Alcances del proyecto de iniciativa de Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés.


Por: Esteban Valdeolivar S.

Previo a la entrega de la constancia de mayoría al presidente electo, nos hemos enterado de algunas generalidades de proyectos de iniciativas de ley que, a saber, serán sometidas a consideración de la Cámara de Diputados, una vez formalmente instalada el próximo 1 de septiembre.

 Uno de estos proyectos es la iniciativa de Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés; para erradicar la corrupción.

El proyecto establece que todos los funcionarios públicos estarán obligados a realizar declaraciones universales y despojarse de manera irrevocable de aquellos bienes que representen un conflicto de interés.

Además, se les prohibirá que tanto ellos como sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguineidad, realicen negocios privados bajo el amparo de su cargo público.

“La Constitución establece una separación absoluta y categórica entre la función pública y los intereses particulares. Para poder ocupar cualquier cargo público, judicial, de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, las personas interesadas deberán deshacerse de forma legal e irrevocable de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas”, dice el documento.

“Queda estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguineidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados.”, suscriben como modificaciones constitucionales.

Los sindicatos, organizaciones civiles y empresas que recauden o gestionen dinero del gobierno de la República, se convertirán en sujetos obligados a presentar un reporte de sus bienes en el Sistema Universal de Declaración Patrimonial y Declaraciones Juradas.

Para garantizar la verdadera autonomía del Sistema Nacional Anticorrupción, se promoverá la ciudadanización de los órganos dedicados al combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de la justicia.

A reserva de conocer ampliamente los alcances de la iniciativa y normar nuestro criterio,es importante el seguimiento a éste y otros proyectos que seguramente se someterán a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

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