lunes, 27 de noviembre de 2017

Organizaciones no gubernamentales visitaron a Arturo Campos preso político

Baldemar  Gómez  Roque

 
Ayutla de los Libres, Gro., 27 de Noviembre.- Comisiones de los derechos humanos del estado de  Guerrero,  visitaron en la cárcel a  Arturo Campos Herrerera, promotor de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con sede en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, el cual se encuentra detenido  en el cereso de esta ciudad.


Ayer los integrantes de organizaciones sociales y no gubernamentales de los derechos humanos visitaron a Arturo Campos Herrerera, promotor de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con sede en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, preso en el cereso de esta ciudad,  mismo que  el próximo 1 de diciembre cumplirá cuatro años preso, de manera injusta.

 

Los que acudieron son Abel Barrera Hernández, director del Cenrro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los demás representantes de las ONGs  quienes ingresaron al cereso para  reunirse con el comunitario, Arturo Campos Herrera, detenido por el gobierno del estado.


El dirigente comunitario que se encuentra detenido, se le permitió dialogar con los representantes de las ONGs y de las organizaciones sociales, expresó "no tengo porqué estar encerrado, lo mismo que Gonzálo Molina, y Samuel Ramírez. Y tampoco deben  estar detenidos los de Tlapa,  seis compañeros excarcelados".

 

Adelantó que cuando salga de la cárcel se sumará nuevamente al movimiento social, y finalmente reconoció que en el caso del cereso de Ayutla, no existe autogobierno de la delincuencia" a diferencia de otros ceresos de Guerrero y del país". Ya al momento se salir del penal Abel Barrera, coordinador de Tlachinollan, denunció que "continúan 9 policías comunitarios en proceso; pero en total hay alrededor de 60 órdenes de aprehensión".

 

Al ser Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, expresó que a "Arturo Campos se le ha transgredido y utilizado para criminalizar a los indígenas dentro de un supuesto de justicia penal".


Manifestó que de las 43 personas que presuntamente lo acusaron de secuestro "ninguna ratificó su denuncia "al contrario me dijeron que firmarían cualquier documento para lograr mi libertad". Dijo que saliendo de la cárcel se sumará nuevamente al movimiento social, y finalmente reconoció que en el caso del cereso de Ayutla, no hay autogobierno de la delincuencia" a diferencia de otros ceresos de Guerrero y del país".

 

En tanto, al salir del penal Abel Barrera, coordinador de Tlachinollan, denunció que "continúan 9 policías comunitarios en proceso; pero en total hay alrededor de 60 órdenes de aprehensión".



Por su parte Fernando Rios, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, expresó que a "Arturo Campos se le ha transgredido y utilizado para criminalizar a los indígenas dentro de un supuesto de justicia penal".



Cabe mencionar que Arturo Campos fue detenido en Chilpancingo, el 1 de diciembre de 2013, acusado por los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro. En tres de las cuatro, obtuvo dos amparos que le otorgaron  entre los  tribunales federales, que solo está pendiente, el proceso por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, con los que se ha careado, y ninguno sostuvo su dicho.

 

La organización de Tlachinollan, anunció que lanzarán una  campaña nacional e internacional para exigir la libertad del defensor na savi (mixteco), mismo que participaron la  Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Movimiento Popular Guerrerense, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón" y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros, concluyó.