El presidente del Comité Ejecutivo Estatal
de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, condenó a las
autoridades priístas, estatal y municipal, quienes decidieron rentar un predio
de la familia del gobernador para habilitarlo como tiradero de basura sin
cumplir con normas de protección ambiental.
Tras la contingencia sanitaria provocada
por la falta del servicio de recolección de basura, Sandoval Ballesteros alertó
que la ambición e irresponsabilidad del gobierno de Astudillo al habilitar un
terreno no apto para vertedero de basura, dará lugar a la contaminación del
suelo, de los cuerpos de agua y graves afectaciones al ecosistema provocando su
deterioro lo que representará muy pronto
un riesgo a la salud humana.
En este sentido, el dirigente morenista
cuestionó "Cuánto se le está pagando al hermano del gobernador, por cuánto
tiempo, y dónde está el dictamen que acredita que el terreno sí cumple con la
normatividad ambiental correspondiente."
Agregó que a la clase política que hoy
gobierna en Guerrero antepone el interés monetario y sus negocios particulares
por encima del bienestar social.
Por ello Sandoval Ballesteros consideró una
cínica burla que la autoridad municipal haya admitido que a la empresa Lixo, se
le otorgó un contrato por 12 millones de pesos sin ser licitada para operar el
relleno sanitario del Platanal, en el municipio de Zumpango, argumentando que
tiene experiencia suficiente y porque el problema de la basura se consideró
como “un estado de emergencia", cuando ha sido el propio alcalde quien lo
ha provocado.
"A todas luces la corrupción de los
priísta brota como los gusanos en la basura", fustigó.
Agregó que el problema se ha agravado por
la inoperancia del presidente municipal, que es del mismo partido que el
gobernador, quien no ha demostrado ser malo si no pésimo alcalde.
Pablo Sandoval dijo que existen
especificaciones de protección ambiental para la selección, construcción,
operación y monitoreo de un sitio de disposición final de residuos sólidos, por
ello Morena exige que se haga público el contrato con el monto del pago y el
dictamen que acrediten que el terreno, propiedad de la familia del gobernador,
cumple con las normas ambientales y en todo caso se finquen responsabilidades
por el incumplimiento de la ley ambiental, por las irregularidades en la
contratación y el nepotismo. Asimismo exigió al Cabildo que no se otorguen
concesiones o contratos por periodos que van más allá de su administración,
"que los servicios públicos no se privaticen, sino que se generen programas
de limpia, reciclaje y disposición ecológica de desechos y que se generen
empleos dignos, con prestaciones y derechos, dentro de la plantilla
municipal".
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