REINSERCIÓN SOCIAL EN GUERRERO CONTAMINADA CON MANDOS COLUDIDOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO.

(Primera de dos partes).

A estas alturas de la historia, está más que demostrado que la reinserción social -readaptación social, le llamaban antes- es un verdadero fracaso de la administración pública tanto federal como local.

En los hechos, los llamados Centros de Reinserción Social se constituyen como verdaderas escuelas del crimen, de modo que quienes regresan a las calles cuentan con mayores capacidades para delinquir, que antes de que fueran recluidos.

Con una población superior a los 5 mil internos, el sistema carcelario de Guerrero en realidad constituye una verdadera bomba de tiempo por sus condiciones de reclusión.
Esta situación ha ameritado hasta ahora tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: en agosto de 2016, en mayo de 2017 y, la última, emitida poco después del motín del 6 de julio pasado que se saldó con 28 muertos y varios heridos.

Las primeras dos recomendaciones de la CNDH se centraban en la construcción de instalaciones apropiadas, alimentación adecuada y eliminación del hacinamiento, que crea a su vez condiciones para el maltrato la tortura, según la óptica del organismo nacional de derechos humanos.

Tras el motín de julio pasado, que constituyó un escándalo internacional para el gobierno de Héctor Astudillo, la CNDH de inmediato emitió una nueva recomendación, la 2/2017, amparada en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), para mejorar urgentemente las condiciones de reclusión de los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco, es decir, los que concentran el mayor caudal de población carcelaria.

Según información reciente, en 2016 había una población carcelaria de poco más de 5 mil reos distribuidos en los 15 penales que hay en el estado de Guerrero.
De ellos, el 46.3 por ciento estaba recluido bajo proceso penal pero sin haber sido sentenciados, lo que se imputa a la lentitud del organismo impartidor de justicia, es decir, los órganos juzgadores adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Desde luego que esa lentitud del Poder Judicial es una violación más de los derechos de los reos.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de los recluidos 2 mil 367 están bajo proceso penal, mientras que 2 mil 740 son reos sentenciados.
De ese total, 2 mil 225 son internos imputados por delitos del fuero común, en tanto 515 purgan prisión por delitos federales... CONSTE.-

ALFREDO PÉREZ ZARATE

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