BAJO FUEGO 100 MDD

José Antonio Rivera Rosales


Esa noche de junio de 2009 varios hombres escuchaban atentos los mensajes provenientes de un aparato de radio comunicación.
Todos ellos, azorados, hacían ronda en torno de la persona que interactuaba a través del radio. Recién había ocurrido la balacera entre fuerzas federales y estatales en la zona de Caleta, en la que participó un grupo delictivo con saldo de varios civiles muertos.
Por la radio se escuchaban las palabras de un hombre evidentemente furioso que, con frases altisonantes, lanzaba insultos contra Felipe Calderón, a quien se refería como “pinche presidente ratero”.
“Pinches panistas salieron más rateros que nadie”, decía el enfurecido hombre con frases entrecortadas por la rabia.
Los sujetos que escuchaban el mensaje mantenían una actitud de respetuosa expectación: el hombre que hablaba por radio era Arturo Beltrán Leyva, el capo de capos, quien se notaba visiblemente alterado por lo que consideraba como un agravio personal.
Luego de algunos minutos, el capo precisó que un equipo de federales había irrumpido en uno de sus domicilios en el puerto de Acapulco, situado sobre la calle Cantiles del Fraccionamiento Mozimba, de donde se había llevado un par de vehículos blindados, un lote de joyas caras y dinero en efectivo, todo ello adquirido en Europa por el capo sinaloense.
Nunca hubo rastro de que el decomiso haya sido puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR). En cambio, en el submundo del crimen organizado corrieron versiones en el sentido de que el botín se lo repartieron entre altos funcionarios y que, inclusive, uno de los vehículos blindados se lo regalaron nada menos que al presidente Calderón.
Ese era el enojo de Beltrán Leyva, quien aseguraba que los vehículos, las joyas y el dinero en efectivo se los había quedado el mandatario con su círculo de cercanos.
“Pinche presidente ratero…ratero…ratero”, vociferaba sin parar el capo sinaloense a quienes lo escuchaban, un grupo de hombres que formaban parte de su clan en el puerto de Acapulco.
Luego, amenazó: “Pero se las vamos a cobrar, golpe por golpe; esto no se va a quedar así”, amagaba sin cesar el jefe mafioso, como si se tratara de un agravio inferido personalmente por el mandatario de extracción panista.
En su soliloquio, el capo dejó en claro que, para la siguiente elección presidencial, ya no apoyarían al Partido Acción Nacional, sino al PRI.
“PRI, PRI, PRI, esos son los que vamos a ayudar a que la ganen en la siguiente”, repetía como obsesionado.
El capo Arturo Beltrán Leyva había hechos planes para encontrarse con algunos periodistas los últimos días de diciembre de 2009, a quienes revelaría los acuerdos que existían con altos funcionarios del gobierno panista. Jamás llegó vivo a esa fecha.
Como es del dominio público, Beltrán murió asesinado por un comando de Infantería de Marina el 19 de diciembre de 2009 en su domicilio en la ciudad de Cuernavaca. Quizá el objetivo no era asesinarlo sino, más bien, silenciarlo.
Esta historia viene al caso porque durante el juicio en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán salió a relucir que el presidente Enrique Peña Nieto recibió un soborno de 100 millones de dólares en 2012, cuando resultó ganador de la elección presidencial.
Claro que sus voceros salieron a decir, como antes lo habían hecho, que se trata de una mentira. “Bueno, pues si nadie se va a dar con un tabique en el hocico”, razonaba la abuela cuando debía aplicar sentido común sobre algún tema.
Resulta que es la segunda ocasión en que ese testigo denunció a Peña Nieto por haber recibido un millonario soborno del narco. En noviembre pasado ya había surgido en el juicio la misma acusación: que Peña Nieto y el expresidente Calderón habían recibido sobornos millonarios de los cárteles, lo que fue inmediatamente desmentido por el ex vocero presidencial, Eduardo Sánchez.
Pero si hacemos tantita memoria, una persona que se dijo familiar cercano (hija natural) de Guzmán ya había revelado la misma especie: que El Chapo había pagado 100 millones de dólares a un presidente mexicano, sin entrar en especificaciones.
La versión actual surgida en el juicio contra el narcotraficante precisa que fue EPN quien buscó al capo sinaloense para pedirle 250 millones de dólares a cambio de cesar la persecución en su contra. La contraoferta del capo fue de 100 millones que el entonces mandatario electo aceptó.
Las imputaciones fueron hechas por el colombiano Alex Cifuentes, quien estaba considerado como el brazo derecho del narcotraficante entre 2007 y 2013 en que ambos trabajaron de cerca.
También surgieron aquí acusaciones contra Felipe Calderón, a quien imputaron haber recibido millonarias cantidades de los cárteles a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien se le habrían entregado maletas conteniendo cada una al menos tres millones de dólares.
Si esas entregas de dinero fueron periódicas para los personeros de Calderón (García Luna era el hombre de confianza del mandatario panista), eso explicaría por qué Beltrán se sentía tan ofendido.
Resulta obvio que este juicio derivará en un venero de revelaciones que aún nos puede sorprender, pero el caso aquí apunta a que, con las reservas del caso, asistimos a la develación del rostro sucio de los criminales que han accedido al poder.
La hipótesis de que los cárteles han aportado millonarias cantidades de dinero para las campañas y, en seguida, sobornos millonarios a los mandatarios en turno a cambio de seguir con sus negocios de narcotráfico, toman cuerpo y se revelan como una costumbre de quienes han accedido al poder.
Es por eso que el fallecido capo Arturo Beltrán hablaba con tanta seguridad de hacer ganar al PRI en la elección del 2012, como realmente sucedió.
Toca aquí esperar los resultados del juicio del siglo, tras lo cual conoceremos la determinación de la justicia norteamericana en contra del aún jefe del Cártel de Sinaloa.
Después podremos saber si, de las evidencias del juicio, pudieran derivar responsabilidades legales contra los expresidentes, contra mandos del Ejército involucrados así como mandos de la Policía Federal y de otras corporaciones.
Sólo hay que recordar que por la guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, la nación mexicana ha sufrido más de 200 mil muertes y 40 mil desaparecidos.
Todo, para sostener lo que ahora sabemos era una vil simulación.

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