BAJO FUEGO Central de inteligencia

Ago/13/2018.




José Antonio Rivera Rosales

Está visto que el próximo gobierno de López Obrador procederá a desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para crear en su lugar una Agencia Nacional de Inteligencia, según anunció Alfonso Durazo Montaño en julio pasado.
En una entrevista de prensa, quien fungirá como nuevo Secretario de Seguridad Pública del gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre, dejó en claro que el órgano de inteligencia civil será sustituido por una agencia que buscará recolectar “inteligencia con sentido de Estado”.
Hay aspectos positivos y negativos en este anuncio que, aunque nadie lo ha observado, cumplirá una función esencial para el Estado Mexicano -especialmente para el gobierno de López Obrador-, dado que el servicio que ofrece la inteligencia es inherente a la supervivencia de cualquier estado que se precie de serlo.
Claro que a lo que Durazo se refería es que, la mayor parte de las veces, el CISEN como otros organismos de inteligencia desempeñaba operaciones facciosas, al servicio del grupo político en el poder y no para salvaguardar la seguridad nacional, lo cual es muy cierto.
Sin embargo, desmantelar la principal estructura de inteligencia civil del Estado Mexicano parece una desmesura porque su consecuencia primordial será la interrupción abrupta del flujo de información y una diáspora de personal experimentado en la recolección y análisis de la información, tal como aconteció en el año 2000.
¿Qué fue lo que pasó en el 2000?
Bueno, cuando Vicente Fox arribó a la Presidencia de la República decidió desmantelar el servicio de inteligencia, especialmente del CISEN, porque argumentó que, a partir de que la democracia llegó al poder ya no era necesario mantener las operaciones de espionaje. En la pobre lectura de Fox, al parecer confundió la labor de inteligencia con el simple espionaje.
Acto seguido, restringió personal y presupuesto a ese organismo que, de esta manera, vio a decenas de personas talentosas y experimentadas abandonar la institución para siempre con el fin de buscar empleo en el sector privado o, aún más, en el exterior.
Aquel año, en previsión de un escenario como el anteriormente descrito, derivado de la primera alternancia del poder, algunos mandos y jefes de otros organismos de inteligencia decidieron arrojar al fuego expedientes completos de información reservada para evitar que cayeran, como efectivamente sucedió, en manos inexpertas y oportunistas. Muchos fueron los expedientes valiosos que quedaron en cenizas.

La consecuencia fue que se produjo una ruptura histórica en la continuidad de la información en temas que pudieran ser de interés nacional, como la posible evolución del narco en operaciones terroristas, tal como ocurrió en Jalisco a principios mayo de 2015 con el ataque contra un helicóptero Cougar EC-725, derribado con un lanzacohete RPG-7.
Este grave incidente, que marca un antes y un después en la seguridad aérea para aeronaves militares y civiles, confirmó a los órganos de inteligencia que algunos grupos del narcotráfico, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuentan ya con armamento antiaéreo y personal calificado para operarlo, lo que eleva el nivel de riesgo de estas formaciones irregulares para la seguridad nacional.
En la visión del próximo secretario de Seguridad Pública, la nueva Agencia Nacional de Inteligencia -o como quiera que se le vaya a denominar- fusionará los diversos servicios de inteligencia en un solo organismo, muy al estilo de las operaciones de la inteligencia norteamericana, que parece ser el modelo a seguir.
Sí, sólo que en el gobierno estadunidense existe un total de 16 agencias que, con apoyo de un marco legal especializado, se complementan entre sí en el seno de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezadas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), máximo organismo de inteligencia del Estado norteamericano.
Entre los órganos cooperantes del sistema figuran la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), la agencia antidrogas (DEA), Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), Oficina de Inteligencia Naval (ONI), Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia (OICI), Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), entre otras menos conocidas, integrantes todas de la Comunidad de Inteligencia (o IC, por sus siglas en inglés).
Es decir, se trata de organismos cooperantes en un solo consejo, de modo que cada uno actúa según objetivos propios establecidos en la ley y con una absoluta independencia de los demás. Lo que aquí está por ocurrir es la fusión de diferentes instancias en una sola mezcolanza -muy a la mexicana- de chile, de dulce y de manteca.
En todo caso, parece que nadie ha informado al próximo secretario que desde 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) que, apoyado en cinco centros regionales establecidos en diferentes puntos del territorio mexicano, requirió una inversión más de 5 mil 500 millones de pesos.
Estos Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CERFI), uno de los cuales se estableció en Iguala en diciembre de 2015, en teoría integrará a los mandos de diferentes instituciones de seguridad para captar la información que se genere en los estados y los municipios, con el fin de diseñar operaciones selectas que permitan combatir la violencia. No hay, sin embargo, mayor información sobre el tema. Una pregunta al margen: ¿Qué eso no es lo que hace el Grupo de Coordinación Guerrero?
Otro aspecto de la nueva agencia es que, al quedar encuadrada en la nueva Secretaría de Seguridad Pública que encabezará Durazo Montaño, se enfocará más en la seguridad pública que en la seguridad nacional. Es decir, quedará cuasi suprimida la inteligencia para la seguridad nacional en perjuicio del propio gobierno de López Obrador, que a final de cuentas es el que afrontará las consecuencias.
De todos los organismos de inteligencia existentes en las instituciones, sólo la Sección Segunda de la Defensa Nacional (S-2), así como la Inteligencia Naval de la Armada de México tienen muy en claro la diferencia entre los intereses de la seguridad nacional y la protección de la seguridad pública, que redundan ambas en beneficio de la población misma, pero son cosas diferentes.
Veremos qué resulta de este experimento en el gobierno de AMLO.xxx Trasfondo informativo. También en www.facebook.com/trasfondoinformativo y en @trasfondoin