Sin legislar el congreso local sobre aborto por violación




Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., julio 22 del 2018 (IRZA).- Una omisión de la agonizante Legislatura del Congreso local podría desencadenar en una segunda alerta de violencia de género para el gobierno de Guerrero por "agravio comparado".

Esto, porque en un año no reformó el artículo 159 del Código Penal que armonizaría la Norma Oficial Mexicana 046 de prevención y atención a la Violencia Familiar y Sexual contra las mujeres, que evitaría "revictimizar" a mujeres agredidas sexualmente.

La reforma se recomendó en la primera alerta decretada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 2017 para 8 municipios de Guerrero por "violencia feminicida".

Mientras líderes de organizaciones civiles y de derechos humanos promueven la segunda declaratoria, diputados y autoridades estatales "maniobran" para "frenarla" (la reforma) por "dilación" y enviarla a la "congeladora" y que, en todo caso el tema sea abordado por la siguiente Legislatura, la 62.

El aborto sería legal por violación sexual
La Norma Oficial Mexicana 046 fue publicada el 16 de abril del 2009 en el Diario Oficial de la Federación y reformada en 2016 para establecer criterios de prevención y atención a víctimas de violencia familiar y sexual.

Esa reforma garantiza la interrupción legal del embarazo en víctimas de violencia sexual hasta las 12 semanas de gestación, sin la necesidad de una orden judicial. A la mujer agredida le bastaría una declaración "bajo protesta de decir verdad".

Pero en Guerrero sigue vigente el requisito de la autorización de la Agencia del Ministerio Público porque entre los diputados no hay consenso para modificar el Código Penal que pondría fin a la "criminalización" de las mujeres que opten por un aborto.

En consecuencia, la Secretaría de Salud prohíbe la interrupción del embarazo en sus clínicas y hospitales sólo por "testimonio". La víctima debe presentar un dictamen médico que acredite lesiones vaginales.

La omisión es del Congreso: Yuridia Melchor
La diputada Yuridia Melchor Sánchez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, admitió que la segunda declaratoria sería consecuencia de una "omisión" del Congreso al mantener vigente una "legislación que no protege los derechos de las mujeres".

Informó que en la sesión del 21 de julio del 2017 presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia. Exactamente un año después, advirtió, "está en riesgo de ir a la congeladora".

El riesgo de "desacato" es inminente porque a la vigencia de la 61 Legislatura culmina en 40 días. El 1 de septiembre entrará en funciones la nueva Legislatura, pero ninguno de los diputados electos se ha pronunciado al respecto.

En junio de este año, en Ginebra, Suiza, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), aprobó una recomendación a las autoridades de Guerrero para que agilicen la reforma.

A principios de este 2018 la CEDAW emitió una recomendación similar al estado de Veracruz al ignorar la declaratoria del 13 de diciembre del 2017. Pero el 3 de julio el juez Decimoctavo de Distrito, con sede en Xalapa, ordenó al Congreso la aprobación de la "despenalización del aborto" antes de concluir este mes.

Al respecto la diputada Yuridia Melchor, del PRD alertó: "La responsabilidad directa sería contra el Legislativo; lo obligaría a aprobar la reforma. Al Poder Ejecutivo a que realice campañas de prevención a través de la Secretaría de Salud".

En medio de esta situación, integrantes de grupos "Pro-Vida" presionan al Congreso para evitar la reforma, para que no legisle sobre el tema. El 8 de mayo, en reunión con diputados de las comisiones de Salud y Justicia, advirtieron su rechazo a la reforma del Código Penal.

Oliver Larumbe Trujillo, representante del Comité "Pro-Vida Guerrero", pidió que el Código siga intacto y que cualquier víctima cumpla los trámites de denuncia y exámenes médicos para que el Ministerio Público acredite o descarte la agresión sexual.

Una segunda alerta no va en detrimento del gobierno: Semujer
La secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, justificó que una segunda alerta "no viene en detrimento del gobiernos, por el contrario, abre "oportunidades de mejorar" la atención de las mujeres.

Dijo que el tema "está en la agenda de las organizaciones civiles" (feministas), a cuyas dirigentes convocó al diálogo y a la unidad, pues advirtió que la segunda alerta por sí sola no resolverá el problema.

El 19 de julio, a través de un comunicado, Nayelli Ávila Carrera, encargada de la Subsecretaría de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, desglosó las acciones que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha desplegado en apego a la primera declaratoria.

"Sabemos que la ruta es la correcta y que aun cuando los recursos económicos son limitados, el esfuerzo del gobierno continuará vigente hasta consolidar nuevos paradigmas de comportamiento, en respeto y garantía del ejercicio pleno de los hechos humanos de las mujeres y niñas de la entidad", afirmó.

ONG´s exigen agilizar la reforma
El miércoles 18 y jueves 19 de julio representantes de organizaciones civiles se reunieron con autoridades de la Secretaría de la Mujer y con diputados locales a quienes pidieron que se agilice la aprobación de la reforma. Los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo sólo se comprometieron a "canalizar y a revisar" su petición.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, afirmó que Guerrero registra los índices más altos en delito de violación sexual, pero no precisó el número de casos.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres, confirmó que ya tienen listos los "datos estadísticos de violaciones en varias regiones" que sustentan la petición de la segunda declaratoria que presentarán en los próximos días ante la Secretaría de Gobernación.

Pero María de la Luz Estrada, Atziri Avila López, y Ana Yeli Pérez Garrido, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, coincidieron en que no todos los casos de violencia sexual se documentan oficialmente.

Ante el repunte de crímenes contra mujeres registrados en este primer semestre del año y ante las presuntas omisiones del Poder Legislativo, Guerrero estaría a un paso de la segunda Alerta de Violencia de Género en apenas un año de haberse declarado la primera.