BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales
Ojos y oídos de todo mundo están atentos a las decisiones que tome la alcaldesa Adela Román Ocampo tanto para la integración de su gabinete como para la solución de los graves problemas que agobian al municipio de Acapulco.
En especial resulta impostergable conocer la estrategia oficial para combatir la violencia galopante que tiene al puerto hundido en un pozo sin fondo, que según lo que han declarado Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, su próximo secretario de Seguridad, se darán a conocer a partir del día primero de diciembre.
Decíamos en una entrega anterior que, contrario a lo que pregona AMLO, no hay posibilidad de pacificación del país en el corto plazo.
Colombia tardó más de 20 años para pacificar algunas ciudades, como Medellín, donde la violencia estaba desatada producto de los conflictos armados que la sacudieron durante mucho tiempo, especialmente la guerra de los cárteles de la droga.
¿Estamos condenados a repetir ese escenario catastrófico? Probablemente no, pero habrá que combinar una serie de medidas que incluyen las ya citadas por el mandatario electo, pero también con la aplicación de diversas políticas públicas y, a querer o no, también algunas medidas de fuerza.
Por lo pronto, en este municipio aterido por el miedo y la zozobra, miles de negocios medianos y pequeños, sobre todo en la periferia de la ciudad, cerraron sus puertas debido al acoso del crimen, organizado o no.
Por eso es necesario contar con una estrategia que, en lo municipal, deberá emprender el gobierno de Román Ocampo para la prevención de la delincuencia en consonancia con las acciones del gobierno federal y estatal. Aunque de entrada fue muy aplaudida la decisión de intervenir la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSP), poco o nada se podrá obtener de esta medida en términos de combate a la delincuencia que pulula libremente por las calles de Acapulco, a menos que se proceda a refundar esa corporación.
Para dejarlo en claro: el reto de Adela -si es que de verdad pretende cumplirle a los acapulqueños- será combatir frontalmente la violencia criminal que genera homicidios a diario y mantiene bajo acoso a los miles de negocios del puerto de Acapulco.
Aunque en el aspecto legal la persecución del delito corresponde a la Fiscalía General del Estado y el combate al narcotráfico a la Federación, el hecho es que tenemos a diario asaltos, extorsiones, homicidios y robos, lo que claramente compete al ámbito de la Policía Preventiva Municipal.
En este contexto, llama la atención que entre jueves y viernes hombres armados incendiaron dos camiones del transporte urbano de la ruta Caleta-Base, así como un taxi en la colonia Progreso y, finalmente, un sitio de transporte foráneo ubicado sobre la Calzada Pie de la Cuesta frente al panteón de San Francisco, donde incendiaron otra unidad. A uno de los choferes le dijeron que no querían ver unidades en servicio después de las siete de la noche.
Esta conducta, que transgrede gravemente la paz social, se acerca mucho al terrorismo, lo que parece preludio de un escalamiento de la violencia y un claro desafío a las autoridades.
Así pues, Román Ocampo tiene frente a sí dos desafíos enormes, uno exógeno y otro endógeno: el combate a la violencia que tiene colapsada la economía así como la normalización de los servicios públicos más elementales, en primera instancia. En segundo lugar, al interior de la administración deberá sortear las pugnas por el control del poder. Es por eso que decimos que ojos y oídos de toda la sociedad están atentos a sus decisiones.
Por eso mismo son preocupantes las insistentes versiones en el sentido de que su hermano Nicolás Román Ocampo toma decisiones que competen sólo a la alcaldesa, para instalar o remover funcionarios.
Parece que nadie se atreve a decirle que a ese individuo nadie lo eligió para ejercer un cargo público, tampoco es parte de la administración pública y, peor aún, si las quejas son veraces, parece actuar con prepotencia lesionando así la imagen institucional y personal de Adela.
Aunque pareciera poca cosa, lo mejor es atajar conductas de esta naturaleza antes de que generen un daño permanente a la imagen de la institución. Suficientes son los graves problemas públicos que en lo sucesivo deberá enfrentar el gobierno de Román Ocampo, para todavía tener que preocuparse por cosas menores.
Por eso resulta excesivo que al interior del nuevo gobierno se hayan formado grupos de presión que buscan restar poder a la titular de la administración municipal. Estos pequeños grupos parecen actuar teniendo como trasfondo los comicios por la gubernatura de 2021, por lo que desde ya iniciaron un golpeteo contra la alcaldesa.
Apuntes del abogado Alfredo Pérez Zárate, uno de los más destacados activistas de la comunidad jurídica guerrerense, señalan que los síndicos Javier Solorio Almazán y Leticia Castro Ortiz, en aparente alianza con la petista María de los Ángeles Elbjorn Trani (esposa del zeferinista Fernando Donoso), además de Roberto Ortega González y Hugo Hernández Martínez, estarían afanados en obstaculizar las decisiones de Román Ocampo.
Es decir, le disputan el poder en una pugna soterrada que parece acatar línea de Amílcar Sandoval Ballesteros, quien pretende ser el próximo candidato a la gubernatura para los comicios de 2021.
Esto, no obstante el manotazo recibido de Andrés Manuel López Obrador quien, en su visita de hace días, dejó en claro que el jefe político de Guerrero es el gobernador constitucional Héctor Astudillo Flores.
La declaración de López Obrador fue más que clara al atajar las pretensiones del imberbe Sandoval Ballesteros, quien actuaba como si ya fuera una especie de vicegobernador del estado de Guerrero. En los hechos, lo que AMLO dejó claro fue su respeto al pacto federal.
Veremos si los morenos entendieron el mensaje.
Enviado desde mi Huawei de Telcel.
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