- Son de Chilapa y Zitlala…
Chilpancingo, Gro., mayo 08 del 2018 (IRZA).- Más de 30 familias que han sufrido la violencia criminal en los municipios de Chilapa y Zitlala acudieron a la Secretaría de Salud para exigir que cumpla con la entrega de medicamentos y consultas para niños y adultos que están enfermos y con los que se comprometieron a atenderlos desde hace dos meses, lo cual no se ha cumplido.
Miembros de esas familias sufren de problemas postraumáticos, pues algunos de sus miembros han sido asesinados o heridos por criminales y requieren de apoyo psicológico y medicamentos para controlar el estrés, dijeron.
Este martes, esas personas acudieron a las oficinas de Salud para una entrevista con el secretario Carlos de la Peña Pintos, pero los atendió en su lugar un subsecretario a quien le exigieron el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado.
El 7 de marzo los colectivos sostuvieron una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, de donde salieron acuerdos de atención en materia de Salud, Educación y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que continúe las investigaciones sobre los crímenes de los que han sido víctimas.
Entre esos compromisos surgió que Salud realizaría unas caravanas médicas para atender a niños y adultos que han sido víctimas de la violencia y que requieren atención médica.
El 14 y 15 de marzo, personal de Salud fue a Zitlala y Chilapa, donde atendieron a más de 30 familias a las que les dieron consulta médica, pero no medicamento.
"Posteriormente se comprometieron a que el medicamento se les proporcionaría de manera directa en el domicilio de las personas, pero luego de dos meses ese compromiso no se ha cumplido", dijo el director del Centro Regional de Derechos Humanos de Chilapa, Manuel Olivares.
Señaló que entre las enfermedades que padecen personas de esa zona está la diabetes y estrés postraumático a raíz de hechos de violencia. "Hay mucho problema psicológico, los medicamentos para atenderlos son muy caros, son medicamentos controlados, costosos, y no se venden si no hay receta médica".
Añadió que las autoridades deben de atender los protocolos que existen para atender a esas víctimas de la violencia, como deudos de personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. "Hay una violación a la Ley General de Víctimas".
Manuel Olivares lamentó que en la reunión con Astudillo Flores del pasado 7 de marzo, los funcionarios estatales se hayan comprometido a atenderles, "pero no han cumplido con la instrucción directa del gobernador, el problema es que no le hacen caso" en la Secretaría de Salud.
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