Abandonó Guerrero sus funciones de seguridad pública:
CNDH
EL OMBUDSMAN NACIONAL, DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
PRESENTÓ EL INFORME DE LA CNDH SOBRE AUTODEFENSAS EN EL ESTADO DE GUERRERO
Al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa
y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villanueva señaló que
es inaceptable que las comunidades tengan que asumir de manera permanente
cargas públicas que no les corresponden, que pueden llegar a traducirse en
reductos de poder en los que se ejerzan
prácticas injustificables e ilegales.
Reiteró su preocupación por los peligros y retrocesos que
representa la existencia de estos colectivos; sostuvo que la situación, lejos de normalizarse, se agrava
y estas organizaciones aumentan cada vez más.
Indicó que la CNDH observa con inquietud la postura del gobierno de la entidad, que en
un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y
realizó diversas acciones para alentar su surgimiento. Ahora se está dando la
detención de sus integrantes, sin que al momento se adviertan acciones a fin de
atender las causas de fondo que originaron su surgimiento.
Luego de meses de investigación, la CNDH advirtió la
presencia de los mencionados grupos de autodefensa en las siete regiones de
Guerrero, así como en 46 de los 81 municipios del estado; en ellos habitan 2
millones 307 mil 169 personas, que representa el 65.47% de la población total de
la entidad.
El doctor Plascencia Villanueva indicó que la seguridad
pública del estado enfrenta un momento muy sensible y delicado, no sólo en el
número de delitos que diariamente se cometen sino por la violencia presente en
su comisión, así como por las estrategias ineficaces para el combate a la
inseguridad, lo cual conlleva a que los derechos humanos se vulneren día con
día.
Comentó que como
consecuencia de las lamentables condiciones sociales, la falta de respuesta
eficaz del estado y el vacío que generaron las autoridades estatales y
municipales, varios grupos han
decidido tomar el control para defenderse de la violencia e inseguridad
que invaden sus comunidades.
Ello provoca, dijo, un nuevo escenario de inseguridad
pública, que se ve reflejado en fuertes espirales de violencia, ante las
cuales grupos de la sociedad toman la
“justicia por propia mano”, en razón de la impunidad y el abandono del
ejercicio de la función de seguridad pública fundamental.
Con ello, agregó, las
autoridades no solamente han puesto en riesgo los valores de la
convivencia social, atentando en contra de la vigencia del Estado de Derecho,
sino también generando condiciones de inseguridad, lo cual limita la
posibilidad de que los guerrerenses puedan desarrollarse libremente.
Para realizar este informe, este Organismo público
autónomo visitó en total 64 municipios y
37 comunidades de Guerrero; tuvo conocimiento de dos mil 193 víctimas por
desplazamiento forzado.
En el informe, conformado por 11 tomos con un total de 6
mil 298 fojas, la Comisión Nacional da
10 conclusiones. Destaca que 66.50% de la población de los 46 municipios
mencionados se encuentra en situación de pobreza; existen carencias básicas que
impiden a los individuos contar con un nivel de vida adecuado.
Tal exclusión se debe a un abandono de las funciones del
Estado en materia de derechos sociales, que demuestra que las autoridades no
han tomado las medidas encaminadas para resolver el rezago en que habitan estas
personas, propiciando que se generen zonas
sin ley, donde impera la violencia
En el informe, que fue presentado en las instalaciones
del Programa de atención a Víctimas
(PROVICTIMA), la CNDH hace 14 propuestas, una de ellas al
Senado de la República al que le pide adoptar las medidas necesarias para analizar la situación que impera en el
estado, propiciada por el abandono en el ejercicio de las funciones en materia
de seguridad pública y vigencia efectiva de los derechos humanos que afecta la vida de sus habitantes.
Al titular del Poder Ejecutivo del estado de
Guerrero, le hace 7 propuestas,
especialmente implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de
seguridad pública, la paz y el orden público; asimismo establecer las
condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y se abone a la
plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios; en el
mismo sentido hizo tres propuestas al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos
de la entidad.
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