Por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO*
“La guerra es
la continuación de la política por otros medios” Carl Philipp Gottlieb von
Clausewitz
Que la violencia que vive el municipio de Acapulco es ya
una verdadera guerra, aunque de baja intensidad, se afirma porque existen,
según versiones de las autoridades en materia de seguridad entre 40 y 50
pandillas, cada una de las cuales tendría en promedio medio centenar de
integrantes.
La mayoría de ellas aparecen vinculadas a diversos
cárteles del crimen organizado cuyo alcance es nacional e incluso, en algunos
casos, internacional y, tienen un control territorial preciso que les lleva a
pelear palmo a palmo, calle por calle, cuadra por cuadra el control paramilitar
de esos territorios, aunque existen casos en los cuales se llega a acuerdos
entre pandillas, acuerdos por ejemplo de no agresión o respeto de las zonas de
control mientras en otros se desarrollan cruentos enfrentamientos por éstas.
Cierto que son afirmaciones polémicas, pero habría que
reflexionar sobre el hecho de que por ejemplo a las zonas altas de la Laja, de
la Morelos o Santa Cecilia, la parte alta de Costa Azul, los vericuetos de la
Zapata, Renacimiento, La Sabana y muchas otras colonias que de mencionarse aquí
ocuparían todo el espacio del artículo, donde solo se puede entrar con
operativos de alto poder de fuego, es decir, con el ejército y la armada o bien
con el permiso de aquellos que controlan esas zonas y que cuentan para ello con
los vigilantes o halcones, que proveen de información a quienes se encargan de
restringir o permitir los accesos.
En esas zonas se cobran impuestos no oficiales conocidos
como pago de cuota o cobro de piso, a cargo de jóvenes que recorren periódicamente
los comercios y empresas, libreta en mano, para que las empresas medianas y
pequeñas puedan trabajar sin contratiempo.
Y que la violencia que esas pandillas ejercen no solo es
una cuestión económica o de guerra por los espacios para venta y trasiego de
drogas, sino que tienen también un eminente tufo político, queda más que claro
con los “coincidentes” picos de violencia en zonas y momentos con una
importancia claramente política.
Los ejemplos más recientes dan prueba de ello: la colonia
Morelos, era una zona olvidada, que cuando
más aparecía en la prensa por su falta perene de agua potable, pero de
repente cobró una inusitada importancia en el marco de la violencia, desde que
una de sus habitantes es la presidenta municipal de Acapulco: Adela Román
Ocampo.
Quema de autos, ataques a viviendas, asesinatos de
personajes connotados (léase Cesar Zambrano Pérez, prestigiado y querido
empresario) y mensajes amenazantes a través de las tradicionales
narcocartulinas, como los dirigidos a la diputada Mariana García Guillén.
Otra prueba contundente es el asesinato del locutor
Gabriel Soriano, ocurrido a pocos kilómetros del sitio más vigilado por el
arranque oficial de los eventos regionales del tercer informe del gobernador
Héctor Astudillo Flores.
Los tres personajes mencionados habrían generado motivos
para las manifestaciones de violencia y amenazas en su contra: Adela Román se
habría negado a aceptar pactos con las pandillas que controlan no solo
territorios, sino parte de la actividad de gobierno en la administración
municipal.
Héctor Astudillo apareció como el autor intelectual del
operativo que inmovilizó a la secretaría de seguridad pública de Acapulco el 25
de septiembre, en donde se descubrió un importante faltante de armas.
Mariana García, había presentado semanas antes una
propuesta de ley para endurecer las penas en los delitos de extorsión y cobro
de piso o cuota.
Pero eso son solo los casos más recientes que darían
fuerza a la teoría de que la violencia en Acapulco tiene un fuerte aroma a
guerra política.
Una somera revisión hacia atrás nos recordaría el caso de
los dos estudiantes normalistas asesinados en la Autopista del sol un 12 de
diciembre, que serviría para denostar y destituir al entonces procurador de
justicia Alberto López Rosas y al secretario de seguridad del estado, Ramón
Almonete Borja, ambos, personajes más políticos que funcionarios y con grupo
político propio y aspiraciones abiertas de seguir escalando políticamente en
puestos de representación popular.
El mismo caso de la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa ha sido visto no solo como un asunto de mera confusión de un grupo
que transportaba droga y que perdió un cargamento al ser confiscado el camión
en que se trasladaba por normalistas, sino también como una maniobra desde
altos niveles de poder que le costó la pérdida de la gubernatura al hombre más
poderoso políticamente en el Guerrero de esa época, el gobernador Ángel Aguirre
Rivero.
Y así podríamos continuar, pero baste con señalar que
cada vez que un partido político pierde el poder en Acapulco, hay un incremento
de los niveles de violencia que llevan no solo mostrarse más cruentos con
personas destazadas o desolladas vivas, sino también en elevar el tipo de
objetivos asesinados: periodistas, curas, empresarios, turistas, profesores,
médicos, connotados, con la velada intención de generar desestabilización a los
gobernantes en turno.
«La guerra es la
continuación de la política por otros medios», escribió el militar,
historiador y teórico de la guerra del siglo XIX, arriba citado, pero en su
libro el Tratado de la Guerra, menciona también otros dos elementos: a) el
odio, la enemistad y la violencia primitiva, y b) el juego del azar y las
probabilidades.
«El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al
pueblo; el segundo, al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero,
solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que
existir ya en los pueblos afectados por ella; el alcance que lograrán el juego
del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá
del carácter del comandante en jefe y del ejército; los objetivos políticos,
sin embargo, incumbirán solamente al gobierno».
En
la teoría de Clausewitz, los elementos del odio, el cálculo y la inteligencia
(dicho de otro modo, la pasión, el juego y la política) forman una «trinidad»
inseparable.
Si
no se atiende estos aspectos no se podrá avanzar en la prevención, que le
corresponde en primer lugar a la autoridad municipal y, si la autoridad es
derrotada en este terreno, muy pronto será derrotada en los otros ámbitos de la
política, es decir, en el ámbito electoral, que ya está en juego desde ahora,
pese a que faltan más de dos años para el siguiente proceso electoral formal.
Uno
de los elementos cruciales para afrontar esta guerra en el nivel de prevención
sería, como lo hizo Alemania, que se basó en Clausewitz para unificar la
conducción militar y la política durante las dos guerras mundiales del siglo
XX.
Para
Clausewitz la guerra como una empresa política de alto vuelo, sin desconocer la
sangre y la brutalidad que implica. Por eso, consideraba que todos los recursos
de una nación deben ponerse al servicio de la guerra cuando se decide su
ejecución. Y pensaba que la guerra, una vez iniciada, no debe detenerse hasta
desarmar y abatir al enemigo. Su definición de la guerra es:
«Constituye un acto de
fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad».
Desde la luz de esa teoría de la guerra hemos llegado al
documento ‘Intervención
multiagencial’ contra el delito en los autores referenciados en la criminología
realista de izquierda, especialmente sobre Jock Young, Roger Matthews y John
Lea. Estas producciones comparten, a su vez, el haber abordado la cuestión de
la ‘prevención del delito’ de manera específica en sus trabajos.
Planteando la importancia
de la investigación con el objetivo de analizar los modos de problematización
de la relación entre delito y condiciones de vida en el desarrollo de las
políticas de prevención social del
delito, como se hizo en Argentina, durante la primera década del nuevo siglo.
Los ejes comparativos, en
ese estudio fueron fundamentalmente tres: el lugar de la política social y la intervención
sobre las condiciones de vida en las estrategias preventivas; las modalidades
de construcción de las poblaciones
objetivos; y, por último, las formas de territorialización que
presentaban dichas políticas.
De ahí que una de las conclusiones a que hemos llegado
con este análisis es que el nombramiento del secretario de seguridad pública de
Acapulco no podía dejarse plenamente en manos de la armada o de la Sedena, o
del estado o del municipio, sino que tenía que consensuarse entre todos, pues
se trata de una guerra que a nivel local y como primer responsable
(respondiente diría el nuevo lenguaje policial) tiene al ayuntamiento a través
de su secretario de seguridad.
En ese tenor el debate acerca de si el secretario tiene o
no cédula profesional, en el caso de Geovanni Raúl Mejía Olguín, pasa a un
verdadero segundo plano, puesto que en Acapulco se viven situaciones de crisis,
en donde las medidas que se tomen deben ser en correspondencia y si el hombre
que se vea como el adecuado para el tema carece de un documento para ser
nombrado, se puede dispensar, en tanto sea el que tanga los elementos para
encabezar la guerra al crimen a nivel local, conjuntando la pericia policial con
la voluntad política para salir adelante.
(En el caso de Mejía Olguín, dado que hay pocos datos
sobre su pericia policías, salvo que tiene alguna queja en derechos humanos por
agredir a policías, tendremos que confiar en la visión de la alcaldesa Román Ocampo
y de quienes desde sus temporales cargos en la Marina y la Sedena, lo avalaron)
Termino el presente escrito con la aportación de mis
notas presentadas en el programa del miércoles 31 de octubre de 2018 en el
programa radiofónico Secreto a voces, de Audiorama, denominado La prevención
DEL DELITO EN ACAPULCO UN IMPERATIVO (obligación del estado mexicano)
EL DELITO: LAS CAUSAS, MODO DE CONJURARLO,
Acapulco:
LAS CAUSAS
1.- FALTA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS:
Hay un segmento de la población sin posibilidades de
ingreso, cuyos integrantes encuentran salida en las actividades ilícitas:
sicarios, halcones, distribuidores de droga al menudeo, cobradores de cuota,
entre otras.
2.- Existencia de un mercado de drogas en el sector
turístico, así como de trata de personas y pornografía, inherentes a
surgimiento de la propia industria sin chimeneas.
3.- Ausencia o debilitamiento del poder del Estado, en la
protección de los empresarios y ciudadanía en general, dejando un vacío de
autoridad que es llenado por los capos con sus cobracuotas y extorsionadores.
4.- El abierto combate territorial entre pandillas por el
mercado
MODO DE CONJURARLO
1.- Acciones emergentes de atención económica a la
población vulnerable: becas de estudio y proyectos productivos, mediante un
censo exhaustivo casa por casa en las colonias en foco rojo.
2.- Regular el mercado negro de drogas en el sector
turismo, mediante acuerdos de cierta tolerancia extralegal con los
administradores de los centros de diversión y autoridades de salud y policíacas
locales
3.- Impulsar el control territorial con la policía
certificada local, la estatal y la federal con el Grupo de Coordinación
Guerrero, con mecanismos de vigilancia electrónica y cuerpos de reacción
inmediata conjunta, tipo Swat, para evitar el cobro de piso, extorsión y
asesinatos en vía pública.
4.- Aumentar el espíritu de la denuncia ciudadana hacia
todo tipo de delitos que atenten contra la vida, por medio de un plan emergente
de intervención social con actividades de penetración sociológica y sicológica,
mediante el uso de medios masivos de comunicación y actividades culturales y
artísticas con fines de promoción social de los valores de ética, paz y
solidaridad.
Buscar amplificar por los medios de comunicación, las
noticias generadas cuando un sujeto tras ser detenido sea luego liberado por la
mala implementación de los proceso de justicia en la integración de las
carpetas de investigación. Esto meterá presión en la parte que le toca a la
fiscalía, la cual se verá obligada a integrar bien sus expedientes so pena de
ser exhibidos cuando por su culpa los delincuentes vuelvan a las calles. (En
este sentido se podría pedir la reforma al código penal, para que se sancione
también la ineficiencia o mala integración de expedientes criminales con penas
más severas, separación del cargo o cárcel para los empleados o funcionarios
implicados)
ESO IMPLICA TENER UNA POLICÍA MUNICIPAL CONFIABLE, no
solo por su certificación por las autoridades correspondientes, sino que
también hay que lavarle la imagen pública a la corporación local, mediante una
fuerte campaña de penetración y proximidad para ganarse la confianza de la
gente.
xxx
xxx Trasfondo informativo. También en www.facebook.com/trasfondoinformativo y en @trasfondoin
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