(SEGUNDA DE DOS PARTES).
El Centro de Reinserción Social de Acapulco, el más grande de todos los penales en Guerrero, cuenta con una población aproximada de 2 mil 300 internos, cuando su capacidad es apenas suficiente para albergar a un mil 676 presos. Es decir, tiene una capacidad rebasada en un 50 por ciento. Esa es la anomalía a la que se refieren las recomendaciones de la CNDH.
Pero esa situación data de muchos años, lo que significa que debió ser atendida desde pasadas administraciones, lo cual no ocurrió.
Aquí habrá que detenernos para comentar que las recomendaciones de la CNDH se refieren sólo a factores objetivos de reclusión. ¿Pero qué hay del factor humano, que es el que incide verdaderamente en el maltrato que reciben los internos en los 15 centros de reclusión?
Usted, amigo lector, ¿alguna vez ha compartido los alimentos con un reo del penal de Las Cruces?
La comida, si es que se le puede llamar comida a esa porquería que le suministran a los presos, es un verdadero asco.
Visto objetivamente, la alimentación en realidad se constituye como una primera fuente de agravios para la población carcelaria. Una segunda fuente de agravios es el trato que reciben, los reos y sus familias, por parte del personal de vigilancia del penal.
Estos mecanismos inherentes a la reclusión son los que, finalmente, provocaron el motín del pasado 6 de julio y consecuentemente las protestas recientes de familiares de los reos ocurridas en diversas fechas , tras lo cual se ha generado ahora permanentemente un hostigamiento constante contra grupos de reos a los que se considera conflictivos, agresiones que se hacen extensivas también contra sus familias.
De todas estas anomalías el primer responsable es el secretario de Seguridad Pública, , administrador de las cárceles de Guerrero, pero no está libre de responsabilidad el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, un funcionario famoso ya por su intolerancia a la critica y sus arrebatos de furia .
En términos generales, el gobernador Héctor Astudillo se manifestó dispuesto a acatar las tres recomendaciones de la CNDH, para lo cual la única salida parece ser la construcción de un nuevo penal, lo que tendría que ocurrir en 2018.
¿Pero cómo piensa el mandatario solucionar el maltrato a los internos, el hostigamiento, la alimentación infame, la tortura, el encono del personal carcelario contra los reos, hombres y mujeres recluidos por transgredir la ley?
¿Investigara realmente las denuncias de familiares manifestadas en las recientes protestas?
¿Acaso esta situación no se piensa investigar?
¿Los mandos del sistema carcelario entonces cuentan con una patente de corso?
¿En cuánto tiempo más estallará una nueva crisis en los penales por el acoso al que son sometidos los internos?
Son cosas para pensarse, de especial interés para el gobernador Astudillo. CONSTE.-
ALFREDO PEREZ ZARATE.xxx Trasfondo informativo. También en www.facebook.com/trasfondoinformativo y en @trasfondoin
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