Pánico ante el relevo genera torpezas en la SHCP

Miguel Ángel Arrieta

Agobiados por una sensación de náufragos, funcionarios de primer nivel de la intimidante Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), se olvidaron que el sexenio peñanietista concluye el primero de diciembre próximo y dispusieron cerrar cuatro meses antes el rubro de adquisiciones en todo el gobierno federal, sin entender que hay renglones como el sector salud que no pueden quedarse en el limbo presupuestal.
De cumplirse al pie de la letra la orden tajante señalada en el oficio 307-A-1892 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, el saldo en la prestación de servicios médicos y hospitalarios del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quedará registrado como uno de los puntos más negativos de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando faltan menos de cuatro meses para concluir el sexenio.
En el documento titulado Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestal 2018, se establece que todas las dependencias tienen como fecha límite el 16 de julio pasado para realizar cualquier contratación de personal, lo que resulta lógico ante un relevo de gobierno, pero también indica que toda oficina, institución u órgano del gobierno federal está impedido de hacer adquisiciones directas a partir del 31 de julio, y aquí es donde los titulares de áreas de abasto del sector salud en los 32 estados y en Ciudad de México encuentran un nudo crítico.
En términos hacendarios, el concepto "adjudicaciones directas" significa la facultad de la que disponen funcionarios de delegaciones del ISSSTE, Secretaría de Salud, IMSS, Marina o la Sedena, para abastecer de materiales básicos las áreas médicas, a través de contrataciones con proveedores particulares.
Al cerrarse esta ventana de compras, las clínicas y hospitales carecerán en octubre próximo de oxígeno, material instrumental quirúrgico, material de curación, material de laboratorio, aparatos de ortopedia, traslado de pacientes, manejo de desechos y solo quedarán a salvo los servicios de diálisis y hemodiálisis, ya que estos son operados directamente desde oficinas centrales.
El alcance de las disposiciones del documento firmado por Issac Gamboa Lozano, implica también dejar sin protección al patrimonio de las instituciones de salud, ya que se suspende el pago de las pólizas para proteger los inmuebles ante caso de siniestros. Y en el caso de Guerrero esto representa un mayor riesgo al localizarse la entidad en una región telúrica y altamente vulnerable en fenómenos climatológicos.
Por lo pronto, funcionarios delegaciones de diversos estados de la República han expuesto este panorama ante directores de la SHCP con objeto de obtener flexibilidad y convencerlos de que la disposición no puede aplicarse en áreas médicas.
Después de todo, está de por medio la vida de miles de pacientes.
El problema es que hasta hoy no ha habido respuesta y en cambio lo que se observa en el primer nivel de mando de la SHCP es que en un afán de prevención administrativa ante las expectativas de que cualquier anomalía que hereden al próximo gobierno, será investigada hasta sus últimas consecuencias por los relevos lopezobradoristas.
En el fondo, la SHCP quedó entrampada en un conflicto que tiende impactar en la prestación de servicios de salud, debido a prácticas insensibles y excesivas en la aplicación de un procedimiento normal de entrega recepción.
De hecho, lo malo de este escenario no es el cumplimiento de normas legales, sino la interpretación ligada al miedo.
Al final de cuentas, se entiende que no es la primera vez que se aplican restricciones en la entrega recepción. Pero lo que ahora contamina esta etapa es obvio: nunca antes el sistema político había tenido un cambio tan radical en la conducción del gobierno.
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