Pactar con el narco

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

La actuación del obispo Salvador Rangel Mendoza podrá ser controversial e incómoda para muchos en el poder público, pero nadie podrá negar que se trata de una actitud comprometida y valiente.
Y es que el prelado ha denunciado, fuerte y claro, la simbiosis entre políticos y bandas del crimen organizado, lo que ha terminado por molestar a funcionarios públicos, dirigentes de partidos políticos y legisladores del Congreso local. En particular ha acusado que algunos alcaldes y diputados arribaron al poder apadrinados por bandas delincuenciales, lo que es una verdad escandalosa que nadie quiere escuchar.
Para que no quepa duda de la veracidad de sus palabras, sólo habría que recordar algunos casos emblemáticos:
-José Luis Abarca, responsable de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, instalado en la alcaldía de Iguala por la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD), decisión en la que tomó parte inclusive el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano.
- Lázaro Mazón Alonso, actual candidato a diputado por el PRD, quien apadrinó a José Luis Abarca para la alcaldía de Iguala e inclusive lo relacionó con Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que era lavador de dinero del cártel Beltrán Leyva.
- Saúl Beltrán Orozco, relacionado con diferentes crímenes y acusado de ser el verdadero jefe de la banda criminal Los Tequileros, quien arribó al Congreso local apadrinado por quien entonces era el dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado.
- Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca Catalán, relacionado desde siempre con grupos criminales que finalmente terminaron por asesinarlo.
- Eleuterio Aranda Salgado, cantautor de narcocorridos, quien se convirtió en alcalde de Acapetlahuaya sin siquiera ocultar su relación con las bandas criminales de la región. Fue detenido por agentes de la Policía Federal en 2016.
- David Jiménez Rumbo, exdiputado federal perredista ahora asociado con la dirigencia priista, de quien circulan profusamente rumores sobre su relación con narcos michoacanos.
- Ricardo Taja Ramírez, actual candidato priista a la alcaldía de Acapulco, quien ha sido visto en ágapes con mandos criminales en la zona suburbana del puerto.
En resumen, casi todos los partidos tienen de una u otra manera candidatos vinculados o abiertamente financiados por el narco, lo que es una verdadera tragedia tanto para la democracia como para la ciudadanía que en cada temporada electoral renueva su esperanza en los candidatos a puestos de elección popular.
Claro que la lista es mucho más larga pero basta este botón de muestra, lo que le da la razón enteramente al obispo Rangel.
Proveniente de la Orden de Frailes Menores, en junio de 2015 este franciscano fue designado por Roma como obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, jurisdicción integrada por nueve decanatos que incluyen a Teloloapan, Iguala, Taxco y Huitzuco, además de las ciudades donde tiene su asiento el obispado.
El caso es que el franciscano ha protagonizado un papel que le corresponde de cabo a rabo al estado mexicano.
Es la ausencia del estado lo que, a final de cuentas, ha propiciado la conducta extrema del obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, porque -aunque lo nieguen- muchas autoridades federales y algunas estatales están coludidas con las bandas del crimen organizado, en particular las que se dedican al narcotráfico (debemos recordar que hay 22 tipologías delictivas).
El caso es que el gobierno mexicano ha mantenido este modelo persecutorio que, al mismo tiempo que le ha generado ganancias, también le ha ayudado a sostener un control efectivo de la población, a la que mantiene arrinconada mientras las instancias ligadas con las élites económicas avanzan en un proceso depredador del territorio nacional.
Así pues, a estas cúpulas de poder de ninguna manera conviene terminar con las mafias que se han enseñoreado en la mayor parte del territorio del país, y señaladamente de Guerrero.
Para ello el gobierno ha debido compartir el poder con estos poderes fácticos que, a su vez, codician la posibilidad de convertirse en el poder que aparentemente los persigue, lo que están comenzando a conseguir por la vía de los cargos de elección popular.
Por eso es que la labor de denuncia y el protagonismo del obispo Rangel ha causado tanta incomodidad y molestia en diferentes instancias del poder público, que comenzó a mostrar el puño usando la ley como argumento imbatible.
Y es que, según lo anunciado recién por un colegio de abogados -cuyo dirigente es un personaje abyecto que vende su alma por unas monedas-, el obispo se haría acreedor a sanciones penales por entrevistarse con capos del crimen.
Pero más allá de estas consideraciones y amenazas contra el jerarca religioso, lo que verdaderamente resulta de interés ciudadano es la viabilidad de un acuerdo, solicitud o pacto entre un representante de la Iglesia Católica, por más autoridad moral que tenga, con un sanguinario jefe del crimen organizado.
Para que pudiera existir alguna posibilidad de éxito, le jerarquía eclesiástica tendría que pactar con las 18 bandas criminales que operan en Guerrero. De lo contrario, cualquier esfuerzo local y aislado se irá al cesto de la basura, con el consecuente peligro para la vida del propio obispo Rangel Mendoza.
Cualquier esfuerzo de pactar una tregua con el narco es simplemente una pérdida de tiempo, porque de ninguna manera habría un acuerdo duradero con los jefes de la irracionalidad, la muerte y la ilegalidad, que es el negocio de los barones de la droga.
Así, pactar con el narco viene siendo lo mismo que pactar con el diablo: nadie jamás podría ganarle una apuesta al maligno.
En ese sentido, lo que hace el jerarca es valiente, pero intrascendente, a menos que participe el cuerpo todo de la Iglesia Católica. Y dudo que eso suceda.

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