TRASFONDO
Julio Zenón Flores Salgado
Tras cuatro meses del brutal asesinato de seis personas en
Iguala, la noche del 26 de septiembre del año pasado, así como la desaparición
de 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, no ha habido justicia. Todo está pendiente y ante la lucha por que
aparezcan vivos esos jóvenes, el gobierno prepara ya la represión y, en el
mejor de los casos, la cooptación de líderes y dispersión de las fuerzas que
ahora convergen en esa demanda, temerosos de los daños profundos de largo
plazo, que creen puede sufrir el sistema por esa tragedia.
La “justicia” ha sido parcial, al parecer sólo con el
objetivo de mediatizar la lucha. Han encarcelado a decenas de modestos
policías, que sólo cumplían órdenes y por los cuales ya sus familiares se han
organizado para pedir su libertad, así como a algunos integrantes y líderes del
cartel Guerreros Unidos, que como se sabe no actuaba sólo ni actuó en ese caso
por iniciativa propia, al desaparecer a los estudiantes y atacar a balazos esa
noche.
Los más arriba que ha llegado esa “justicia” es al
presidente municipal y su consorte, pero ni siquiera sabiendo que los
ayuntamientos se eligen en planillas, que los puestos se acuerdan por fuerzas
políticas por cuotas, es decir, que el señor alcalde José Luis Abarca no pudo
haber llegado ni solo ni por sí solo, y aun a sabiendas de que desde ahí se
trabajaba para el cartel ahora defenestrado, se ha llegado a declarar
desaparecido el ayuntamiento. Orondamente el Estado optó por sólo cambiar al
alcalde y su señora, con otros cambios menores, dejando intacta la estructura
montada en el municipio, cuando lo mínimo que procedía en ese caso era la
intervención completa de la comuna y el nombramiento de un consejo municipal.
Pero el gobierno se niega a ir al fondo.
Y sí, efectivamente, el alcalde Iguala no pudo llegar solo
ni por sí solo. Ese es el meollo del asunto. Nada se ha dicho de aquellos
personajes que lo ayudaron a llegar, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, acusado de recibir dos millones de pesos por otorgar esa candidatura
y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, responsable político de la
entidad y sin el cual nada podía hacerse en el estado, al menos que fuera omiso
y no controlara lo que ocurría en su zona de mando. Ahí están dos grandes
pendientes. Falta la investigación respectiva y la toma de medidas cautelares,
pues ambos siguen operando con toda libertad, poniendo y quitando candidatos,
porque su poder está intacto.
En tanto, con todo respeto, el político de Morena que lo
recomendó, que ha aceptado que la mamá del ex alcalde le había ayudado a pagar
su carrera de médico, se pasea por el estado como si nada, a la espera aún, de
que alguien lo haga candidato a cualquier cosa que le permita obtener fuero.
El otro pendiente es el del Ejército. Está claro que los
soldados salieron del cuartel, lo han dicho los sobrevivientes en sus
declaraciones. Salieron y no sólo no ayudaron a evitar la tragedia, sino que
sacaron a los heridos y escondidos de hospitales donde se protegían. Por
supuesto que ahí hay responsabilidad y hasta ahora no se ha sabido de ninguna
investigación al respecto, siguen impunes, por el contrario al entonces jefe de
zona lo ascendieron a jefe de región.
Y con todo eso, el gobierno azuza a los medios contra los
que luchan por la justicia y les dice revoltosos a los que salen a las calles.
Parece que optará por castigar a las víctimas irredentas y no a los de arriba
que tuvieron algún tipo de culpa. Por eso no se quejen si el pueblo se cansa y
pasa a otras medidas.
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