Baldemar Gómez Roque
Chilpancingo Gro, a 11 de noviembre del 2016.-Organizaciones de los derechos humanos que forma parte de la fundación para el debido proceso (DPLF), y la clínica de los derechos humanos del Human Rigt Resear and educación Centre de la universidad de Ottowa y el centro para el desarrollo internacional ambiental CIEL, presentaron un escrito de amicus curiae ante in juzgado de primer del vigésimo circuito en el estado de guerrero.
Dieron a conocer que la demanda de amparo interpuesta por la comunidad Me´phaa de san miguel del progreso de guerrero, en declaratoria de libertad de terreno, por parte de la secretaría de economía del estado federal para que particulares para que obtengan concesiones de licencia para la exploración y explotación de recursos naturales en territorio ancentralmente ocupado por comunidades indígena de San Miguel del Progreso.
En rechazo a la declaración de libertad de terreno emitida por la Secretaría de Economía para la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, organismos nacionales e internacionales presentaron una apelación para detener los trabajos de una minera canadiense en esa zona.
En conferencia de prensa, integrantes de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa, Estados Unidos, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEl), dieron a conocer que se presentó un escrito amicus curiae para apelar la declaratoria del Estado.
Dijeron que en mayo pasado, la localidad logró detener los trabajos de la minera canadiense bajo el argumento de daño ecológico a la zona. Sin embargo, la Secretaría de Economía declaró libertad de terreno con lo que se abrió la posibilidad de que mineras puedan expropiar los terrenos de la comunidad.
Los organismos defensores señalaron que la población de San Miguel se encuentra inconforme pues no fueron consultados por el Estado para emitir la declaratoria de la SE.
“Se entregó un documento amicus curiae ante el Juzgado Primero del vigésimo primer circuito en Guerrero con la intención de apelar la resolución de la Secretaría de Economía en donde no fue consultado el pueblo”, manifestó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, finalizó.
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