Baldemar Gómez Roque
Chilpancingo, Gro., a 5 de enero de 2019.-No se pueden volver a contratar a los policías municipales que estaban presos por el caso Ayotzinapa y que están siendo liberados, si estos no pasan los procesos de formación, acreditación y controles de confianza, además que para el municipio sería imposible pagar salarios caídos de todos ellos, dijo el alcalde municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera.
Al ser abordado, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, dio conocer que el Síndico Procurador de Justicia, Frumencio Ramírez Cardona reveló que el pasado viernes la liberación y exoneración de siete policía municipal que habían sido detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 por su probable participación en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y anticipó la posible salida de entre 40 y 50 policías más, de los cerca de 90 que fueron detenidos y encarcelados en penales federales por esta caso en el que también fueron asesinados tres estudiantes.
Señaló que en el caso de los agentes que plantean el pago de salarios caídos por los cuatro años que estuvieron presos, tendrán que iniciar un proceso jurídico de demanda "porque obviamente va a ser imposible que les podamos pagar, por lo que va a ser un problema igual que se vaya a laudos porque no vamos a tener la capacidad de pagar salarios caídos", advirtió.
Asimismo, dijo: "Nosotros no podemos contratar policías si no siguen los procesos de evaluación, acreditación y certificación". El alcalde detalló que en el caso de Iguala solamente cuenta con 61 policías municipales acreditados, cuando el municipio requiere por lo menos de 200 policías para poder funcionar y dar garantías de seguridad a los habitantes.
Ante esta situación, Jaimes Herrera advirtió que lo primero que se tiene que ver con la liberación de los policías, es que pasen por una Comisión de Honor y Justicia para analizar su situación jurídica y legal, y a partir de eso, ver la probabilidad de ser reinstalados.
No descartó que la liberación de los policías afecte económicamente la administración, pues ellos tienen sus derechos y al haber sido absueltos, tendrían que volver a regresar y a su vez se enviarían al Centro de Capacitación Policial para que se certifiquen e inicien nuevamente los procesos de capacitación, concluyó.
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