trasfondo
La detención de nueve miembros del Sistema Seguridad y
Justicia Comunitaria (SSJC) en los alrededores de Chilpancingo, su reclusión en
el penal de Las Cruces y su presentación como secuestradores, cuando éstos
estaban cerca de capturar a un importante capo regional del crimen organizado en esa zona, pone de
relieve, por un lado el que los métodos que usa ese improvisado sistema de
seguridad surgido de los pueblos indígenas de Guerrero, resultan ilegales si se
les analiza desde el punto de vista de los códigos penales vigentes al amparo
del constitucionalismo mexicano y, por otro lado, muestra la obligatoriedad de
que éstos códigos contemplen los mecanismos que se dan a sí mismas las comunidades,
cuando la otra justicia, la constitucional, falla tanto, como falla en nuestra
entidad, deviniendo en uno de los estados-país, donde la impunidad es mayor.
Me explico:
A los comunitarios, incluyendo su comandante, los capturaron
en un momento crucial: investigaban a un capo apodado El Melo, o El Chaparro, a
quien señalan de extorsionar a taxistas, comercios y hasta de cometer un
secuestro en Mazatlán y para ello detuvieron (en este caso se dice retuvieron,
pues es sin orden legal, como todo el sistema) a su hermana, Romana Campos
Vega, con la idea de presionarlo para que se entregara para ser juzgado en la
casa de justicia.
La retención del familiar de un delincuente no está
contemplado en las leyes mexicanas, pero es una práctica común en los pueblos
de Guerrero. Hay casos donde incluso ellos mismos se ofrecen, ellos mismos se
entregan o se cambian por reos culpables de algún delito.
Conozco más de un caso en Ayutla, donde la abuelita ha
llevado a entregar al nieto, que pensaba ser sicario o el de una mujer que
estaba presa por haber defraudado a cientos de personas y para poder salir a
conseguir el dinero para resarcir el daño –en el sistema comunitario tiene gran
importancia el reparar el daño a la víctima, a diferencia del sistema judicial
mexicano, que pone el acento en el castigo al responsable y no en el derecho de
la víctima a verse resarcida-, pidió dejar en la cárcel comunitaria a una de
sus hijas, lo cual le fue aceptado.
En otro caso, en la zona montañosa de la costa Chica de
Guerrero, el hijo de un capo estuvo retenido por meses, tiempo en el cual se
dio una negociación entre los comunitarios y el capo. Hubo un momento en que el
capo ofreció varios millones de pesos a cambio de la libertad de su hijo, lo
cual no fue aceptado por los policías ciudadanos, pues lo que querían no era el
dinero, sino la captura del mafioso.
Ese mecanismo se usa, porque en Guerrero los lazos de sangre
sí cuentan y un mafioso por peor que sea, sí es capaz de entregarse para
rescatar a su familia. Esos son valores que la justicia mexicana, no entiende
ni valora, ni considera dentro de los códigos penales, por eso, mientras para
los comunitarios es legal hacerlo para las autoridades es un motivo para
meterlos a la cárcel.
En resumen, los comunitarios no son delincuentes perversos,
son ciudadanos buscando justicia, con su propia visión de ella y su caso
debería analizarse más allá de los cánones judiciales mexicanos y pronto, a que
algo que tampoco está en la ley, pero que se usa cotidianamente, se está
aplicando en ellos: la tortura, según un video filtrado este martes, por uno de
los detenidos.
Tu opinión es importante, Comunícate con nosotros a: trasfondoinf@hotmail.com
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?