Acapulco, donde la violencia es herramienta política y urge la prevención

Por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO*

“La guerra es la continuación de la política por otros medios” Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz

Que la violencia que vive el municipio de Acapulco es ya una verdadera guerra, aunque de baja intensidad, se afirma porque existen, según versiones de las autoridades en materia de seguridad entre 40 y 50 pandillas, cada una de las cuales tendría en promedio medio centenar de integrantes.
La mayoría de ellas aparecen vinculadas a diversos cárteles del crimen organizado cuyo alcance es nacional e incluso, en algunos casos, internacional y, tienen un control territorial preciso que les lleva a pelear palmo a palmo, calle por calle, cuadra por cuadra el control paramilitar de esos territorios, aunque existen casos en los cuales se llega a acuerdos entre pandillas, acuerdos por ejemplo de no agresión o respeto de las zonas de control mientras en otros se desarrollan cruentos enfrentamientos por éstas.
Cierto que son afirmaciones polémicas, pero habría que reflexionar sobre el hecho de que por ejemplo a las zonas altas de la Laja, de la Morelos o Santa Cecilia, la parte alta de Costa Azul, los vericuetos de la Zapata, Renacimiento, La Sabana y muchas otras colonias que de mencionarse aquí ocuparían todo el espacio del artículo, donde solo se puede entrar con operativos de alto poder de fuego, es decir, con el ejército y la armada o bien con el permiso de aquellos que controlan esas zonas y que cuentan para ello con los vigilantes o halcones, que proveen de información a quienes se encargan de restringir o permitir los accesos.
En esas zonas se cobran impuestos no oficiales conocidos como pago de cuota o cobro de piso, a cargo de jóvenes que recorren periódicamente los comercios y empresas, libreta en mano, para que las empresas medianas y pequeñas puedan trabajar sin contratiempo.
Y que la violencia que esas pandillas ejercen no solo es una cuestión económica o de guerra por los espacios para venta y trasiego de drogas, sino que tienen también un eminente tufo político, queda más que claro con los “coincidentes” picos de violencia en zonas y momentos con una importancia claramente política.
Los ejemplos más recientes dan prueba de ello: la colonia Morelos, era una zona olvidada, que cuando  más aparecía en la prensa por su falta perene de agua potable, pero de repente cobró una inusitada importancia en el marco de la violencia, desde que una de sus habitantes es la presidenta municipal de Acapulco: Adela Román Ocampo.
Quema de autos, ataques a viviendas, asesinatos de personajes connotados (léase Cesar Zambrano Pérez, prestigiado y querido empresario) y mensajes amenazantes a través de las tradicionales narcocartulinas, como los dirigidos a la diputada Mariana García Guillén.
Otra prueba contundente es el asesinato del locutor Gabriel Soriano, ocurrido a pocos kilómetros del sitio más vigilado por el arranque oficial de los eventos regionales del tercer informe del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los tres personajes mencionados habrían generado motivos para las manifestaciones de violencia y amenazas en su contra: Adela Román se habría negado a aceptar pactos con las pandillas que controlan no solo territorios, sino parte de la actividad de gobierno en la administración municipal.
Héctor Astudillo apareció como el autor intelectual del operativo que inmovilizó a la secretaría de seguridad pública de Acapulco el 25 de septiembre, en donde se descubrió un importante faltante de armas.
Mariana García, había presentado semanas antes una propuesta de ley para endurecer las penas en los delitos de extorsión y cobro de piso o cuota.
Pero eso son solo los casos más recientes que darían fuerza a la teoría de que la violencia en Acapulco tiene un fuerte aroma a guerra política.
Una somera revisión hacia atrás nos recordaría el caso de los dos estudiantes normalistas asesinados en la Autopista del sol un 12 de diciembre, que serviría para denostar y destituir al entonces procurador de justicia Alberto López Rosas y al secretario de seguridad del estado, Ramón Almonete Borja, ambos, personajes más políticos que funcionarios y con grupo político propio y aspiraciones abiertas de seguir escalando políticamente en puestos de representación popular.
El mismo caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido visto no solo como un asunto de mera confusión de un grupo que transportaba droga y que perdió un cargamento al ser confiscado el camión en que se trasladaba por normalistas, sino también como una maniobra desde altos niveles de poder que le costó la pérdida de la gubernatura al hombre más poderoso políticamente en el Guerrero de esa época, el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Y así podríamos continuar, pero baste con señalar que cada vez que un partido político pierde el poder en Acapulco, hay un incremento de los niveles de violencia que llevan no solo mostrarse más cruentos con personas destazadas o desolladas vivas, sino también en elevar el tipo de objetivos asesinados: periodistas, curas, empresarios, turistas, profesores, médicos, connotados, con la velada intención de generar desestabilización a los gobernantes en turno.
«La guerra es la continuación de la política por otros medios», escribió el militar, historiador y teórico de la guerra del siglo XIX, arriba citado, pero en su libro el Tratado de la Guerra, menciona también otros dos elementos: a) el odio, la enemistad y la violencia primitiva, y b) el juego del azar y las probabilidades.
«El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al pueblo; el segundo, al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero, solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella; el alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá del carácter del comandante en jefe y del ejército; los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno».
En la teoría de Clausewitz, los elementos del odio, el cálculo y la inteligencia (dicho de otro modo, la pasión, el juego y la política) forman una «trinidad» inseparable.
Si no se atiende estos aspectos no se podrá avanzar en la prevención, que le corresponde en primer lugar a la autoridad municipal y, si la autoridad es derrotada en este terreno, muy pronto será derrotada en los otros ámbitos de la política, es decir, en el ámbito electoral, que ya está en juego desde ahora, pese a que faltan más de dos años para el siguiente proceso electoral formal.
Uno de los elementos cruciales para afrontar esta guerra en el nivel de prevención sería, como lo hizo Alemania, que se basó en Clausewitz para unificar la conducción militar y la política durante las dos guerras mundiales del siglo XX.
Para Clausewitz la guerra como una empresa política de alto vuelo, sin desconocer la sangre y la brutalidad que implica. Por eso, consideraba que todos los recursos de una nación deben ponerse al servicio de la guerra cuando se decide su ejecución. Y pensaba que la guerra, una vez iniciada, no debe detenerse hasta desarmar y abatir al enemigo. Su definición de la guerra es:
«Constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad».
Desde la luz de esa teoría de la guerra hemos llegado al documento ‘Intervención multiagencial’ contra el delito en los autores referenciados en la criminología realista de izquierda, especialmente sobre Jock Young, Roger Matthews y John Lea. Estas producciones comparten, a su vez, el haber abordado la cuestión de la ‘prevención del delito’ de manera específica en sus trabajos.
Planteando la importancia de la investigación con el objetivo de analizar los modos de problematización de la relación entre delito y condiciones de vida en el desarrollo de las políticas de prevención social del delito, como se hizo en Argentina, durante la primera década del nuevo siglo.
Los ejes comparativos, en ese estudio fueron fundamentalmente tres: el lugar de la política social y la intervención sobre las condiciones de vida en las estrategias preventivas; las modalidades de construcción de las poblaciones objetivos; y, por último, las formas de territorialización que presentaban dichas políticas.
De ahí que una de las conclusiones a que hemos llegado con este análisis es que el nombramiento del secretario de seguridad pública de Acapulco no podía dejarse plenamente en manos de la armada o de la Sedena, o del estado o del municipio, sino que tenía que consensuarse entre todos, pues se trata de una guerra que a nivel local y como primer responsable (respondiente diría el nuevo lenguaje policial) tiene al ayuntamiento a través de su secretario de seguridad.
En ese tenor el debate acerca de si el secretario tiene o no cédula profesional, en el caso de Geovanni Raúl Mejía Olguín, pasa a un verdadero segundo plano, puesto que en Acapulco se viven situaciones de crisis, en donde las medidas que se tomen deben ser en correspondencia y si el hombre que se vea como el adecuado para el tema carece de un documento para ser nombrado, se puede dispensar, en tanto sea el que tanga los elementos para encabezar la guerra al crimen a nivel local, conjuntando la pericia policial con la voluntad política para salir adelante.
(En el caso de Mejía Olguín, dado que hay pocos datos sobre su pericia policías, salvo que tiene alguna queja en derechos humanos por agredir a policías, tendremos que confiar en la visión de la alcaldesa Román Ocampo y de quienes desde sus temporales cargos en la Marina y la Sedena, lo avalaron)
Termino el presente escrito con la aportación de mis notas presentadas en el programa del miércoles 31 de octubre de 2018 en el programa radiofónico Secreto a voces, de Audiorama, denominado La prevención DEL DELITO EN ACAPULCO UN IMPERATIVO (obligación del estado mexicano)
EL DELITO: LAS CAUSAS, MODO DE CONJURARLO,
Acapulco:
LAS CAUSAS
1.- FALTA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS:
Hay un segmento de la población sin posibilidades de ingreso, cuyos integrantes encuentran salida en las actividades ilícitas: sicarios, halcones, distribuidores de droga al menudeo, cobradores de cuota, entre otras.
2.- Existencia de un mercado de drogas en el sector turístico, así como de trata de personas y pornografía, inherentes a surgimiento de la propia industria sin chimeneas.
3.- Ausencia o debilitamiento del poder del Estado, en la protección de los empresarios y ciudadanía en general, dejando un vacío de autoridad que es llenado por los capos con sus cobracuotas y extorsionadores.
4.- El abierto combate territorial entre pandillas por el mercado

MODO DE CONJURARLO
1.- Acciones emergentes de atención económica a la población vulnerable: becas de estudio y proyectos productivos, mediante un censo exhaustivo casa por casa en las colonias en foco rojo.
2.- Regular el mercado negro de drogas en el sector turismo, mediante acuerdos de cierta tolerancia extralegal con los administradores de los centros de diversión y autoridades de salud y policíacas locales
3.- Impulsar el control territorial con la policía certificada local, la estatal y la federal con el Grupo de Coordinación Guerrero, con mecanismos de vigilancia electrónica y cuerpos de reacción inmediata conjunta, tipo Swat, para evitar el cobro de piso, extorsión y asesinatos en vía pública.
4.- Aumentar el espíritu de la denuncia ciudadana hacia todo tipo de delitos que atenten contra la vida, por medio de un plan emergente de intervención social con actividades de penetración sociológica y sicológica, mediante el uso de medios masivos de comunicación y actividades culturales y artísticas con fines de promoción social de los valores de ética, paz y solidaridad.
Buscar amplificar por los medios de comunicación, las noticias generadas cuando un sujeto tras ser detenido sea luego liberado por la mala implementación de los proceso de justicia en la integración de las carpetas de investigación. Esto meterá presión en la parte que le toca a la fiscalía, la cual se verá obligada a integrar bien sus expedientes so pena de ser exhibidos cuando por su culpa los delincuentes vuelvan a las calles. (En este sentido se podría pedir la reforma al código penal, para que se sancione también la ineficiencia o mala integración de expedientes criminales con penas más severas, separación del cargo o cárcel para los empleados o funcionarios implicados)
ESO IMPLICA TENER UNA POLICÍA MUNICIPAL CONFIABLE, no solo por su certificación por las autoridades correspondientes, sino que también hay que lavarle la imagen pública a la corporación local, mediante una fuerte campaña de penetración y proximidad para ganarse la confianza de la gente.
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*El autor es periodista, licenciado en ciencias de la comunicación, maestrante en ciencia política

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