como una posibilidad que tendría que ser sancionada por las dirigencias nacionales de los partidos políticos involucrados.
El ejercicio ilustra precisamente los tiempos de pragmatismo político que, como una suerte de neoliberalismo político, han caracterizado a los partidos en aras de mantenerse en el negocio de la democracia liberal, que para ellos se traduce simple y llanamente en negocios millonarios.
Como un ejercicio de memoria habrá que recordar que este tipo de acuerdos fueron inaugurados formalmente por el expresidente Enrique Peña Nieto quien, el 2 de diciembre de 2012, promulgó la firma del Pacto Por México en el que participaron su partido, el PRI, así como el PAN y el PRD. En enero de 2013 se sumó al acuerdo el PVEM.
En teoría, con el apoyo de panistas y perredistas, el Pacto por México impulsaría tres ejes rectores fundamentales: fortalecimiento del Estado Mexicano, democratización de la economía y la política, lo que se vería reflejado en una ampliación de los derechos sociales y, finalmente, la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que aplicaría el gobierno de Peña Nieto.
Y ya vimos que fue lo que pasó: el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el gobierno más apátrida de que se tenga memoria, por lo menos desde que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en 1938.
Peña Nieto impulsó la llamada Reforma Energética -parte de las llamadas reformas estructurales- cuyo rasgo característico fue nada menos que la entrega del petróleo de los mexicanos a los intereses de los consorcios trasnacionales, representados en el gobierno estadunidense por Donald Trump.
Cuando esta decisión se concretó, algunos personeros del status quo norteamericano se mostraron no sólo felices sino inclusive asombrados. Comentaron -palabras más, palabras menos- que esperaban concesiones de Peña Nieto, pero que en los hechos les entregó el petróleo en bandeja de plata.
Es imperativo señalar que esas reformas, que comenzaron a orquestarse en el gobierno del genocida Felipe Calderón, en ningún momento han generado las condiciones anunciadas para sentar las bases del desarrollo. Por el contrario, estamos hundidos como nunca en un pozo de corrupción, subdesarrollo y pobreza estructural que ha favorecido a los ricos y empobrecido a los pobres.
¿Quieren ustedes un ejemplo, amigos lectores?
Baste mencionar que el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, tiene ingresos equivalentes al de 60 millones de mexicanos, lo que ha sido comprobado por estudios serios que avalan tal aserto.
A esto nos llevó el neoliberalismo económico instalado en México hace 35 años, a una polaridad económica que desapareció las clases medias y hundió en la miseria a la mayoría de los mexicanos, al mismo tiempo que fortaleció una élite económica y financiera que presume una vida de reyes.
Por eso el arribo de López Obrador a la presidencia de la república en realidad benefició a las élites que son dueñas de México, mismas que tendrán un nuevo plazo de gracia para seguir consolidando sus fortunas mientras muchas miles de familias viven con menos de un dólar al día.
Esa fue la labor de Peña Nieto, entregar las riquezas del país a las transnacionales -que, por cierto, tienen en muchos exfuncionarios mexicanos operadores de lujo- a través de las reformas estructurales, pero principalmente por la Reforma Energética.
Y esa es la misión que convalidaron los priistas, panistas y perredistas que firmaron el Pacto por México: avalaron la entrega de la riqueza de los mexicanos a cambio de un miserable pago en especie que se tradujo en prebendas y posiciones legislativas para los suyos, a costa de la vida de millones de mexicanos.
Por eso decimos que, al final del día, AMLO resultó funcional para las élites -económica, empresarial, financiera- que con el arribo al poder del tabasqueño garantizan unos años más de bonanza con apoyo del poder público. Está más que probado que cuando una clase política no le funciona a un régimen, simplemente hace los cambios pertinentes. Eso es lo que pasó aquí.
Ahora se avecina otra alianza entre el PRI y el PRD -antes enemigos acérrimos- para enfrentar con éxito al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.
Pareciera que ya olvidaron que el PRD prohijó el arribo a la alcaldía de Iguala del infame José Luis Abarca, unos de los autores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quien defendió por cierto hasta el último minuto. En contra de la versión oficial difundida sobre su aprehensión, en realidad Abarca estaba refugiado en un domicilio en Poza Rica, Veracruz, donde una militante perredista destacada lo tenía escondido.
El PRI, por otra parte, cuenta en su haber con 80 años de rapiña y represión política, lo que incluye la matanza de Tlatelolco y algunas masacres más recientes, como El Charco, Tlatlaya y Tanhuato. ¿Qué acaso ya se les olvidó?
Ambos partidos de la ignominia, con seguro apoyo de los oportunistas de siempre, se preparan otra vez para capitalizar la elección de 2021 con ánimo de mantener el poder contra viento y marea.
En este nuevo episodio de pragmatismo político tendrán mano sin duda personajes como René Juárez Cisneros, Manuel Añorve Baño, Luis Walton, Bernardo Ortega, Evodio Velázquez y otros de la misma calaña que se aprestan a repartir esos cotos de poder.
Habrá que recordarles que, dado su historial político, recibirán el repudio de las mayorías silenciosas que le dieron el triunfo a López Obrador. O vale decir, como decía el extinto gobernador Rubén Figueroa: "La caballada está flaca".
Enviado desde mi Huawei de Telcel.
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