Bajo Fuego
Nuevo
Partido
José Antonio
Rivera Rosales
Con la designación de candidatos a modo en
los 28 distritos electorales locales, así como la disposición discrecional de
las primeras posiciones plurinominales en el Congreso, además de similares
decisiones en los municipios más importantes de Guerrero, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) arribó a un punto de quiebre que lo sitúa
peligrosamente al borde de la extinción.
Con la entrega de candidaturas perredistas a
socios, amigos, empleados y parientes,
el grupo que ostenta formalmente la dirigencia nacional y estatal del PRD terminó por hundir un noble proyecto
político surgido en 1989 precisamente como antítesis de la vetusta, corrupta y
autoritaria élite política que gobernó al país durante 75 años, de la cual por
desgracia asimiló -en apenas unos años- truculencias, vicios y engaños que
ahora ejerce sin el menor rubor en contra de su propia militancia y, por
extensión, contra la ciudadanía.
Con este proceder, con los que la cúpula
perredista muestra su verdadero talante, resulta entendible que el PRD se haya
convertido en lo que ahora es: una carcasa llena de podredumbre y corrupción
que se vende al mejor postor -en este caso, al gobernador Ángel Aguirre Rivero-
para satisfacer las ansias de poder y codicia de una nueva élite política estatal
que detenta el poder, en colusión con los liderazgos de las tribus mayoritarias
al interior de ese partido que, hasta hace poco, parecía representar a la
izquierda en México.
Pero esta corrupción inaudita no surgió de
la nada: cuenta con acta de nacimiento suscrita por la dirigencia nacional
perredista que ostentan dos corrientes o tribus que mantienen en su poder la
estructura de dirección del PRD: Nueva
Izquierda, regenteada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, los llamados Chuchos, así como Dolores Padierna,
quien junto con su esposo René Bejarano personifican la imagen de la corrupción
que, hace algunos años, estigmatizó al PRD en el entorno político nacional e
internacional.
Esta farsa de las candidaturas, como fue
llamada por analistas locales, se escenificó en un contexto en el que con
premeditación, alevosía y ventaja se simuló un modelo de legalidad que
pretendió engañar a su propia militancia para distribuir las candidaturas entre
un grupo selecto en el que se articulan los intereses de la cúpula estatal, símil
abyecto de lo acontecido en el contexto nacional.
En reemplazo ilegal e ilegítimo del Consejo
Estatal Electivo (CEE), el gobernador Aguirre Rivero de acuerdo con David
Jiménez, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, Evodio Velázquez y Víctor Aguirre
se constituyeron, la tarde del domingo primero de este abril, en una suerte de
colegio electoral que dictaminó quiénes debieran ocupar las candidaturas para
diputados y alcaldes.
El propio mandatario confirmó su
intervención grosera e ilegal en la vida de un partido político con el supuesto
de que, según los actores involucrados, asistieron a ´´consultarlo´´. A
propósito de ello nos preguntamos: ¿qué es lo que tenían que consultar los
líderes de las tribus dominantes con el gobernador? ¿Era el gobernador, en ese
momento, parte del Consejo Electivo del PRD?
De esta manera, un cónclave ilegal de
notables -una reunión de amigos, debemos decir- decidió el reparto de decenas
de candidaturas a socios, subordinados y allegados, sustituyendo a los 200
delegados estatales del CEE que debieron sesionar para debatir, en un ambiente
de libertad, sobre las decisiones de quienes honrarían las citadas
candidaturas.
Carlos Reyes Torres, el dirigente estatal
del PRD, se limitó acatar la decisión a sabiendas de que esta práctica criminal,
inédita en la historia del PRD, llevará a ese instituto político a la pérdida
de los comicios concurrentes de julio próximo, con las consecuencias funestas
que se adivinan: el triunfo de la derecha más recalcitrante que ha asolado al
país desde los tiempos del gobierno nacionalista del general Lázaro Cárdenas,
sea ésta representada por el PRI o por el PAN. Para el caso es lo mismo.
Sin exageración alguna podemos afirmar que
esta decisión de la nueva elite política que sojuzga a Guerrero, promovida por Los Chuchos en todo el país, podría
cancelar nuestra viabilidad política como nación.
En este concierto, los liderazgos de las
tribus mayoritarias impusieron cada una su cuota en las distintas posiciones,
desplazando de esta manera a militantes históricos que, como Eloy Cisneros
Guillén, jamás tuvieron la oportunidad de ser tomados en cuenta.
Así, decenas de aspirantes con mejores
prendas fueron hechos de lado para beneficiar a quienes sirven a esta nueva
élite neoliberal, la misma que está por convertir a Guerrero en un territorio
feudal para capitales foráneos, que sólo vienen a depredar regiones con ancestral
presencia indígena como La Montaña o la Costa Chica.
Del mismo modo, la paridad de género exigida
por la ley fue desdeñada por los jefes de las tribus mayoritarias, haciendo de
lado a mujeres con un perfil extraordinario, de la talla de Martha Obeso,
Florentina Rosario o Martha Sánchez, esta última líder emblemática del
feminismo indígena.
No se diga con el caso de los pueblos
indígenas, a los que se apartó de manera ofensiva como si se tratase de ciudadanos
de segunda, con consecuencias que ahora saltan a la vista: dirigentes naturales
de más de 30 municipios con un inequívoco componente indígena o afromestizo, se
aprestan a elegir a sus autoridades por la vía de los usos y costumbres.
Es decir, estamos ante un rechazo rotundo a
la intromisión de los partidos políticos en la vida de las comunidades
originarias.
En concreto, ello se traduce en la decisión
de dirigentes de decenas de comunidades de 26 municipios con predominancia
indígena, más otros 4 con población
afromestiza, de desconocer el proceso electoral de julio próximo, dando
paso a un proceso de elección de autoridades propias, según anunciaron
liderazgos reconocidos como Bruno Plácido y Erasto Cano, fundadores de la
Policía Comunitaria, movimiento autonómico insignia de la autogestión indígena.
Pero si alguien pensara que se trata
simplemente de una mueca de inconformidad pasajera de algunos grupos que se
identifican con el PRD, habrá que tomar en cuenta que esta nueva expresión
social cuenta con el respaldo de los comisarios municipales, comisariados y principales (los ancianos de cada
comunidad) de aproximadamente 600 poblados indígenas en la región de La
Montaña.
Estamos, pues, ante una gran ruptura de los
pueblos originarios con el partido emblemático de la supuesta izquierda en el
país, diferendo que viene a confirmar lo que algunas comunidades indias
debatían hace por lo menos una década: que los partidos políticos no los
representan y, por el contrario, sólo han dañado el tejido social de la
comunidad.
Pero, decíamos, todo este pandemónium tiene
una marca de origen: de acuerdo con información que ha comenzado a trascender,
este proceso de apropiación de candidaturas estaba previamente acordado por las
dirigencias nacionales, especialmente en Nueva Izquierda (NI).
Una infidencia reciente de una prominente
líder que forma parte de la cúpula de NI permitió saber que en una fecha
indeterminada, las dirigencias de Nueva Izquierda con Los Chuchos a la cabeza, en acuerdo con Los Bejaranos, acordaron repartirse las candidaturas como un acto
de sobrevivencia.
Esa prominente líder se llama Beatriz
Mojica, cobra como secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Guerrero y
es, además, parte representativa de la tribu de Nueva Izquierda.
Esa dirigente-funcionaria comentó en una
reunión privada que al seno de esa corriente, “desde hace mucho” se habían
puesto de acuerdo en repartirse las candidaturas entre líderes, familiares,
allegados y subordinados como un acto de “sobrevivencia”, dado que en estas
elecciones el PRD va con un “candidato perdedor”, en referencia obvia a Andrés
Manuel López Obrador.
Según esa visión por adelantado, las tribus
que gobiernan el PRD dan por seguro la derrota de López Obrador en julio
próximo y, por tanto, están apretujando un cargo de elección popular que les
permita la subsistencia económica para después de las elecciones, en las que se
prevé una derrota estrepitosa de ese partido.
Así pues, desde siempre se trató de que los
dueños de ese partido se garantizaran un cargo, sea en el reparto de las
fórmulas plurinominales -es decir,
diputados y senadores seguros-, como en
la vía de elección directa, particularmente en los distritos de votación
garantizada para el PRD. Con ese criterio fueron repartidas las candidaturas.
A ello se debe, por ejemplo, que Angélica de
la Peña -esposa de Jesús Ortega- haya sido colocada en un cargo plurinominal al
Senado, lo que le garantiza un jugoso ingreso por los próximos seis años, o que
Teresa Mojica, hermana de la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de
Guerrero, ocupe la única postulación a diputada federal plurinominal por cuota
de género en Guerrero. Todo estaba previsto.
Tal como lo previeron sus líderes, esto
significa que el PRD tiene su certificado de defunción asegurado para julio.
En agosto, como ya lo están discutiendo
liderazgos cercanos a López Obrador, comenzarán los preparativos para integrar
un nuevo partido político, cuya estructura estará lista para enero próximo,
según trascendidos. Del PRD sólo quedará la carcasa. Lástima.
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