Reformar la ley de la UAGRO ¿Perder el bosque por mirar los árboles?

Por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO

Parece un contrasentido que la primera propuesta que hace el joven diputado local Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, se perfile, con la bandera de ayudar a los jóvenes a obtener educación superior gratuita a, en los hechos, pueda afectar a quienes hoy cursan sus estudios universitarios y peor aún, se pueda entender a contracorriente de las causas por las que siempre lucharon su abuelo Pablo Sandoval Cruz y su padre Pablo Sandoval Ramírez, ambos comprometidos siempre con la lucha por la autonomía universitaria.
Y es que al proponer esa iniciativa parece haberse perdido de vista el bosque por mirar los árboles al plantear la modificación de la ley general de educación del estado de Guerrero y la ley orgánica de la universidad autónoma de Guerrero (UAGRO).
Vayamos por partes: en principio el planteamiento de eliminar toda cuota en las escuelas de la UAGRO pareciera, aunque populista, una buena causa para atraer a los jóvenes universitarios a las filas de Morena.
Pero al hacer el hacer análisis minucioso, cosa que todo legislador está obligado a hacer, por sí por medio de su séquito de asesores que pululan en el palacio legislativo de Chilpancingo, a pesar de la recomendación del máximo líder moral nacional morenista Andrés Manuel López Obrador de eliminar esas cargas burocráticas, es evaluar el impacto no solo a corto plazo, sino a mediano y largo aliento, así como los efectos colaterales de toda propuesta de modificación legal.
La primer duda que salta al hablar de eliminar esas cuotas anuales o semestrales es ¿cómo se supliría la fuente de ingresos que esas cuotas aportan al funcionamiento de las unidades académicas? las cuales carecen de otra partida oficial para hacer frente a los gastos urgentes del día a día de la operación escolar.
El diputado Sandoval antes que plantear el incremento de subsidio a una universidad que recibe la menor de las aportaciones por estudiante  entregadas por la federación a las universidades públicas del país, al recibir apenas 37 mil 804 pesos por estudiante, frente a los los 91 mil 843 pesos que recibe por alumno la Universidad Autónoma de Tamaulipas, o los 90 mil 241 de la Universidad de Yucatán. Lo que haría poco factible que si de por sí el subsidio es insuficiente, se tome de ahí para dar recursos a cada escuela para sus gastos operativos.
Claro que el diputado licenciado por la UNAM y doctorado en Yale, no sabe lo que la universidad de los guererenses ha sufrido y ha tenido que luchar para ser lo que ahora es: la quinta entre las mayores universidades del país con su matrícula de  casi 90 mil alumnos, con presencia en 51 municipios de la agreste geografía de la entidad, que duplicó sus programas educativos en los últimos 10 años al pasar de 73 en el 2008 a 154 en el 2017 y que ocupa el tercer lugar nacional en el padrón de calidad del sistema nacional de educación, en bachillerato, con 26 planteles en el estado de ese nivel y 29 de posgrado, 136 profesores de tiempo completo integrados al Sistema nacional de investigadores (SNI), 476 profesores con perfil deseable para el tipo superior (PRODEP) y 35 planteles certificados en el sistema de calidad ISO 9001-2008 y que además sostiene 106 casas de estudiantes con 2 mil 142 moradores.
Su abuelo, el doctor Pablo Sandoval Cruz, destacado luchador por la autonomía y marchista por el subsidio decenas de veces sí lo sabe. Al igual que su padre Pablo Sandoval Ramírez, un gran académico y sindicalista, miembro destacado del Partido Comunista Mexicano.
Pero si estos datos al parecer no fueron suficientemente analizados por el equipo de asesoría del diputado Pablo Amilcar, al lanzar unilateralmente la propuesta de quitar cuotas anuales que ayudan a los planteles escolares a resolver sus problemas educativos sin plantear algún otro modo de obtener esa ayuda, también hay elementos no previstos:
Por ejemplo que si los planteles pierden esos ingresos, tenderán a la parálisis y al deterioro, incidiendo en el nivel educativo, lo que podría generar una de dos, o decae lo logrado en el campo académico o los alumnos salen a las calles a pedir que sea el sector central quien les aporte esos recursos y al no encontrarlos, dado el bajísimo nivel del subsidio que recibe esa casa de estudios, devenga en manifestaciones de exigencia de mayor subsidio, lo cual, de todos modos, baja el nivel de la educación, pues obliga a los estudiantes a perder tiempos clases para estar marchando por el subsidio.
¿Será que a eso se le apuesta, como una forma de generar ingobernabilidad en el estado para afectar al mandatario estatal actual, con visos electorales al 2021?
Claro que, una salida lateral sería que, en caso de que la propuesta se impusiera con la mayoría mecánica de Morena en el congreso del estado, seguir el ejemplo de la universidad de Hidalgo, que no hace mucho tuvo que recurrir a un juicio de inconstitucionalidad contra la modificación a su ley orgánica, violando así su autonomía.
Por supuesto que, dado que tampoco, la propuesta de reforma contiene medidas contra las universidades fifís que controlen las altas tarifas que cobran por ingresar así como sus mensualidades, puede deberse sólo a una propuesta poco meditada, que puede guardarse prudentemente para enfocarla mejor, y no pase de una buena llamada de atención a los descuidados asesores parlamentarios de Morena para que hagan mejor su trabajo.
Veremos!
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