lunes, 14 de mayo de 2018

BAJO FUEGO La guerra



José Antonio Rivera Rosales

El ataque mortal contra el alcalde con licencia Abel Montúfar Mendoza y, horas más tarde, contra los militares, constituye por la vía de los hechos una declaración de guerra contra el gobierno mexicano.
Como todos saben, Montúfar Mendoza solicitó licencia a la alcaldía de Coyuca de Catalán para postularse como candidato al distrito local 17 que abarca una región específica de la Tierra Caliente, lo que generó inconformidad en un grupo criminal que le lanzó amenazas de muerte.
El candidato acusó recibo de las amenazas pero no declinó su aspiración que, de ganar la contienda, le garantizaría una curul en el Congreso local, el espacio de discusión de la agenda pública por excelencia, lo que le abriría nuevos horizontes en la vida política de Guerrero.
El atentado contra el aspirante, que se extendió contra los militares que acudieron a investigar el incidente, tocó fibras muy sensibles en el aparato de gobierno por la sencilla razón de que los hermanos Montúfar son priistas de toda la vida y, como tal, amigos entrañables tanto del gobernador Héctor Astudillo Flores como del dirigente del CEN del PRI, el acapulqueño René Juárez Cisneros.
Horas después del atentado, Juárez Cisneros salió a condenar los hechos, especialmente por la forma tan cobarde en que fue ultimado el munícipe con licencia. No era, pues, un candidato cualquiera.
Para los militares, como lo dijo claramente el subsecretario de la Defensa, Arturo Granados Gallardo, el ataque fue “una afrenta contra el Estado Mexicano”.
En la emboscada contra los militares, ocurrida esa misma noche, fallecieron un teniente de infantería, un sargento segundo y un cabo, mientras que dos cabos y un soldado resultaron gravemente heridos. Según versiones, aún hay tres militares desaparecidos.
No es, por desgracia, la primera vez en que ocurre un atentado de estas dimensiones contra personal militar.
En Jalisco, el 6 de mayo de 2015 mercenarios entrenados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron un helicóptero Cougar EC-725 de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajaban tropas especiales del Ejército Mexicano enviadas a esa entidad a combatir precisamente a ese grupo criminal.
El ataque contra esa formidable máquina de guerra que es el helicóptero Cougar, de manufactura francesa, sorprendió a propios y extraños: los tiradores utilizaron un lanzacohete RPG-7, lo que causó el derribo de la aeronave con un total de 9 muertos, 7 de ellos militares de elite.
Desde esa fecha quedó en claro que ya nunca más habría seguridad para las aeronaves militares que surcan los cielos de México.
Sin embargo, el ataque más mortífero de criminales contra militares mexicanos ocurrió en una fecha anterior: la mañana del 20 de diciembre de 2008 en la ciudad capital Chilpancingo amanecieron 13 personas asesinadas, 9 de ellas decapitadas y cuatro arrojadas desde lo alto del puente Quetzalapa del municipio de Iguala.
Entre los decapitados 8 eran militares y uno un exmando de la extinta Policía Judicial del Estado. Los 8 militares asesinados, todos ellos del 41 Batallón de Infantería adscrito a la 35 Zona Militar, habían salido francos la tarde anterior -es decir, estaban desarmados y con ropa de civil-. Todo indica que fueron elegidos al azar conforme salían del cuartel.
De esa manera tan cobarde murieron un capitán, tres sargentos, dos cabos y dos soldados, crimen que se imputó a sicarios del clan de los Belytrán Leyva.
Profundamente agraviados, los militares iniciaron una batida contra la estructura Beltrán Leyva que duró todo el 2009 hasta que, en diciembre de ese año, finalmente fue abatido el jefe de esa organización en la ciudad de Cuernavaca.
En el caso de Abel Montúfar todos los indicios apuntan a un grupo criminal ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación, que de esta manera estaría penetrando a Guerrero a través de los municipios de la Tierra Caliente que limitan con el estado de Michoacán.
El CJNG es hoy por hoy la organización criminal más rica, poderosa y sanguinaria de todo el país, la primera de su tipo que comenzó a utilizar mercenarios con fogueo de combate para mantener a raya los embates del gobierno mexicano.
No faltará quien diga, con razón, que antes el Cartel del Golfo ya había utilizado a los Zetas, desertores del Ejército Mexicano que, efectivamente, potenciaron las capacidades de fuego de esa organización criminal.
Sin embargo, en el caso del CJNG existen versiones preocupantes que apuntan a que esa estructura criminal tiene en su nómina a militares centro y sudamericanos con experiencia de combate, que son los que oponen resistencia a la persecución gubernamental. Si eso es verdad, entonces la violencia que hemos sufrido con los grupos criminales en Guerrero podría quedar reducida a una mera caricatura frente al poder de fuego del CJNG.
Por lo pronto, ya hay nombres que mencionan como responsables de haber ordenado la muerte del político priista y de los militares: Rodolfo Maldonado Bustos, alias José Pineda González, El JP, quien junto con su hermano Francisco Maldonado son los encargados del CJNG en aquella conflictiva región de Tierra Caliente.
Nos referimos a Coyuca de Catalán, Pungarabato, Cutzamala, Tlalchapa y Zirándaro, que colindan con la zona de Huetamo, en el estado de Michoacán, donde al parecer se refugian estos criminales.
A estos individuos, cuyo jefe de sicarios es Luis Navarro Peñaloza, conocido como El Zarco, se les imputa también el homicidio del alcalde Ambrosio Soto Duarte en julio de 2016 y la desaparición del diputado Catalino Duarte Ortuño en marzo de 2017.
De acuerdo con información oficial, en las últimas horas un dispositivo integrado por 500 hombres, entre tropas del Ejército, Infantería de Marina, policías estatales y ministeriales, ya se encuentran en movimiento para cercar al grupo criminal y llevarlo ante la justicia.
Pero, dada la capacidad económica y armamentística de esa formación delincuencial -si es que de verdad están ligados al CJNG- esa área geográfica podría convertirse en zona de guerra, en momentos previos al proceso comicial del día 1 de julio.
Con todo, el Estado Mexicano está obligado a dar una respuesta contundente ante el desafío criminal, cuyo antecedente más cercano fue la masacre contra seis policías del estado en la parte alta del municipio de Zihuatanejo, en fecha reciente.

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