Baldemar Gómez Roque
Chilpancingo, Gro., a 6 de enero de 2019.-Manuel Vázquez Quintero, abogado de dicha organización de policías comunitarios, que aglutina a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) del municipio de Copala reveló que buscarán coordinarse con la anunciada Guardia Nacional para luchar juntos contra la inseguridad en la zona.
Destacó que "No queremos la confrontación, porque es evidente que dicha instancia del gobierno federal no tendrá la capacidad suficiente para brindar seguridad a los pueblos indígenas, y afromestizos de la entidad".
Al ser abordado durante un receso en el evento celebrado en la cancha municipal de Copala, aclaró, "Lo hemos analizado, y acordamos que vamos a ser respetuosos con los pueblos, porque existe la libre determinación. Sabemos que la Guardia Nacional que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente será para resguardar las ciudades, porque no creemos que les alcance para garantizar la seguridad a los pueblos de la entidad".
Subrayó que por eso, las comunidades de la Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro, y la Sierra, "Se han estado reorganizando para fortalecer la seguridad desde sus asambleas, porque ha habido complicaciones en los pueblos por la falta de seguridad, por eso en las comunidades se mantiene la organización, porque saben que hay confianza y certeza, y por eso hay participación de los pueblos, como se pudo observar hoy".
Sostuvo que como UPOEG, van a continuar con tu trabajo, independientemente de que se cree la Guardia Nacional, lo haremos con los pueblos. La UPOEG van a buscar coordinación y respeto, pero en nuestro caso los policías ciudadanos permanecerán en las comunidades dando seguridad a los pueblos".
Pasando el medio día del fin de semana, la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalva, y el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, unas dos mil personas, la mayoría integrantes de la policía ciudadana aglutinada en la UPOEG, provenientes de diversos municipios de la entidad, marcharon por las calles de esta cabecera municipal ubicada en la Costa Chica de Guerrero.
A su paso los policías de la UPOEG, en donde participan campesinos, profesionistas, comerciantes, y muchas mujeres, fueron vitoreados por los ciudadanos que a su paso les aplaudían y gritaban "esos son los hombres valientes de la Costa Chica) que defienden a su pueblo".
Manuel Vázquez, el abogado de la UPOEG, mencionó que desde el viernes iniciaron las instalaciones con el acuerdo de fortalecer el proyecto comunitario, y la participación de la ciudadanía.
Recordó que durante estos seis años, al menos 18 integrantes de la UPOEG, han perdido la vida, defendiendo a sus comunidades "Hoy día se les ha dado ya un reconocimiento a sus familiares", indicó.
En el cual dio a conocer que con el gobierno del presidente López Obrador "Vamos a buscar el diálogo, vamos a mantener organizándonos en las comunidades para garantizar su seguridad, porque los delincuentes ahora ya entraron a los pueblos, y el objetivo de la UPOEG es prevenir los delitos comunes, y creemos que en el caso de la Guardia Nacional, su competencia está en otro ámbito, y esperamos que haya coordinación para evitar problemas".
Ayer, cumplieron seis años de la creación de la Policía Ciudadana de Guerrero. El 5 de enero del 2013 los policías ciudadanos se dieron a conocer con la instalación de retenes en Ayutla para enfrentar al crimen organizado, al que se le atribuían secuestros, asaltos, extorsiones, asesinatos y violaciones.
Como se recordará, en el municipio de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, de la Costa Chica de Guerrero, el pasado 6 de enero del 2013 detonó un proceso de organización comunitaria que se tradujo inicialmente en un movimiento de autodefensa para convertirse luego en un sistema de seguridad y justicia ciudadana.
Los antecedentes se ubican a mediados de 2011, cuando, impulsadas por un conjunto de líderes comunitarios de las zonas mestiza y mixteca del sureste de Ayutla, se realizaron consultas en las comunidades para discutir y aprobar la formación de una policía comunitaria que fuera parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en la región de la Montaña ya había demostrado desde sus inicios gran eficiencia y eficacia para combatir la delincuencia.
Estos esfuerzos comunitarios estaban enmarcados en el colapso de la seguridad pública, que a nivel nacional se había deteriorado sobre todo a partir de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico, y por la ausencia de un mínimo de condiciones que salvaguardaran la vida, la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, ante el incremento de la violencia que ejerce el crimen organizado desde que en 2009 se asentó en esta región.
Las balaceras, levantones, ejecuciones, cadáveres desperdigados en los basureros, persecuciones en las calles, robo de vehículos y toques de queda, constituyeron el paisaje brutal de la omnipresencia y poderío de esos criminales, que se magnificó en la ciudad y en las comunidades rurales, al grado de que además de ser dueños absolutos de las noches, se daban el lujo de implementar operativos para la detención de delincuentes comunes que luego entregaban a los policías municipales o ministeriales, en cualquier hora del dia en Ayutla y Tecoanapa
En este contexto, al iniciarse la promoción de la policía comunitaria en las asambleas de las comunidades de esta región de la costa chica se hicieron notorios el entusiasmo y la participación ciudadana. En la buena disposición de la gente también influyó la posibilidad de que la organización sirviera para conseguir obras de infraestructura productiva y de servicios, algo que desde antes se venía buscando.
En estas reuniones, después de comentarse la gravedad de la inseguridad y el control que del narcotráfico sobre las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, se explicaba la experiencia de la CRAC y los alcances de la figura de la comunidad indígena como sujeto de derecho para ser gestora de su seguridad y su desarrollo.
Así, se fue gestando un mensaje y un espacio de unidad entre los pueblos que tenían en las Asambleas de Autoridades Comunitarias de Ayutla y en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a sus principales promotores. Sin este antecedente, no podría explicarse la irrupción de un movimiento ciudadano que además de plantearse la autodefensa también lucha contra la marginación, el abandono oficial y la falta oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
En agosto-septiembre de 2012, se suscribieron los primeros acuerdos para incorporarse a la CRAC, y después de discutirse y aceptarse sus estatutos y hacerse los nombramientos de policías y comandantes comunitarios, se programó para el 22 de diciembre, en la comunidad de Tonalá, del municipio de Ayutla, la instalación de la Asamblea General de Consejeros para la protesta de estos nombramientos y la elección de los comandantes regionales.
Sin embargo, en esta etapa se hicieron manifiestas diferencias de un sector de la dirigencia, que súbitamente decidió cambiar la sede acordada y trasladar la reunión a la comunidad na'savi de La Concordia, lo cual fue interpretado por la otra parte de los líderes como un golpe de mano y un viraje sorpresivo en la estrategia incluyente que se venía construyendo.
Puede colegirse que estas divergencias tienen de trasfondo alguna agenda oculta, que se simula con el celo rancio de una disputa étnica entre na'savis y mestizos y la pretensión del control territorial.
El 6 de enero, sin el procesamiento adecuado de estas diferencias, irrumpió el movimiento ciudadano de autodefensa liderado por la UPOEG, como respuesta a la onda expansiva de secuestros, levantones, cobro de cuotas a ganaderos, comerciantes y campesinos, que incluyó a varios de sus militantes en Plan de Gatica, Ahucachahue municipio de Ayutla de los libres Rancho Nuevo localidades de Tecoanapa.
La aprehensión de 54 presuntos delincuentes del crimen organizado, y el hecho de haberse desmantelado la red operativa de los jefes de plaza de Ayutla Tecoanapa y Las Mesas, fueron el resultado inmediato que demostró la eficacia del movimiento. Mismo que la gente se preguntó, ¿por qué hasta ahora?, ¿cómo permitimos tanto atropello durante tanto tiempo?
La onda expansiva del movimiento de autodefensa generó tales expectativas y simpatías que pronto se extendió al territorio inmediato de la Costa Chica y a las regiones del Centro, Montaña Alta y Acapulco. Pero al mismo tiempo, se fueron cerrando los caminos para el juicio popular que se les haría a los delincuentes y que había sido acordado por las comunidades el 31 de diciembre en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla.
Aparentemente, de manera incomprensible, la CRAC se deslindó de las acciones de autodefensa promovidas por la UPOEG: "no estamos en contra de que los pueblos se levanten en contra del crimen organizado, pero tampoco estamos participando; nosotros no podemos salir fuera de nuestro territorio", dijo en ese entonces Arturo Campos de la Casa de Justicia El Paraíso de la CRAC.
Por otro lado, las presiones de la parte más conservadora de la opinión pública, de los organismos de derechos humanos, del Ejecutivo estatal, de los jefes de las fracciones parlamentarias del Legislativo federal, de todo el aparato de seguridad del estado y del Ejército, se dejaron venir como avalancha en la alineación de un bloque de fuerzas contenedoras.
Hubo toda una ofensiva mediática cuyo objetivo era frenar el juicio a los delincuentes mediante usos y costumbres –los cuales se sustentan y amparan en el reconocimiento jurídico de la figura de la comunidad indígena– y forzar la vía de la negociación para entregar estos reos a la PGR.
Era claro de que no había opción. Lo fundamental era blindar al movimiento y la negociación era el único camino transitable.
En lo fundamental, el propósito de resguardar el proceso de organización comunitaria se ha mantenido, y de ser un movimiento de autodefensa ciudadana se ha convertido en un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), fortaleciéndose organizacional y territorialmente, además de ampliar su presencia hacia el Municipio Juan R. Escudero y el corredor Oriente de Acapulco rural y Chilpancingo; zonas que se en fechas recientes se han declarado formalmente como territorios comunitarios, hasta lo último en la sierra, Costa Grande, norte y tierra caliente. En la mayoría de los municipio de la entidad.
En síntesis, el proceso de organización que está en marcha ha sido antes que nada una acción política, una acción de fuerza de y para la legítima autodefensa comunitaria, una construcción de paz mediante el control territorial comunitario y regional para liberarse de la brutalidad criminal, para eso se ha llevado foro de diálogo y discusión con organizaciones sociales e instituciones del estado y una construcción programática para la incorporación de la figura de la comunidad en el desarrollo nacional con justicia y dignidad, en Guerrero.
Para ser preciso la inseguridad y los ataques del crimen organizado han generado desde 1995 el surgimiento de diversos grupos de autoprotección en al menos una decena de estados en varias regiones del país, principalmente en el sur. A pesar de que tienen un mismo origen, las policías comunitarias mantienen diferencias sustanciales con los grupos de autodefensa ciudadana que emergieron desde principios de este año en la zona de Tierra Caliente Michoacán y han tenido un papel protagónico desde entonces.
Algunos han confundido este fenómeno con los grupos de Autodefensa Unidas de Colombia sin tomar en cuenta la diferencia de contextos, objetivos e historias. En ese país estos grupos fueron creados por políticos, militares, ganaderos, empresarios y ciudadanía para combatir a la guerrilla, pero después se transformaron en otro actor dentro del negocio del narcotráfico hasta convertirse en terroristas y paramilitares.
Desde 1995 surge en la región de La Montaña de Guerrero la Policía Comunitaria que con el paso del tiempo se amplia y transforma para dar paso a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la montaña y Costa Chica de Guerrero, la cual consta de un sistema propio de seguridad, justicia y reeducación comunitaria al cual son sometidos los delincuentes que detienen, concluyó.
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