La ley Cabada; ¿austeridad relegada?

Textos y claves…


Miguel Ángel Arrieta

De poco servirá el propósito de implantar una austeridad republicana si no es acompañado de un marco legal normativo que someta a todos los órganos y figuras de gobierno a nuevos esquemas de control y vigilancia de recursos públicos.

De hecho, el intento de López Obrador para promover una visión de austeridad oficial quedó trunco desde el momento en que dirigió su decreto únicamente a espacios federales y pasó por alto la tarea de que los congresos estatales replicaran su modelo de eliminación de partidas presupuestales destinadas a sufragar frivolidades, y gastos personales de gran parte de los políticos federales de primer nivel, incluidos los privilegiados legisladores de ambas cámaras.

Por lo pronto, la nueva política de austeridad carece en la mayoría de estados de una estrategia legislativa incluyente dirigida particularmente a administraciones estatales, congresos, ayuntamientos y organismos o fideicomisos públicos desde los que se deslizan recursos financieros para sufragar beneficios particulares de políticos.

El problema es que los congresos locales se ven lentos en cuanto al compromiso de legislar la austeridad.

En Guerrero, el martes pasado durante la última sesión del periodo ordinario legislativo el diputado Marco Antonio Cabada presentó la iniciativa con proyecto de ley de austeridad republicana del estado de Guerrero, pero el documento entró en los espacios de trámites legislativos en los que los diputados acostumbran sepultar proyectos que no son del agrado del grupo político que controla la cámara local.

La iniciativa de ley del diputado Cabada señala puntos sensibles desde los que se ilustra que los abusos en los ingresos de funcionarios no se localizan en sus ingresos salariales, sino en una serie de subterfugios financieros desde los que obtienen bonificaciones poco visibles al escrutinio público.

En este contexto, define el establecimiento de un marco legal estatal que elimine el pago de seguros de gastos médicos privados; erogaciones destinadas al pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los servidores públicos; obliga a que en un término no mayor de 90 días naturales, la Auditoria Superior del Estado deberá elaborar y presentar al Congreso del Estado un Proyecto de Manual Único de Prestaciones al que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos autónomos y demás autoridades y servidores públicos estatales.

…todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, elaborarán en un plazo no mayor a 60 días naturales, un Programa de Reducción y Ahorro equivalente al 30% del gasto ejercido en 2018 en las partidas de servicios telefónicos,  conducción  de  señales  analógicas,  agua,  luz,  combustibles, fotocopiado, papelería, materiales y suministros  en general, renta de inmuebles, servicio de vigilancia, compra de uniformes y pasajes. Informarán de ello al Órgano Interno de Control y a la Auditoria Superior del Estado…

También prohibe la creación  de  fideicomisos,  fondos,  mandatos  o  contratos  análogos  con  recursos públicos en oficinas de salud, educación, seguridad social, y en seguridad pública.

Según el documento del diputado Cabada, con esta iniciativa se obliga a todos sujetos que reciben presupuesto a realizar sus programas de austeridad y ahorro en el primer mes y a fin de cada año fiscal deberán entregar un informe de austeridad y ahorro, lo anterior bajo la vigilancia y cumplimientos de los Órganos Internos  de  Control  y  se  le  regresa  su  verdadera  esencia  a  la  Secretaria  de Contraloría  y  Transparencia  Gubernamental.

Hasta ahora, el error de los gobiernos federales, gobernadores y alcaldes al momento de frenar derroches presupuestales es mantenerse en la ingenuidad de que con ordenamientos administrativos eliminarán el dispendio. La clave para despojar a los grupos privilegiados de la política radica en puntualizar jurídicamente hasta donde puede utilizarse el dinero público y las penalidades vigentes para quienes rompan dicha normatividad.

La única posibilidad de que la austeridad republicana se extienda a todas las esferas de gobierno en México, será con una reglamentación específica.

El Congreso de Guerrero tiene ya la propuesta de herramienta para diseñar una moderna figura de servicio público alejada del concepto de que habilitarse como funcionario de gobierno representa una forma de construir una base financiera poderosa debido a desordenes de control presupuestal.xxx Trasfondo informativo. También en www.facebook.com/trasfondoinformativo y en @trasfondoin

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