BAJO FUEGO Pacificación 1




José Antonio Rivera Rosales

En cosa de meses Andrés Manuel López Obrador comenzará a darse cuenta de que no habrá pacificación en México, como lo esperaba. Por lo menos, no en el corto plazo.
La pacificación del país no es un asunto de voluntarismo político: es una cuestión compleja que debe ser tratada como una grave problemática de seguridad nacional, ni siquiera de seguridad pública.
Para comenzar, los foros de pacificación han mostrado que las víctimas, que son decenas de miles de familias, jamás estarán de acuerdo en otorgarle el perdón a sus victimarios. Primero se imponen la verdad, la justicia y garantías de no repetición, antes que perdón u olvido.
¿Y por qué decimos que no habrá pacificación?
Por la sencilla razón de que los criminales jamás abandonarán la ilegalidad, porque en la ilegalidad reside su negocio.
Esa cándida visión propalada por personajes del próximo gobierno -entre ellos Loretta Ortiz, una de las principales asesoras de López Obrador en el tema de la pacificación- de que los grupos criminales acatarán el ofrecimiento de perdón del nuevo gobierno, a cambio de reinsertarse en la vida legal, es francamente una postura que linda con la estupidez.
Para quien no ha entendido lo anterior -tal parece que muchos de los próximos funcionarios no tienen ni idea de lo que significa tal supuesto- habrá que puntualizar que las formaciones criminales aprovechan siempre cualquier nicho de ilegalidad, por más pequeño que sea, por la sencilla razón de que para ellos constituye una veta de ganancias.
Eso fue lo que pasó en los años veinte en los Estados Unidos, cuando el puritanismo norteamericano implantó la prohibición de la producción, importación y consumo de alcohol, lo que de inmediato dio pauta al surgimiento de figuras mafiosas como Alphonse Capone -más conocido como Al Capone- y toda la cauda de gánsteres que regaron con sangre varias ciudades de los Estados Unidos.
Con el paso de los años la sociedad norteamericana se percató de que les resultaba más caro el remedio que la enfermedad, pues la prohibición disparó los niveles de crueldad del crimen organizado que cada vez actuaba con mayor ferocidad para defender sus territorios y cuotas de poder.
Ello se expresó claramente en el sistema penitenciario de EU, que en 1919 albergaba a poco más de 4 mil reclusos pero para 1930 contaba ya con 26 mil 859 internos. Así, el 21 de marzo de 1933 el presidente Roosevelt firmó la Ley Cullen-Harrison que levantaba la ley seca, lo que de hecho legalizó el consumo de cervezas y alcohol en el territorio estadunidense y dio fin a la crisis de violencia.
A estas alturas asumimos que López Obrador ya fue informado de que, por el momento, es materialmente imposible, ni siquiera deseable, retirar a las Fuerzas Armadas de la vía pública. En ese contexto debe entenderse su anuncio del sábado 25 de agosto de que el Ejército seguirá en las calles.
Pero, decíamos, no habrá pacificación en México durante una larga temporada hasta que se cumplan con algunos objetivos que, hasta donde se observa, ni siquiera están contemplados en la agenda gubernativa de López Obrador.
Para combatir a los grupos criminales que mantienen aterrorizada a la población -por lo menos en el caso de Guerrero, uno de los estados más violentos del país-, es necesario instaurar varias medidas que sin duda estremecerán a las almas caritativas.
Podríamos resumir esos pasos de la siguiente manera:
1. Desmantelar, no descabezar, a los grupos criminales. Es decir, actuar contra la estructura organizativa de las formaciones -incluyendo su armamento, recursos, comunicaciones, personal, propiedades, vehículos y cuentas bancarias- para nulificar por completo las capacidades de cada uno de los cárteles. Uno de los grandes errores de los gobiernos anteriores ha sido la captura o eliminación física de los jefes de los cárteles, pero dejando intacta la estructura, lo que ha dado pauta para el surgimiento de nuevos grupos delictivos, tan o más cruel que el que le precedió.
2. Para el efecto es necesario aprovechar la información de inteligencia ya acumulada por los regímenes anteriores con el fin de asestar golpes coordinados y selectos contra los centros neurálgicos del crimen organizado, con apoyo central y perimetral de las Fuerzas Armadas. Se trata, pues, de aprovechar toda la información existente para actuar de una manera contundente.
3. Aplicar una restructuración profunda a las Fuerzas Armadas así como a las corporaciones federales, PGR y Policía Federal incluidas, que permita poner esos instrumentos al servicio del pueblo, no de una clase política y, menos, al servicio de las élites.
4. Aplicar la pena de muerte para los casos de crímenes atroces. Estamos en un momento delicado de la historia, con la sangre derramada de 250 mil mexicanos y mexicanas asesinados, para permitirnos tener la menor consideración con los asesinos que han enlutado a decenas de miles de hogares de connacionales. Si López Obrador quiere pasar a la historia como el presidente que pacificó al país, deberá pagar el costo de las decisiones más dolorosas de la historia. Ya basta de tanta sangre y sufrimiento de inocentes.
5. Castigar con severidad, incluso con la pena de muerte, los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios que han medrado con el erario público o que han negado la justicia a los ciudadanos agraviados por la violencia. En la misma sintonía, castigar los actos de represión contra los sectores populares.
Estos son sólo algunos puntos que debiera tomar en cuenta el nuevo gobierno, si de verdad quiere enderezar el rumbo del país. Todo lo demás en pura demagogia.

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