Por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO
El director general de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Manuel Bartlet Díaz, se enteró hasta el viernes 14 de diciembre, cuando
ya Acapulco tenía dos días sin que se le bombeara agua de sus tres captaciones
del río Papagayo al quedarse sin servicio eléctrico.
De hecho desde el jueves 14 las pipas particulares vendiendo
el vital líquido recorrían la costera Miguel Alemán, en la zona turística del
puerto, abasteciendo los depósitos de los hoteles en la víspera de la temporada
turística de invierno, pues para ese día las reservas comenzaron a agotarse.
En los hogares de las familias de escasos recursos que
carecen de modo para almacenar agua ya no había líquido desde el miércoles 12.
Algunas playas, en especial la de Carabalí y Papagayo e
Icacos, donde desembocan canales pluviales por los cuales se supone que deben
desembocar aguas de lluvia o tratada proveniente de las plantas tratadoras,
lanzaban un hedor perceptible a cientos de metros de distancia.
Del caso se enteró la alcaldesa Adela Román Ocampo, en la
ciudad de México, donde buscaba presentar su plan de rescate financiero del
municipio, incluyendo la CAPAMA, al secretario de Hacienda, que comparecía ante
la comisión respectiva del Congreso, que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar
Era el día de la guadalupana, casi día de asueto en oficinas
municipales.
Por la mañana circuló la versión de que se dejó de bombear
agua primero del pozo Raney llamado Papagayo I, luego el Papagayo II, ubicados
en los bienes comunales de Cacahuatepec, a la vera del río. Sólo quedaba
funcionando el sistema Lomas de Chapultepec, que se ubica en el poblado de ese mismo nombre y que
sólo abastecía la zona Diamante y escasamente alcanzaba a llegar hasta la unión
de la Escénica con Costera.
La información que nos llegó desde Cuernavaca de la oficina
regional de la CFE fue el jueves confirmando que el miércoles se cortó la luz a
dos pozos y el jueves se cortaría al tercero. Ese día, sin embargo, como ya era
día hábil, se había agendado una junta entre directivos de CAPAMA y CFE para resolver el diferendo.
No era fácil ponerse de acuerdo: CAPAMA acumulaba un adeudo
de 535 millones de pesos de consumo de energía eléctrica, acumulados desde
septiembre de 2016, en que se dejó de pagar para interponer un amparo
indirecto, el 944/2016, signado por la apoderada legal Samantha Cabrera
Radilla, por considerar que las tarifas aplicadas al cobro del consumo de la
paramunicipal se habían incrementado arbitrariamente y habían pasado de 11 a 17
millones de un golpe, a pesar de que se había aplicado un plan de ahorro que consistía en apagar los bombeo durante algunas horas, disminuyendo así su consumo de luz, aunque a decir verdad se castigaba más a las zonas que de por sí sólo recibían el agua en tandas (tandeado, le llaman en ese organismo) sólo una o dos veces por semana.
El juicio de amparo les resultó bien en 2016, era incluso
algo histórico, algo que rondó las cabezas de los directivos de CAPAMA desde principios de este siglo, pero que no se atrevieron a hacer ni cuando el organismo era asesorado por un sagaz abogado penalista que tiene mucha presencia en redes y cobra sus servicios a precio de oro; y se reforzó con el juicio de amparo indirecto número 289/2017, de tal manera que la CFE no podía cortar la electricidad a CAPAMA y de hacerlo incurriría en un delito al violar un amparo federal que implicaba que el que ordenara ese corte iría a la cárcel.
En noviembre de este año 2018, ya con la nueva administración municipal, la Corte había resuelto un laudo a favor y otro en contra: la Magistrada Gabriela Ortiz, del tercer tribunal colegiado civil y del trabajo con residencia en Chilpancingo resolvió amparar a CAPAMA contra el jefe de medición de la CFE (obligaba a revisar las cantidades que se querían cobrar), pero no le ampararon contra la legislación que faculta a CFE a cobrarle el servicio de suministro de energía eléctrica.
De acuerdo a esta resolución de la Corte, la CFE sí estaba facultada para cobrarle a CAPAMA, la CAPAMA estaba obligada a pagar, aunque la tarifa debía revisarse.
En noviembre de este año 2018, ya con la nueva administración municipal, la Corte había resuelto un laudo a favor y otro en contra: la Magistrada Gabriela Ortiz, del tercer tribunal colegiado civil y del trabajo con residencia en Chilpancingo resolvió amparar a CAPAMA contra el jefe de medición de la CFE (obligaba a revisar las cantidades que se querían cobrar), pero no le ampararon contra la legislación que faculta a CFE a cobrarle el servicio de suministro de energía eléctrica.
De acuerdo a esta resolución de la Corte, la CFE sí estaba facultada para cobrarle a CAPAMA, la CAPAMA estaba obligada a pagar, aunque la tarifa debía revisarse.
Era el 14 de noviembre de 2018 y con eso era cosa de días de
cuadrar el momento en que la CFE cortara la luz para obligar a CAPAMA a pagar
sus consumos, pues si bien la administración anterior no pagó desde septiembre del
2016, la nueva tampoco había pagado el mes de octubre ya trascurrido y noviembre de 2018 estaba en marcha.
El momento llegó cuando la CFE tenía que cerrar sus cuentas
de resultados del año y según sus reglas si alguien aparece en impago, debe
aparecer como cortado, de modo que desde Cuernava se ordenó el corte.
La única solución era el pago del total o un plan de pagos
pactado CFE-CAPAMA, cosa imposible como lo declaró la alcaldesa Adela Román,
pues en fin de año se tenía encima el pago de salarios, aguinaldos, cajas de
ahorro, vacaciones y otras prestaciones y la recaudación de CAPAMA se había
caído, el municipio no tenía para prestarle y el gobierno del estado estaba en
la misma.
El tema del amparo dejó de tener seguimiento pues la
subdirectora jurídica que se había atrevido a interponer el amparo, ya había sido sustituída y ahora estaba al frente de ese departamento un abogado laborista,
Carmelo Loeza, que sólo había querido hacerse cargo de la cartera laboral, pero que
fue invitado, dado su perfil de luchador social, a hacerse cargo de todos los
asuntos legales de esa dependencia. Carmelo no tenía los hilos del amparo para
dar seguimiento, CAPAMA estaba en la indefensión.
La carta de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, era buscar un arreglo político y en ese caso sería llegar directamente al director general Manuel
Bartlet Díaz, quien si bien no tiene el perfil técnico si tiene la sensibilidad
política para actuar conforme a la política del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Dicen testigos del encuentro que el hombre de Bucareli, como
se le conoció mucho tiempo, montó en cólera cuando supo que habían cortado la
luz dejando sin agua a 600 mil acapulqueños. Se dice que incluso golpeó la mesa
y ordenó de inmediato la reconexión para no dejar sin servicio al municipio
turístico, por un elemental derecho humano y no propiciar una emergencia
sanitaria en el puerto. Todo eso, sin dejar de hacer que se pague el adeudo.
El lunes 17 de diciembre, la alcaldesa, con el apoyo del gobernador
Astudillo se reunió con Bartlet. Ya dijo que no tiene dinero para
pagar, el gobernador que ayudará con lo que pueda, pero son muchos millones,
sólo quedó confiar en la sensibilidad de Bartlet...y funcionó. Bartlet Díaz ordenó no cortar el servicio de energía eléctrica y la alcaldesa se comprometió a pagar al menos los consumos de lo que va de su administración, es decir octubre, noviembre y diciembre 2018 que ya representan unos 60 millones de pesos.
Sobre la mesa queda saber si los otros 500 millones se pagarán como en Elektra, con abonos chiquitos, si la CFE (en realidad Hacienda pues son créditos fiscales) los condonará o sí la alcaldesa consigue, de los diputados que ahora discuten el presupuesto 2019, una partida extraordinaria para saldar esa cuenta y salvar a los acapulqueños de la posibilidad de quedarse sin agua en sus hogares.
Sobre la mesa queda saber si los otros 500 millones se pagarán como en Elektra, con abonos chiquitos, si la CFE (en realidad Hacienda pues son créditos fiscales) los condonará o sí la alcaldesa consigue, de los diputados que ahora discuten el presupuesto 2019, una partida extraordinaria para saldar esa cuenta y salvar a los acapulqueños de la posibilidad de quedarse sin agua en sus hogares.
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